Obispos, dejen de hablar en mi nombre
La semana pasada
Horacio Verbitsky[1] informó en Página 12
el lanzamiento de “un agresivo documento” por parte de la Iglesia Católica que
denuncia presiones contra la libre expresión y la participación de todos en la vida
cívica, que aviva el deseo del pueblo de ser nación y de una democracia que no
debería construirse agudizando los conflictos sino concretando los ideales de
una verdadera amistad social. Que apela a una noción de derechos humanos
directamente ligada a la dignidad de la vida desde la concepción hasta su
término natural, a la familia fundada sobre el matrimonio entre varón y mujer,
que es la base de toda sociedad.
Y todo afirmando su
preocupación por una corriente cultural e iniciativas legislativas que dañarían
una sociedad así, por ellos, concebida. Al mismo tiempo que afirman que “la
educación y el trabajo siguen siendo los instrumentos que les permiten a las
personas y a las comunidades ser artífices de su propio destino”.
En estas Reflexiones de los obispos al acercarnos a la Navidad[2] se sostiene
que “todos los habitantes de nuestra patria necesitan sentirse respaldados por
una dirigencia que no piense sólo en sus intereses, sino que se preocupe
prioritariamente por el bien común”. Piden por “la dignidad de nuestros
hermanos más pobres en su vida familiar, para que sean protagonistas de su
propio desarrollo integral”. Y hablan de “hipoteca social” para definir una enorme cantidad de jóvenes que no
estudian ni trabajan, idea que junto con el aumento de la droga aparecería
asociada a la proliferación del delito y
de la consiguiente inseguridad.
La riqueza infernal
de elementos que ofrece el texto no solo permitiría hacer distintos análisis
del discurso sino que podría entenderse, explicarse, discutirse desde las más
variadas ópticas. Pero considerando el contexto histórico que vivimos de
ampliación de derechos, de expansión de voces y luchas de diversos movimientos
sociales, que abre cada vez más espacios para dar la discusión al respecto,
aquí no vamos a meternos específicamente con el contenido del documento sino
con algo anterior a la existencia misma del documento. Vamos a meternos con las
condiciones políticas y materiales que hicieron posible la producción y
publicación de dichas reflexiones.
Porque la
elaboración y la publicación de este documento fue posible gracias a que
determinadas condiciones políticas y materiales están siendo garantizadas. Y en
el contexto del plurimovimiento de descolonización de Latinoamérica y de “re-invención
social”, es preciso poner en cuestión la naturalización de este ejercicio de
poder político por parte de la
Iglesia.
El planteo podría
encararse, en principio, desde 2 puntos de vista. Desde las cuestiones de fe y
desde las cuestiones de poder.
Desde el punto de vista de las cuestiones de fe, vamos al documento original y vemos cómo en el 1er
párrafo los jerarcas sientan las bases de cuán necesaria es la Iglesia Católica
para la administración de la fe:
El Año de la fe que hemos iniciado nos convoca a renovar nuestra
fe en el Dios vivo y verdadero con una conciencia agradecida por el don
recibido. Desde los orígenes de nuestra nacionalidad la fe cristiana fue
transmitida en el ejercicio de la misión de la Iglesia, en el seno de las
familias y por medio de sus proyecciones en la cultura de nuestro pueblo. Por
eso, damos gracias por la fe de tantos argentinos que, a lo largo de nuestra
historia, han sido testigos del Evangelio y ciudadanos ejemplares.
Sirva esta
referencia para significar la relación directa que la jerarquía eclesiástica
hace entre la fe de “tantos” argentinos y la razón de su existencia recordándonos
(a todas las personas, católicas y no católicas) que la Iglesia es constitutiva de
la historia y de la ciudadanía. Están diciendo: la Iglesia es una realidad
necesaria de y para las personas con fe, además porque posee una misión
inclaudicable, lo que justificaría su razón de ser. Así legitima el
sostenimiento de su autoridad sobre cuestiones morales y sexuales, como bien
indica Verbitsky en la nota, y por lo tanto su sostenimiento económico por
parte del Estado.
