<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/banner.jpg>
Tortura: informe de AI sobre impunidad
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#tortura>
Amnistía Internacional subraya periódicamente la persistencia de la
tortura en el Estado español. En su informe anual referente al año 2006
hace especial referencia a los cinco días de incomunicación,
prorrogables hasta los trece, que contempla la legalidad española para
los detenidos.
Gorka Lupiañez torturado
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#gorka>
El joven de Durango Gorka Lupiañez fue detenido por la Guardia Civil el
seis de enero en un control de la Guardia Civil en Berriz, cuando se
desplazaba a pie. Tras ser conducido al cuartel de La Salve bajo régimen
de incomunicación. Lupiañez se encontraba en libertad provisional y
estaba previsto que fuera juzgado en enero bajo la acusación de
participar en varios actos de sabotaje, motivo por el que había sido
detenido ya en dos ocasiones. En ambos casos denunció haber padecido
torturas.
Presos enfermos
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#presosenfermos>
Gotzone López de Luzuriaga
Son nueve los presos vascos que padecen enfermedades graves e incurables
y que se encuentran objetivamente en disposición de ser excarcelados al
cumplir las condiciones impuestas para ello en el artículo 92 del Código
Penal.
ANÁLISIS:
Seis meses tras el fracaso del proceso de negociación
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#analisis>.
Julen Arzuaga, Coordinador de Behatokia
Sumario 18/98:
Cientos de años por actividades mercantiles, sociales, políticas,
culturales
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#sumario1898>
La Audiencia Nacional hizo pública, por fin y tras la filtración en
prensa de gran parte de su contenido, la sentencia en el Sumario 18/98,
comunicada el 19 de diciembre del 2007.
Encarcelamiento de la mesa nacional de Batasuna: ¿derechos políticos?
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#encarcelamiento>
Con la detención de Juan Mari Olano tras una manifestación brutalmente
atacada por la brigada móvil de la Policía Autonómica Vasca el 9 de
septiembre y que causó docenas de heridos en una jornada festiva se dio
el pistoletazo de salida definitivo a esta nueva dinámica.
Garzón envía a prisión a Marije Fullaondo
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#garzon>
Precisamente una de las recurrentes por la ilegalización de Herritarren
Zerrenda ante el Tribunal de Estrasburgo, Marije Fullaondo, fue detenida
el 18 de diciembre en una operación llevada a cabo por el magistrado de
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Estrasburgo admite a trámite el recurso de Batasuna por su ilegalización
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#estrasburgo>
A principios de Diciembre se confirmó que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos analizará los recursos de Herri Batasuna y Batasuna,
así como por Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), las plataformas
locales y Herritarren Zerrenda (HZ), contra su ilegalización en
aplicación de la Ley de Partidos Políticos.
:: Tortura: informe de AI sobre impunidad
Amnistía Internacional subraya periódicamente la persistencia de la
tortura en el Estado español. En su informe anual referente al año 2006
hace especial referencia a los cinco días de incomunicación,
prorrogables hasta los trece, que contempla la legalidad española para
los detenidos. El organismo internacional destaca que durante el citado
período de incomunicación, "personas detenidas acusados de presunta
relación con ETA, denunciaron haber sufrido torturas". Al hilo de ello,
destacaron que pese a que Estado español ha ratificado el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura, «mantuvo practicas
condenadas por el relator especial de Naciones Unidas por considerar que
aumentaban el riesgo de tortura y maltrato».
AI subraya que «en muchos casos» de tortura y malos tratos «quedan
impunes y no son motivo de investigaciones sistemáticas e
independientes». Precisamente, la impunidad aparecerá especialmente
recalcada en el informe hecho público en noviembre de este año, "Sal en
la Herida", y que, refiriéndose exclusivamente al estado español recoge
casos en que es paradigmática la deficiente investigación judicial, la
falta de adopción de medidas disciplinarias o se han emitido indultos
gubernamentales a los torturadores.
En concreto, recoge dos casos en los que Behatokia ha sido especialmente
activo: en el de Joxe Arregi, muerto bajo tortura el 13 de febrero de
1981, fueron 73 los policías implicados, de los cuales cinco fueron
inicialmente detenidos, pero debido a la fuerte presión que ejercieron
sus superiores, realizando para ello un plante, tan sólo dos fueron
juzgados y al final condenados. Amnistía Internacional menciona los
ascensos en el cargo de uno de ellos, Gil Rubiales, pero no es sólo él
sino los cinco quienes han ocupado u ocupan altos cargos. Por ejemplo,
el otro condenado, Julián Marín, es también comisario principal y está
destinado como Agregado de Interior en la embajada de Quito, en Ecuador.
Los otros tres policías inicialmente encausados fueron también
rápidamente promocionados.
En cuanto al segundo caso mencionado en el informe de AI, el de Kepa
Urra, dos de los condenados, que fueron indultados en 1999 después de
ser recibidos por Aznar en la Moncloa, ocupaban ya entonces puestos de
importancia estratégica: Manuel Sánchez Corbí, que ascendió a capitán en
pleno curso del proceso por torturas, y una vez indultado fue nombrado
de inmediato comandante, era el responsable de la coordinación con
Francia en la lucha antiterrorista, y José María de las Cuevas Carretero
estaba destinado en la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia
Civil. Carretero recibió como representante de la Policía Judicial a los
miembros del CPT del Consejo de Europa que realizaron una visita a
España en 2001. Las autoridades eligieron precisamente a un torturador
condenado e indultado para recibir a un prestigioso organismo para la
prevención de la tortura. Ese absoluto desprecio lo han vuelto a
demostrar al incumplir de modo flagrante la resolución del Comité contra
la Tortura de la ONU en referencia a Kepa Urra, que instó al Estado
español a «velar por que en la práctica se impongan penas adecuadas a
los autores de actos de tortura, y asegurar al autor una reparación
completa». Ninguna acción exigida por el Comité para que se repare a la
víctima de la tortura ha sido puesta en marcha por parte del Estado español.
