To:
UN ESTADO QUE NO LEGISLA SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
CONDENA A LAS MUJERES A LA CLANDESTINIDAD, LA CRIMINALIZACIÓN Y
LOS ABORTOS INSEGUROS
CONVOCATORIA FRENTE AL JUZGADO DE GARANTÍAS DE SAN MARTÍN
VIERNES 12 DE DICIEMBRE A LAS 10 HS EN PUEYRREDÓN 3510, SAN MARTÍN,
BUENOS AIRES
Ante el carácter público que
tomaron en el mediodía de ayer los allanamientos realizados a la clínica
clandestina donde presuntamente se realizaban interrupciones quirúrgicas de
embarazos en la ciudad bonaerense de Ciudadela y que terminaron con la detención
de entre tres y doce personas, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito exige la inmediata
liberación y el sobreseimiento de las mujeres que se habrían –o iban- a
someterse a la intervención, a la vez que expresa preocupación por su estado de
salud integral.
Durante los allanamientos, que
fueron ordenados por el Juez de Garantías N°3 de San Martín, Mariano Oporto y
realizado por la
Policía Federal Argentina -en el Día Internacional de los Derechos
Humanos y a solo un día de la reparación simbólica que el Estado argentino y la
provincia de Buenos Aires deben realizar a una joven discapacitada y violada a
quien se le negó el acceso al aborto no punible en 2006-, tres mujeres fueron detenidas y estarían imputadas bajo los cargos de
asociación ilícita, delito que implica penas de entre cinco y veinte años de
prisión.
Ante esto, exigimos la inmediata liberación y sobreseimiento de estas mujeres ya
que, ni formarían parte del negocio clandestino que lucra con el aborto ilegal,
ni revisten calidad de “jefas u organizadoras”, ni representan un peligro de
fuga o entorpecimiento para la causa judicial por su delicado estado de salud.
A la vez, exhortamos a la Dirección del Hospital
Municipal Ramón Carrillo, dependencia sanitaria donde fueron trasladadas, a
monitorear las prácticas de sus integrantes con el objetivo de que no incurran
en prácticas que las revictimicen o violenten en alguna forma.
La Campaña señala al Estado argentino como
responsable, especialmente al poder legislativo en su inacción en legislar
sobre la despenalización y legalización del aborto; al poder judicial en la
utilización del derecho penal en la criminalización de las mujeres; y el
incumplimiento y la falta de generación de políticas de salud pública del
gobierno de la provincia de Buenos Aires, todas omisiones institucionales
que condenan a las mujeres a interrumpir sus embarazos de forma clandestina e insegura,
poniendo en riesgo su salud o su vida.
También advertimos sobre el tratamiento mediático y el carácter innecesario de
exposición pública de las mujeres durante los allanamientos. La autonomía,
libertad de decisión y salud de las mujeres dentro de la problemática política
y social de la penalización del aborto -derecho aun no reconocido por el Estado
argentino-, no son temas que puedan ser abordados pintoresquista o banalmente y
mucho menos sometidos a la moral de quienes ejercen un relato periodístico.
ABORTO LEGAL, UNA DEUDA DE LA DEMOCRACIA
EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR
ANTINCONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR
ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO
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