Cada persona tiene
derecho a creer, a no creer, a explorar y transitar el sistema de creencias que
más le place respetando las experiencias de otras espiritualidades y formas de
construir comunidad. Aquí no se está cuestionando la fe de las personas
católicas. Estamos indicando que la
Iglesia basa su poder político en la fe de las personas y en
la cantidad de adherentes a la fe católica. Por eso, todo documento proveniente
de esta institución recuerda e invita –formas sutiles si las hay- a la
renovación y a la conversión, para tener simbólicamente sujetada la necesidad
de su representatividad. Es como si trazara una legión de cordones umbilicales
que van desde el centro de su poder (el ejercicio de la representatividad)
hasta el centro de cada espiritualidad cristiana. Implantando un mecanismo imprescindible,
pues ¿quién, en estas condiciones, sería tan idiota como para cortar el cordón
que otorga sentido a su existencia?
Pues bien, se valen
de eso. Por eso habemos quienes con la apostasía[3] quitamos valor a ese
régimen de representación. Y encontramos en el acto de apostatar la posibilidad
de desmarcarnos, salirnos de esa construcción de poder que supone sujetos
tutelados. Que silencia, falsea y arrebata la autonomía para decidir sobre la
propia vida, el propio cuerpo, el modo singular de ser y relacionarnos con el
mundo.
Las condiciones
políticas que permite a la
Iglesia su intromisión permanente en cuestiones de derechos
humanos y en el ejercicio de ciudadanía democrática se traman, así, con la sujeción
a la fe. Es decir, sorben poder de la fe legítima de las personas para erigirse
como sus representantes. Con la inscripción al bautismo, hacen su propia
burocracia. Y con la fidelidad a la doctrina, sustentan una “natural”
gobernabilidad.
Desde el punto de vista de las cuestiones de poder, nos vemos en el compromiso de mirar a la Iglesia como institución
política. Lo que nos permite pensar ciertamente en las condiciones materiales
que la sostienen. Pues la trampa está en disfrazar las cuestiones de poder con
cuestiones de fe. Ya que en esa confusión, que generan en la mente y sentir de
las personas que adhieren a la fe católica, basan su intromisión en las
condiciones de vida humanas que involucran políticas públicas. Y viceversa: su
intromisión en políticas públicas que involucran condiciones de vida humanas.
El documento es una
provocación. Provoca la pregunta sobre las condiciones de vida de estos obispos
y de la institucionalidad eclesiástica. Porque ¿desde qué lugar dicen lo que
dicen? ¿sobre qué condiciones materiales apoyan su Palabra? Y más puntualmente,
¿sobre qué base material erigen el poder para pronunciarse?
No pediremos aquí
ser amados como se aman a sí mismos, disfrutando de los inconmensurables
privilegios que les bancamos entre todas las vidas que habitamos esta patria
grande. Decimos inconmensurables porque nadie sabe a ciencia cierta de cuánto
dinero hablamos. Y es preciso aclarar que el término “proveen” guarda plena disonancia
con la noción de providencia que profesan.
Más bien estaríamos
en condiciones de hecho y de derecho como para pedir que ni un peso proveniente
de nuestra fuerza de trabajo que ancla en la administración de un Estado “que
somos casi todas las personas que
ejercemos ciudadanía democrática”, sea destinado a sostener una
representatividad que se enmarca en la fe individual de las personas.
Ya no solo resulta
insostenible embargar derechos civiles y políticos para sostener la función de
Estado social que la Iglesia,
junto a otras instituciones del “bien común”, viene oficiando, sino que podría
considerarse una violación a los derechos humanos bancar tales privilegios
económicos.
¿Qué clase de pronunciamiento
es ese que proviene de la boca del cuerpo que tiene servida la comida, la
vivienda, el vestido, las tareas domésticas, la evitabilidad del transporte
público, los viajes y estadias interurbanos y a otros países, el acceso a la salud
y a la educación, que está librado de las tensiones de la precariedad laboral
(porque los curas de base tienen garantizado también sus puestos de planta
permanente), y sobrellevar una vejez que tiene garantizada su jubilación dentro
de una superestructura de inembargabilidad de bienes en medio de tanto
“desahucio” a nivel mundial, y honrado con exenciones impositivas?
No
hablen a coste mío.
NO en MI nombre
Cecilia
Galcerán
8
de diciembre de 2012
Notas
[1]
Nota disponible en
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-208830-2012-11-29.html
[2] EL documento de la Conferencia Episcopal
Argentina puede verse en
http://www.episcopado.org/portal/component/k2/item/740-reflexiones-de-los-obispos-al-acercarnos-a-la-navidad.html
[3]
Apostasía es el acto de desbautismo, de renuncia a las políticas de
opresión de la Iglesia
Católica como institución. Para más información:
http://www.apostasiacolectiva.org