* volver al sumario*
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>
:: Gorka Lupiañez torturado
El joven de Durango Gorka Lupiañez fue detenido por la Guardia Civil el
seis de enero en un control de la Guardia Civil en Berriz, cuando se
desplazaba a pie. Tras ser conducido al cuartel de La Salve bajo régimen
de incomunicación. Lupiañez se encontraba en libertad provisional y
estaba previsto que fuera juzgado en enero bajo la acusación de
participar en varios actos de sabotaje, motivo por el que había sido
detenido ya en dos ocasiones. En ambos casos denunció haber padecido
torturas.
La incomunicación se mantuvo por un período de cinco días bajo custodia
del instituto armado y siete días más después de ser ingresado en
prisión, en aplicación de la reforma de 2003 por la que -en contra de
las recomendaciones internacionales- se amplia la extensión del periodo
de incomunicación. El joven hizo un relato escalofriante del trato
recibido, especificando que comenzaron los golpes nada más ser detenido
"sobre todo en los testículos", y que una vez fue trasladado a Madrid le
fue aplicada me aplicaron la "bolsa" durante más de 50 veces al día.
También relató que fue obligado a hacer "miles de flexiones", en dos
ocasiones le hicieron "la bañera" y que fue violado en una ocasión con
un palo. Relató que un Guardia Civil "me ató los testículos y el pene
con una cuerda, y se puso a estirar. También me estiraba con la mano. En
un momento empecé a sangrar del pene". El testimonio integro se puede
encontrar en
www.behatokia.info
Las presuntas medidas de prevención que en otros casos han podido tener
cierta capacidad disuasoria han mostrado su ineficacia absoluta,
precisamente porque su petición es voluntaria, aleatoria y anecdótica.
El régimen de incomunicación recientemente reformado para ser más
extenso, y con ello más efectivo, muestra todas sus virtualidades.
Tampoco ha sido eficaz la denuncia pública por el silencio de los
partidos políticos, los creadores de opinión o los grandes media. La
tortura se mantiene sistemática y sus testimonios, ocultos por el
silencio cómplice.
*volver al sumario
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*
:: Presos enfermos: Gotzone López de Luzuriaga
Son nueve los presos vascos que padecen enfermedades graves e incurables
y que se encuentran objetivamente en disposición de ser excarcelados al
cumplir las condiciones impuestas para ello en el artículo 92 del Código
Penal.
López de Luzuriaga que ha cumplido ya 18 años fue diagnosticada de
Carcinoma Ductal Infiltrante de Mama -cáncer de mama- a principios de
este año. El 21 de junio de 2007 fue intervenida quirúrgicamente tras lo
que el servicio de oncología del Hospital de Jaen que la trata
prescribió tratamiento de Radioterapia locorregional. Desde el comienzo,
las dificultadas para llevar a cabo este tratamiento están siendo una
constante: condiciones inhumanas de traslado, retrasos e inasistencias a
las sesiones programadas...
A esta situación habría que añadir que López de Luzuriaga se encuentra
en prisión a 700 kilómetros de su lugar de origen, lo cual dificulta la
asistencia por médicos de su confianza. La propia dirección de la
prisión de Jaén abrió un expediente con la confirmación del diagnóstico
de cáncer de mama y planteó su excarcelación por motivos de salud.
Sin embargo, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la
Audiencia Nacional, encargado de conocer del estado de la presa vasca y
de su posible excarcelación hizo público un auto el pasado día 16 de
Noviembre. Su titular, el juez José Luis Castro, admitió la gravedad de
la enfermedad pero denegó su puesta en libertad por considerar que la
prisión no le perjudica, en contra el criterio de los médicos. En
efecto, los dos diagnósticos médicos en manos del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria -uno aportado por la doctora de confianza de la presa Dra.
Mati Iturralde y otro por el subdirector médico de la cárcel de Jaén-
establecen que Gotzone López de Luzuriaga debe ser excarcelada para
poder recibir un tratamiento adecuado al cáncer de mama que se le
diagnosticó en junio.
El Juzgado se justifica para ello en la "imposibilidad de garantizar
mínimamente un pronóstico siquiera dudoso sobre `su dificultad para
delinquir y escasa peligrosidad del sujeto'». Además de estas razones de
reincidencia, improbable en el estado en que se encuentra López de
Luzuriaga, el juez considera que "no ha demostrado arrepentimiento ni
voluntad de pedir perdón a las víctimas". Estos dos argumentos son
absolutamente ajenos al procedimiento instituido por el artículo 92,
referido exclusivamente a cuestiones médicas. El último argumento que
utilizó el juez, este sí, haciendo referencia a su estado clínico, el
magistrado se refería a que "no consta que la estancia en la cárcel
incida negativamente en su evolución".
*volver al sumario
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*
:: Sumario 18/98: Cientos de años por actividades mercantiles, sociales,
políticas, culturales
La Audiencia Nacional hizo pública, por fin y tras la filtración en
prensa de gran parte de su contenido, la sentencia en el Sumario 18/98,
comunicada el 19 de diciembre del 2007. En virtud de ella han sido
declaradas ilegales y disueltas varias empresas mercantiles, los medios
de comunicación Egin y Egin Irratia, y la organización política Ekin, la
asociación Europea Xaki para la solidaridad internacional y la Fundación
de fomento del movimiento asociativo vasco Joxemi Zumalabe. Además, se
condena a 47 personas, por su condición de miembros de las mencionadas
empresas o asociaciones, a penas que suman en total 525 años de prisión,
como integrantes, dirigentes o colaboradores de la banda terrorista ETA.
La sentencia, además de presentar párrafos enteros de informes
policiales, está plagada de apriorismos, prejuicios, de interpretaciones
retorcidas e interesadas para justificar la conclusión de que, como
Garzón afirmó en la instrucción, "todo es ETA": «ni KAS, ni Ekin, ni
Xaki, constituyen una organización armada; éstas carecen de armas, pues
su utilización no constituía su cometido, sino el del brazo armado de
ETA, pero dichas estructuras participan de lleno en la unidad
organizativa y estructural de la organización terrorista ETA». Asímismo,
sobre los procesados en relación a las empresas del grupo Orain,
editoras de Egin y Egin Irratia han caído las penas más altas, el
tribunal intenta justificar su decisión ligando las actividades
dirigidas a editar un periódico, y las destinadas a eludir la asfixia
económica a la que estaba siendo sometido, con una supuesta dependencia
de ETA. Y la ponente de la sentencia, Ángela Murillo afirma para ello
que ni siquiera le hacían falta pruebas para sustentar esa acusación:
"basta con saber leer".
Como observadores internacionales ya han hecho público, esta sentencia
"significa la normalización de una cultura jurídica de emergencia o
excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales
difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema
democrático". Así, para ellos la sentencia "se enmarca en una
estrategia, más global y de larga duración, de criminalización del
ejercicio del derecho de opinión, reunión, manifestación, entre de
otras, de un sector importante de la sociedad vasca".
*volver al sumario
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*
:: Encarcelamiento de la mesa nacional de Batasuna: ¿derechos políticos?
Con la detención de Juan Mari Olano tras una manifestación brutalmente
atacada por la brigada móvil de la Policía Autonómica Vasca el 9 de
septiembre y que causó docenas de heridos en una jornada festiva se dio
el pistoletazo de salida definitivo a esta nueva dinámica. La acusación
no se basaba en los incidentes, ni en la supuesta ilegalidad de la
manifestación: el delito señalado por el juez Baltasar Garzón consiste
en "reiteración delictiva" por la continuación de sus actividades como
portavoz del organismo pro Amnistía Askatasuna. Olano estuvo junto con
otros 13 miembros de esta asociación en prisión preventiva durante
cuatro años sin que, a día de hoy, se haya celebrado juicio por su
actividad política, sin duda molesta para el estado, pero que se reduce
a la denuncia de la represión y de la impunidad. El juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón, ocupado de la investigación de estos casos
olvidó prolongar la suspensión de actividades de este organismo desde
febrero de 2007, por lo que hoy en día se puede considerar que esa
prohibición está levantada por la propia negligencia del juez.
Unas semanas después se detuvo a Ohiana Agirre de la misma organización
antirrepresiva Askatasuna y a Joseba Alvarez, responsable de
internacionales de Batasuna.
Periódicos próximos al gobierno habían anunciado esta nueva estrategia.
El 9 de septiembre el diario "El País", señalaba que «El Gobierno está
respondiendo al reto etarra de modo `implacable', en expresión del
presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esa decisión se traduce en que
no sólo va a atacar al aparato militar de ETA, sino también a la cúpula
política, que participó en el proceso de diálogo, y a sus organizaciones
afines, aseguran fuente gubernamentales». El 30 del mismo mes, el
periódico "Público", se refería a esta dinámica represiva contra
organismos independencias subrayando que «el Gobierno espera que antes
de las elecciones gran parte de sus líderes estén en prisión».
Con el ambiente caldeado y respondiendo sin empaques esa voluntad del
ejecutivo, una veintena de dirigentes de la izquierda abertzale fueron
detenidos el 4 de octubre por la Policía española, que desplegó un gran
operativo policial y tomó por completo Segura, pequeño localidad de
Gipuzkoa donde se disponían a celebrar una reunión. Otras dos personas
serían detenidas con posterioridad, todas ellas en régimen de
incomunicación, si bien el trato que recibieron fue correcto.
La cobertura jurídica nuevamente fue a cargo del juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón. Según su justificación, por auto del 7 de
octubre, "el entramado terrorista liderado por ETA actúa con vocación
fagocitadora y depredadora de todo el espectro conocido como izquierda
abertzale", espacio que Batasuna "sin lugar a dudas ha procurado y
procura instrumentalizar y aprovechar para instalarse en él". La
conclusión del argumento es - siguiendo la cita literal - "esta
tendencia expansiva de Batasuna bajo los auspicios de ETA es evidente y
puede producir efectos en otras organizaciones a las que eventualmente
puede colonizar y respecto de las cuales podrá actuarse, en su caso, en
el momento en que haya indicios bastantes para ello, pero no antes". En
conclusión, toda la izquierda abertzale es potencialmente ETA y contra
ella se actuará en el futuro.
En colusión con Garzón, el Ministro de Interior, Sr. Rubalcaba declaró
que «Batasuna está reorganizándose para apoyar a ETA, pura y
simplemente». «Y eso es lo que el Estado no va a consentir», sentenció.
Esta operación, basada única y exclusivamente en la actividad política
de los miembros de Batasuna recibió en medios de comunicación
internacional el apelativo de "operación de venganza". Con independencia
de los principios procesales que se transgredan, de la legalidad o
ilegalidad con que se ejecutan estas operaciones policiales, fueraparte
de los presuntos "fundamentos de derecho" empleados, lo que queda es una
política de persecución y de acoso a las ideas. Y aunque se sigue
utilizando la policía y el sistema judicial como válvula de escape ante
coyunturas políticas, esta actuación represiva no queda al margen de los
ojos de observadores internacionales y de mecanismos e instrumentos de
derechos humanos.
*volver al sumario
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*
:: Garzón envía a prisión a Marije Fullaondo
Precisamente una de las recurrentes por la ilegalización de Herritarren
Zerrenda ante el Tribunal de Estrasburgo, Marije Fullaondo, fue detenida
el 18 de diciembre en una operación llevada a cabo por el magistrado de
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Cuando su abogada se puso en
comunicación con la Audiencia Nacional se le negó cualquier tipo de
información, alegando que las diligencias se encontraban bajo secreto.
Tras tres días de detención incomunicada fue enviada a prisión bajo la
acusación de "integración en organización terrorista y de reiteración
delictiva". En su auto, el juez enlaza a Fullaondo con los partidos
políticos EAE-ANV y EHAK, hoy legales y con representatividad en
municipios vascos el primero de ellos y en el Parlamento autonómico
vasco el segundo. El Magistrado afirma que "abrirá un análisis más
profundo" sobre estas organizaciones. Fullaondo había participado horas
antes en una entrevista en la que afirmaba que "la foto de estos últimos
días nos enseña un recrudecimiento enorme del conflicto entre Euskal
Herria y el Estado español y en ese contexto político se explican las
acciones represivas del Estado y las de ETA". La razón del arresto,
según la orden judicial, se enmarcaría dentro de la operación iniciada
por la Policía española el pasado 4 de octubre en Segura en la que se
detuvo a buena parte de la dirección de Batasuna.
*volver al sumario
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*
:: Estrasburgo admite a trámite el recurso de Batasuna por su ilegalización
A principios de Diciembre se confirmó que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos analizará los recursos de Herri Batasuna y Batasuna,
así como por Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), las plataformas
locales y Herritarren Zerrenda (HZ), contra su ilegalización en
aplicación de la Ley de Partidos Políticos. Estos recursos fueron
planteados por la defensa de los partidos independentistas ante el
Tribunal de Estrasburgo, una vez agotada la vía judicial del sistema
judicial español, por considerar que se habían vulnerado los artículos
10, relativo al derecho a la libertad de expresión y 11, referente a la
libertad de reunión y de asociación, de la Convención de Roma.
La defensa del Estado español habría justificado la ilegalización
alegando que los demandantes «constituían una amenaza para los derechos
del hombre, la democracia y el pluralismo». Se apoyó para ello en la
tesis promovida por el juez Baltasar Garzón de que «todo es ETA»
interpretando que «la creación de Batasuna y de Herri Batasuna responde
a la estrategia de ETA de desdoblar sus ejes de actividad».
Ante estas posiciones enfrentadas el máximo Tribunal para la salvaguarda
de los Derechos Humanos resuelve que «a la luz del conjunto de los
argumentos de las partes, que estas quejas plantean cuestiones serias de
hecho y de Derecho que no pueden resolverse en este estadio pero que
necesitan un examen a fondo».
En cuanto a la valoración de esta primera resolución, mientras las
defensas muestran una "prudente satisfacción" el estado considera que no
hay problema por estar «cargado de razones». En cualquier caso, viendo
las estadísticas, el Tribunal de Estrasburgo sólo acepta a trámite el
1,5% de los recursos, aprobando finalmente el 80% de ellos.
Ahora se abre una nueva fase en la causa, en la que, en primer lugar,
ambas partes podrán presentar, si así lo consideran pertinente, nuevas
alegaciones. Proceso que resultará asimismo extenso, pero que tiene la
virtualidad de restablecer los derechos políticos más básicos en Euskal
Herria.
*volver al sumario
<
http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*
:: ANALISIS:
Seis meses tras el fracaso del proceso de negociación.
Julen Arzuaga, Coordinador de Behatokia
Antes del verano se dio definitivamente por terminado el proceso de
negociación sobre el futuro del conflicto vasco. La metodología de
debate político presentaba un diseño de dos mesas, la primera entre la
organización ETA y el Gobierno español en la que se enfrentaría
cuestiones relativas a cuestión armada y la otra mesa, entre los
partidos Batasuna, PNV y PSE para desbloquear la parte política del
conflicto vasco, cuyos nudos gordianos son el reconocimiento del
territorio vasco al sur de los Pirineos y su derecho a decidir su futuro
con igualdad para todos los proyectos políticos.
Así, si bien parece evidente que el motivo del desacuerdo y ruptura de
las negociaciones son cuestiones de orden política, discrepancia en los
contenidos, las formas han tenido una gran importancia. Mientras el
Estado hizo público el resultado positivo de un proceso de verificación
por el cual ETA había desactivado sus expresiones de violencia, el
Estado no ha desactivado ni por un minuto su accionar represivo durante
las conversaciones políticas, accionar que se encuentra además en
oposición a estándares básicos de derechos humanos y de libertades
fundamentales a las que el estado se ha comprometido voluntariamente en
un sinfín de tratados y convenios internacionales. Se ha mantenido la
ilegalización de partidos políticos; se ha imposibilitando que un gran
vector social pueda presentarse en las elecciones o pueda ejercer el
derecho de voto; se ha sometido a suspensión de actividades a los
movimientos políticos y sociales vascos y mantenido los juicios contra
sus activistas públicos; la presencia de efectivos militares -ejercito y
Guardia Civil- en las calles y carreteras vascas ha sido constante, en
lo que constituye hoy el territorio más militarizado de Europa
occidental; se ha ejercido una creciente presión contra el colectivo de
presos políticos con antiguas medidas -dispersión en las cárceles de
todo el territorio del estado español y francés, cumplimiento integro de
las penas hasta los 40 años, imposibilidad de excarcelación para presos
enfermos... - y con el diseño de otras nuevas -la conocida como doctrina
Parot que niega el ejercicio del derecho a la libertad tras haber
cumplido la condena o la fabricación de nuevas acusaciones como en el
caso Iñaki de Juana...-; no se ha variado ni un ápice la estructura
antiterrorista apuntalada por el PP con el régimen de detención
incomunicada y con las competencias de la Audiencia Nacional como punta
de lanza... En definitiva, y tal y como reconocía el propio PSOE, el
estado nunca estuvo en tregua y tal y como denunciaron organismos
vascos, hoy en el ojo del huracán, secundados por instituciones y
observadores internacionales, el Estado español no quiso asumir las
condiciones mínimas, unos mínimos democráticos básicos, para enfrentar
un proceso de superación de todas las violencias y de resolución
política del conflicto vasco.
Así, tras el verano se ha multiplicado una dinámica que ya se preveía,
se ha desbocado una brutal actividad represiva, que reproducimos en este
boletín. "El Estado está preparado para este combate" dice el Guerrero,
antes Zapatero, y vuelve a sus antiguos castillos, para exhibir sus
obsoletas armas: las políticas -la Constitución española, camisa de
fuerza de la legalidad española- y las represivas -Garzón desde la
Audiencia Nacional, el régimen de incomunicación, el sistema
penitenciario...-. Sacando músculo.
No parecen buenos momentos para los movimientos críticos, disidentes, de
oposición ante un sistema encastillado y que se maneja mejor que con
argumentos verbales con los que le proporciona toda la batería de
medidas represivas -ordinarias o excepcionales- de la que se ha ido
dotando los últimos años. Ciertamente, dibujar una estrategia de
respuesta ante la represión es una de las necesidades imperiosas de los
movimientos sociales, en Euskal Herria, en el Estado español y en casi
toda Europa.
*volver al sumario
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http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*
:: ISLADA ::
Tortura:
informe de AI sobre impunidad
Amnistía Internacional
subraya periódicamente la persistencia de la tortura
en el Estado español. En su informe anual referente
al año 2006 hace especial referencia a los cinco
días de incomunicación, prorrogables hasta
los trece, que contempla la legalidad española para
los detenidos.
Gorka Lupiañez torturado
El joven de Durango Gorka
Lupiañez fue detenido por la Guardia Civil el seis
de enero en un control de la Guardia Civil en Berriz, cuando
se desplazaba a pie. Tras ser conducido al cuartel de La
Salve bajo régimen de incomunicación. Lupiañez
se encontraba en libertad provisional y estaba previsto
que fuera juzgado en enero bajo la acusación de participar
en varios actos de sabotaje, motivo por el que había
sido detenido ya en dos ocasiones. En ambos casos denunció
haber padecido torturas.
Presos enfermos
Gotzone López de Luzuriaga
Son nueve los presos vascos que padecen enfermedades graves
e incurables y que se encuentran objetivamente en disposición
de ser excarcelados al cumplir las condiciones impuestas
para ello en el artículo 92 del Código Penal.
ANÁLISIS:
Seis meses tras el fracaso del proceso
de negociación.
Julen Arzuaga, Coordinador
de Behatokia
Sumario
18/98:
Cientos de años por actividades
mercantiles, sociales, políticas, culturales
La Audiencia Nacional hizo
pública, por fin y tras la filtración en prensa
de gran parte de su contenido, la sentencia en el Sumario
18/98, comunicada el 19 de diciembre del 2007.
Encarcelamiento de la mesa nacional
de Batasuna: ¿derechos políticos?
Con la detención de
Juan Mari Olano tras una manifestación brutalmente
atacada por la brigada móvil de la Policía
Autonómica Vasca el 9 de septiembre y que causó
docenas de heridos en una jornada festiva se dio el pistoletazo
de salida definitivo a esta nueva dinámica.
Garzón envía a prisión
a Marije Fullaondo
Precisamente una de las recurrentes
por la ilegalización de Herritarren Zerrenda ante
el Tribunal de Estrasburgo, Marije Fullaondo, fue detenida
el 18 de diciembre en una operación llevada a cabo
por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Estrasburgo admite a trámite
el recurso de Batasuna por su ilegalización
A principios de Diciembre
se confirmó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
analizará los recursos de Herri Batasuna y Batasuna,
así como por Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB),
las plataformas locales y Herritarren Zerrenda (HZ), contra
su ilegalización en aplicación de la Ley de
Partidos Políticos.
:: Tortura: informe de
AI sobre impunidad
Amnistía Internacional subraya periódicamente
la persistencia de la tortura en el Estado español. En su
informe anual referente al año 2006 hace especial referencia
a los cinco días de incomunicación, prorrogables hasta
los trece, que contempla la legalidad española para los detenidos.
El organismo internacional destaca que durante el citado período
de incomunicación, “personas detenidas acusados de
presunta relación con ETA, denunciaron haber sufrido torturas”.
Al hilo de ello, destacaron que pese a que Estado español
ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura, «mantuvo practicas condenadas por el relator especial
de Naciones Unidas por considerar que aumentaban el riesgo de tortura
y maltrato».
AI subraya que «en muchos
casos» de tortura y malos tratos «quedan impunes y no
son motivo de investigaciones sistemáticas e independientes».
Precisamente, la impunidad aparecerá especialmente recalcada
en el informe hecho público en noviembre de este año,
“Sal en la Herida”, y que, refiriéndose exclusivamente
al estado español recoge casos en que es paradigmática
la deficiente investigación judicial, la falta de adopción
de medidas disciplinarias o se han emitido indultos gubernamentales
a los torturadores.
En concreto, recoge dos casos
en los que Behatokia ha sido especialmente activo: en el de Joxe
Arregi, muerto bajo tortura el 13 de febrero de 1981, fueron 73
los policías implicados, de los cuales cinco fueron inicialmente
detenidos, pero debido a la fuerte presión que ejercieron
sus superiores, realizando para ello un plante, tan sólo
dos fueron juzgados y al final condenados. Amnistía Internacional
menciona los ascensos en el cargo de uno de ellos, Gil Rubiales,
pero no es sólo él sino los cinco quienes han ocupado
u ocupan altos cargos. Por ejemplo, el otro condenado, Julián
Marín, es también comisario principal y está
destinado como Agregado de Interior en la embajada de Quito, en
Ecuador. Los otros tres policías inicialmente encausados
fueron también rápidamente promocionados.
En cuanto al segundo caso
mencionado en el informe de AI, el de Kepa Urra, dos de los condenados,
que fueron indultados en 1999 después de ser recibidos por
Aznar en la Moncloa, ocupaban ya entonces puestos de importancia
estratégica: Manuel Sánchez Corbí, que ascendió
a capitán en pleno curso del proceso por torturas, y una
vez indultado fue nombrado de inmediato comandante, era el responsable
de la coordinación con Francia en la lucha antiterrorista,
y José María de las Cuevas Carretero estaba destinado
en la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia Civil. Carretero
recibió como representante de la Policía Judicial
a los miembros del CPT del Consejo de Europa que realizaron una
visita a España en 2001. Las autoridades eligieron precisamente
a un torturador condenado e indultado para recibir a un prestigioso
organismo para la prevención de la tortura. Ese absoluto
desprecio lo han vuelto a demostrar al incumplir de modo flagrante
la resolución del Comité contra la Tortura de la ONU
en referencia a Kepa Urra, que instó al Estado español
a «velar por que en la práctica se impongan penas adecuadas
a los autores de actos de tortura, y asegurar al autor una reparación
completa». Ninguna acción exigida por el Comité
para que se repare a la víctima de la tortura ha sido puesta
en marcha por parte del Estado español.
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:: Gorka Lupiañez torturado
El joven de Durango Gorka Lupiañez
fue detenido por la Guardia Civil el seis de enero en un control
de la Guardia Civil en Berriz, cuando se desplazaba a pie. Tras
ser conducido al cuartel de La Salve bajo régimen de incomunicación.
Lupiañez se encontraba en libertad provisional y estaba previsto
que fuera juzgado en enero bajo la acusación de participar
en varios actos de sabotaje, motivo por el que había sido
detenido ya en dos ocasiones. En ambos casos denunció haber
padecido torturas.
La incomunicación
se mantuvo por un período de cinco días bajo custodia
del instituto armado y siete días más después
de ser ingresado en prisión, en aplicación de la reforma
de 2003 por la que –en contra de las recomendaciones internacionales-
se amplia la extensión del periodo de incomunicación.
El joven hizo un relato escalofriante del trato recibido, especificando
que comenzaron los golpes nada más ser detenido “sobre
todo en los testículos”, y que una vez fue trasladado
a Madrid le fue aplicada me aplicaron la "bolsa" durante
más de 50 veces al día. También relató
que fue obligado a hacer "miles de flexiones", en dos
ocasiones le hicieron "la bañera" y que fue violado
en una ocasión con un palo. Relató que un Guardia
Civil “me ató los testículos y el pene con una
cuerda, y se puso a estirar. También me estiraba con la mano.
En un momento empecé a sangrar del pene”. El
testimonio integro se puede encontrar en www.behatokia.info
Las presuntas medidas de
prevención que en otros casos han podido tener cierta capacidad
disuasoria han mostrado su ineficacia absoluta, precisamente porque
su petición es voluntaria, aleatoria y anecdótica.
El régimen de incomunicación recientemente reformado
para ser más extenso, y con ello más efectivo, muestra
todas sus virtualidades. Tampoco ha sido eficaz la denuncia pública
por el silencio de los partidos políticos, los creadores
de opinión o los grandes media. La tortura se mantiene sistemática
y sus testimonios, ocultos por el silencio cómplice.
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:: Presos enfermos: Gotzone López de
Luzuriaga
Son nueve los presos vascos que padecen
enfermedades graves e incurables y que se encuentran objetivamente
en disposición de ser excarcelados al cumplir las condiciones
impuestas para ello en el artículo 92 del Código Penal.
López de Luzuriaga que
ha cumplido ya 18 años fue diagnosticada de Carcinoma Ductal
Infiltrante de Mama -cáncer de mama- a principios de este
año. El 21 de junio de 2007 fue intervenida quirúrgicamente
tras lo que el servicio de oncología del Hospital de Jaen
que la trata prescribió tratamiento de Radioterapia locorregional.
Desde el comienzo, las dificultadas para llevar a cabo este tratamiento
están siendo una constante: condiciones inhumanas de traslado,
retrasos e inasistencias a las sesiones programadas…
A esta situación habría
que añadir que López de Luzuriaga se encuentra en
prisión a 700 kilómetros de su lugar de origen, lo
cual dificulta la asistencia por médicos de su confianza.
La propia dirección de la prisión de Jaén abrió
un expediente con la confirmación del diagnóstico
de cáncer de mama y planteó su excarcelación
por motivos de salud.
Sin embargo, el Juzgado Central
de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, encargado
de conocer del estado de la presa vasca y de su posible excarcelación
hizo público un auto el pasado día 16 de Noviembre.
Su titular, el juez José Luis Castro, admitió la gravedad
de la enfermedad pero denegó su puesta en libertad por considerar
que la prisión no le perjudica, en contra el criterio de
los médicos. En efecto, los dos diagnósticos médicos
en manos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria -uno aportado por
la doctora de confianza de la presa Dra. Mati Iturralde y otro por
el subdirector médico de la cárcel de Jaén-
establecen que Gotzone López de Luzuriaga debe ser excarcelada
para poder recibir un tratamiento adecuado al cáncer de mama
que se le diagnosticó en junio.
El Juzgado se justifica
para ello en la “imposibilidad de garantizar mínimamente
un pronóstico siquiera dudoso sobre `su dificultad para delinquir
y escasa peligrosidad del sujeto'». Además de estas
razones de reincidencia, improbable en el estado en que se encuentra
López de Luzuriaga, el juez considera que “no ha demostrado
arrepentimiento ni voluntad de pedir perdón a las víctimas”.
Estos dos argumentos son absolutamente ajenos al procedimiento instituido
por el artículo 92, referido exclusivamente a cuestiones
médicas. El último argumento que utilizó el
juez, este sí, haciendo referencia a su estado clínico,
el magistrado se refería a que “no consta que la estancia
en la cárcel incida negativamente en su evolución”.
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:: Sumario 18/98: Cientos de años por
actividades mercantiles, sociales, políticas, culturales
La Audiencia Nacional hizo pública,
por fin y tras la filtración en prensa de gran parte de su
contenido, la sentencia en el Sumario 18/98, comunicada el 19 de
diciembre del 2007. En virtud de ella han sido declaradas ilegales
y disueltas varias empresas mercantiles, los medios de comunicación
Egin y Egin Irratia, y la organización política Ekin,
la asociación Europea Xaki para la solidaridad internacional
y la Fundación de fomento del movimiento asociativo vasco
Joxemi Zumalabe. Además, se condena a 47 personas, por su
condición de miembros de las mencionadas empresas o asociaciones,
a penas que suman en total 525 años de prisión, como
integrantes, dirigentes o colaboradores de la banda terrorista ETA.
La sentencia, además de
presentar párrafos enteros de informes policiales, está
plagada de apriorismos, prejuicios, de interpretaciones retorcidas
e interesadas para justificar la conclusión de que, como
Garzón afirmó en la instrucción, “todo
es ETA”: «ni KAS, ni Ekin, ni Xaki, constituyen una
organización armada; éstas carecen de armas, pues
su utilización no constituía su cometido, sino el
del brazo armado de ETA, pero dichas estructuras participan de lleno
en la unidad organizativa y estructural de la organización
terrorista ETA». Asímismo, sobre los procesados en
relación a las empresas del grupo Orain, editoras de Egin
y Egin Irratia han caído las penas más altas, el tribunal
intenta justificar su decisión ligando las actividades dirigidas
a editar un periódico, y las destinadas a eludir la asfixia
económica a la que estaba siendo sometido, con una supuesta
dependencia de ETA. Y la ponente de la sentencia, Ángela
Murillo afirma para ello que ni siquiera le hacían falta
pruebas para sustentar esa acusación: “basta con saber
leer”.
Como observadores internacionales
ya han hecho público, esta sentencia “significa la
normalización de una cultura jurídica de emergencia
o excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales
difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema
democrático”. Así, para ellos la sentencia “se
enmarca en una estrategia, más global y de larga duración,
de criminalización del ejercicio del derecho de opinión,
reunión, manifestación, entre de otras, de un sector
importante de la sociedad vasca”.
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:: Encarcelamiento de la mesa nacional de Batasuna:
¿derechos políticos?
Con la detención de Juan Mari
Olano tras una manifestación brutalmente atacada por la brigada
móvil de la Policía Autonómica Vasca el 9 de
septiembre y que causó docenas de heridos en una jornada
festiva se dio el pistoletazo de salida definitivo a esta nueva
dinámica. La acusación no se basaba en los incidentes,
ni en la supuesta ilegalidad de la manifestación: el delito
señalado por el juez Baltasar Garzón consiste en “reiteración
delictiva” por la continuación de sus actividades como
portavoz del organismo pro Amnistía Askatasuna. Olano estuvo
junto con otros 13 miembros de esta asociación en prisión
preventiva durante cuatro años sin que, a día de hoy,
se haya celebrado juicio por su actividad política, sin duda
molesta para el estado, pero que se reduce a la denuncia de la represión
y de la impunidad. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón,
ocupado de la investigación de estos casos olvidó
prolongar la suspensión de actividades de este organismo
desde febrero de 2007, por lo que hoy en día se puede considerar
que esa prohibición está levantada por la propia negligencia
del juez.
Unas semanas después se
detuvo a Ohiana Agirre de la misma organización antirrepresiva
Askatasuna y a Joseba Alvarez, responsable de internacionales de
Batasuna.
Periódicos próximos
al gobierno habían anunciado esta nueva estrategia. El 9
de septiembre el diario "El País", señalaba
que «El Gobierno está respondiendo al reto etarra de
modo `implacable', en expresión del presidente José
Luis Rodríguez Zapatero. Esa decisión se traduce en
que no sólo va a atacar al aparato militar de ETA, sino también
a la cúpula política, que participó en el proceso
de diálogo, y a sus organizaciones afines, aseguran fuente
gubernamentales». El 30 del mismo mes, el periódico
"Público", se refería a esta dinámica
represiva contra organismos independencias subrayando que «el
Gobierno espera que antes de las elecciones gran parte de sus líderes
estén en prisión».
Con el ambiente caldeado y respondiendo sin empaques esa voluntad
del ejecutivo, una veintena de dirigentes de la izquierda abertzale
fueron detenidos el 4 de octubre por la Policía española,
que desplegó un gran operativo policial y tomó por
completo Segura, pequeño localidad de Gipuzkoa donde se disponían
a celebrar una reunión. Otras dos personas serían
detenidas con posterioridad, todas ellas en régimen de incomunicación,
si bien el trato que recibieron fue correcto.
La cobertura jurídica nuevamente fue a cargo del juez de
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Según su justificación,
por auto del 7 de octubre, “el entramado terrorista liderado
por ETA actúa con vocación fagocitadora y depredadora
de todo el espectro conocido como izquierda abertzale”, espacio
que Batasuna “sin lugar a dudas ha procurado y procura instrumentalizar
y aprovechar para instalarse en él“. La conclusión
del argumento es – siguiendo la cita literal – “esta
tendencia expansiva de Batasuna bajo los auspicios de ETA es evidente
y puede producir efectos en otras organizaciones a las que eventualmente
puede colonizar y respecto de las cuales podrá actuarse,
en su caso, en el momento en que haya indicios bastantes para ello,
pero no antes”. En conclusión, toda la izquierda abertzale
es potencialmente ETA y contra ella se actuará en el futuro.
En colusión con Garzón, el Ministro de Interior, Sr.
Rubalcaba declaró que «Batasuna está reorganizándose
para apoyar a ETA, pura y simplemente». «Y eso es lo
que el Estado no va a consentir», sentenció.
Esta operación, basada única y exclusivamente en la
actividad política de los miembros de Batasuna recibió
en medios de comunicación internacional el apelativo de “operación
de venganza”. Con independencia de los principios procesales
que se transgredan, de la legalidad o ilegalidad con que se ejecutan
estas operaciones policiales, fueraparte de los presuntos “fundamentos
de derecho” empleados, lo que queda es una política
de persecución y de acoso a las ideas. Y aunque se sigue
utilizando la policía y el sistema judicial como válvula
de escape ante coyunturas políticas, esta actuación
represiva no queda al margen de los ojos de observadores internacionales
y de mecanismos e instrumentos de derechos humanos.
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:: Garzón envía a prisión a Marije Fullaondo
Precisamente una de las recurrentes
por la ilegalización de Herritarren Zerrenda ante el Tribunal
de Estrasburgo, Marije Fullaondo, fue detenida el 18 de diciembre
en una operación llevada a cabo por el magistrado de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón. Cuando su abogada se puso en comunicación
con la Audiencia Nacional se le negó cualquier tipo de información,
alegando que las diligencias se encontraban bajo secreto. Tras tres
días de detención incomunicada fue enviada a prisión
bajo la acusación de "integración en organización
terrorista y de reiteración delictiva". En su auto,
el juez enlaza a Fullaondo con los partidos políticos EAE-ANV
y EHAK, hoy legales y con representatividad en municipios vascos
el primero de ellos y en el Parlamento autonómico vasco el
segundo. El Magistrado afirma que "abrirá un análisis
más profundo" sobre estas organizaciones. Fullaondo
había participado horas antes en una entrevista en la que
afirmaba que "la foto de estos últimos días nos
enseña un recrudecimiento enorme del conflicto entre Euskal
Herria y el Estado español y en ese contexto político
se explican las acciones represivas del Estado y las de ETA".
La razón del arresto, según la orden judicial, se
enmarcaría dentro de la operación iniciada por la
Policía española el pasado 4 de octubre en Segura
en la que se detuvo a buena parte de la dirección de Batasuna.
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:: Estrasburgo admite a trámite el recurso
de Batasuna por su ilegalización
A principios de Diciembre se confirmó
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizará los
recursos de Herri Batasuna y Batasuna, así como por Autodeterminaziorako
Bilgunea (AuB), las plataformas locales y Herritarren Zerrenda (HZ),
contra su ilegalización en aplicación de la Ley de
Partidos Políticos. Estos recursos fueron planteados por
la defensa de los partidos independentistas ante el Tribunal de
Estrasburgo, una vez agotada la vía judicial del sistema
judicial español, por considerar que se habían vulnerado
los artículos 10, relativo al derecho a la libertad de expresión
y 11, referente a la libertad de reunión y de asociación,
de la Convención de Roma.
La defensa del Estado español habría justificado la
ilegalización alegando que los demandantes «constituían
una amenaza para los derechos del hombre, la democracia y el pluralismo».
Se apoyó para ello en la tesis promovida por el juez Baltasar
Garzón de que «todo es ETA» interpretando que
«la creación de Batasuna y de Herri Batasuna responde
a la estrategia de ETA de desdoblar sus ejes de actividad».
Ante estas posiciones enfrentadas el máximo Tribunal para
la salvaguarda de los Derechos Humanos resuelve que «a la
luz del conjunto de los argumentos de las partes, que estas quejas
plantean cuestiones serias de hecho y de Derecho que no pueden resolverse
en este estadio pero que necesitan un examen a fondo».
En cuanto a la valoración de esta primera resolución,
mientras las defensas muestran una “prudente satisfacción”
el estado considera que no hay problema por estar «cargado
de razones». En cualquier caso, viendo las estadísticas,
el Tribunal de Estrasburgo sólo acepta a trámite el
1,5% de los recursos, aprobando finalmente el 80% de ellos.
Ahora se abre una nueva fase en la causa, en la que, en primer lugar,
ambas partes podrán presentar, si así lo consideran
pertinente, nuevas alegaciones. Proceso que resultará asimismo
extenso, pero que tiene la virtualidad de restablecer los derechos
políticos más básicos en Euskal Herria.
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:: ANALISIS:
Seis meses tras el fracaso del proceso de negociación.
Julen Arzuaga, Coordinador de Behatokia
Antes del verano se dio definitivamente
por terminado el proceso de negociación sobre el futuro del
conflicto vasco. La metodología de debate político
presentaba un diseño de dos mesas, la primera entre la organización
ETA y el Gobierno español en la que se enfrentaría
cuestiones relativas a cuestión armada y la otra mesa, entre
los partidos Batasuna, PNV y PSE para desbloquear la parte política
del conflicto vasco, cuyos nudos gordianos son el reconocimiento
del territorio vasco al sur de los Pirineos y su derecho a decidir
su futuro con igualdad para todos los proyectos políticos.
Así, si bien parece evidente
que el motivo del desacuerdo y ruptura de las negociaciones son
cuestiones de orden política, discrepancia en los contenidos,
las formas han tenido una gran importancia. Mientras el Estado hizo
público el resultado positivo de un proceso de verificación
por el cual ETA había desactivado sus expresiones de violencia,
el Estado no ha desactivado ni por un minuto su accionar represivo
durante las conversaciones políticas, accionar que se encuentra
además en oposición a estándares básicos
de derechos humanos y de libertades fundamentales a las que el estado
se ha comprometido voluntariamente en un sinfín de tratados
y convenios internacionales. Se ha mantenido la ilegalización
de partidos políticos; se ha imposibilitando que un gran
vector social pueda presentarse en las elecciones o pueda ejercer
el derecho de voto; se ha sometido a suspensión de actividades
a los movimientos políticos y sociales vascos y mantenido
los juicios contra sus activistas públicos; la presencia
de efectivos militares –ejercito y Guardia Civil- en las calles
y carreteras vascas ha sido constante, en lo que constituye hoy
el territorio más militarizado de Europa occidental; se ha
ejercido una creciente presión contra el colectivo de presos
políticos con antiguas medidas –dispersión en
las cárceles de todo el territorio del estado español
y francés, cumplimiento integro de las penas hasta los 40
años, imposibilidad de excarcelación para presos enfermos…
- y con el diseño de otras nuevas –la conocida como
doctrina Parot que niega el ejercicio del derecho a la libertad
tras haber cumplido la condena o la fabricación de nuevas
acusaciones como en el caso Iñaki de Juana...-; no se ha
variado ni un ápice la estructura antiterrorista apuntalada
por el PP con el régimen de detención incomunicada
y con las competencias de la Audiencia Nacional como punta de lanza…
En definitiva, y tal y como reconocía el propio PSOE, el
estado nunca estuvo en tregua y tal y como denunciaron organismos
vascos, hoy en el ojo del huracán, secundados por instituciones
y observadores internacionales, el Estado español no quiso
asumir las condiciones mínimas, unos mínimos democráticos
básicos, para enfrentar un proceso de superación de
todas las violencias y de resolución política del
conflicto vasco.
Así, tras el verano se
ha multiplicado una dinámica que ya se preveía, se
ha desbocado una brutal actividad represiva, que reproducimos en
este boletín. “El Estado está preparado para
este combate” dice el Guerrero, antes Zapatero, y vuelve a
sus antiguos castillos, para exhibir sus obsoletas armas: las políticas
–la Constitución española, camisa de fuerza
de la legalidad española- y las represivas –Garzón
desde la Audiencia Nacional, el régimen de incomunicación,
el sistema penitenciario…-. Sacando músculo.
No parecen buenos momentos
para los movimientos críticos, disidentes, de oposición
ante un sistema encastillado y que se maneja mejor que con argumentos
verbales con los que le proporciona toda la batería de medidas
represivas –ordinarias o excepcionales- de la que se ha ido
dotando los últimos años. Ciertamente, dibujar una
estrategia de respuesta ante la represión es una de las necesidades
imperiosas de los movimientos sociales, en Euskal Herria, en el
Estado español y en casi toda Europa.
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