[pensamientoautonomo] Boletin de La Fogata - Año XI - 21-12-…

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Autore: Victor
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To: pensamientoautonomo
Oggetto: [pensamientoautonomo] Boletin de La Fogata - Año XI - 21-12-2011
Boletin de La Fogata





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      A diez años del “que se vayan todos”  


      (Diez años “de kirchnerismo”)  



      Por Luis Mattini
      para La Fogata



      “Yo, por el contrario, demuestro como la lucha de clases creó en Francia las condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe”  


      (Karl Marx “El dieciocho brumario de Luis Bonaparte”)  




      Por más racionales que seamos no podemos evitar cierto placer con los contactos mágicos de los tiempos. ¿Qué son sino los aniversarios, más aún cuando estos suman cifras redondas? Lo confieso, padezco parte de ese fetiche. Durante décadas nunca olvidé el 7 de noviembre de 1917 o el 24 de junio de 1935. La primera, ya fue, quedó olvidada en la historia; la segunda indica el 24 de junio se cumplen 76 años de la muerte de aquel que cada día canta mejor.  


      Ahora se cumple una década de los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Aquella noche que fuimos miles de personas del brazo marchando por la Avenida de Mayo convocados, no se sabe por quién, y al llegar a la plaza histórica, el grito unánime fue que al Estado de Sitio se lo metan en el culo…   


      Hay que detenerse en este  no pequeño detalle. El detonante tuvo que ver con un sentimiento de libertad, por más que su fondo se encontraba en las penurias  económicas. Luego gritamos que se vaya el Ministro de Economía, quien en efecto, renunció, pero lejos de conformarnos con eso, el grito siguiente fue “Que se vaya De la Rua” y al poco tiempo el helicóptero presidencial evacuaba al ex presidente de La Rosada. La multitud se quedó alborozada mirando como ese pájaro de hierro se llevaba al presidente más intrascendente de la historia nacional…entonces alguien gritó “Que se vayan todos” y la multitud se hizo eco de inmediato. Yo era parte de esa multitud y también me hice eco, intuí que tenía un significado inesperado.  


      Si, en efecto, yo, viejo dirigente confeso marxista leninista, que trabajé intensamente largos años para la construcción del partido revolucionario al modelo bolchevique, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el único partido en la historia nacional que se propuso en serio tomar el poder, partido que, confirmando el aserto del Che, pagó con la vida tal intento. Lo fui hasta aquel momento; pero ahora no, ahora yo ya no era siquiera militante, ahora era un sobreviviente, era multitud.-   


      Entonces se lanzó una represión  imposible de justificar contra  miles de personas  que demostraban pacíficamente, con niños, ancianos, inválidos y a hasta sus perritos. Sin embargo, parte de esa multitud se reagrupó varias veces  negándose a abandonar  la Plaza. Otro  no pequeño detalle  que no he visto suficientemente valorado:  La gran cuestionada juventud salió a la calle. No los ordenados y uniformados militantes  de izquierda con banderas más grandes que sus columnas. Estos eran los motoqueros y cientos de jóvenes, laburantes de oficios varios, estudiantes con dificultades, desocupados,    cuyo enemigo principal es la policía. Eran los seguidores de los Redonditos de Ricota  y también fulboleros que lanzaron batallas campales a las que se sumaron  además insospechados ciudadanos de las más diversas ideologías  que se  sacaron el gusto de  romper el  vidrio de algún banco. Así se sucedieron y cayeron cuatro presidentes 


      Desde luego, en medio del río revuelto hubo provocaciones, manejo de internas, un intento de diversionismo que por momentos pareció enloquecer a la población del Gran Buenos Aires  y muchas cosas más, pero no lograron alterar la esencia de esta poblada.   


      No hubo convocantes sino autoconvocatoria 


      No hubo "vanguardia" predeterminada  ni permanente  pero  existieron elementos que iban a la vanguardia.   


      No se oyó la palabra "estrategia", porque no había estrategia. 


      No se admitió otra bandera que no fuera la Nacional 


      No estaban presentes las corporaciones, llamados comúnmente sindicatos.  


      Eran miles de personas en las calles que no podían ser definidas con  las categorías clásicas. La palabra "multitud" sería la más apropiada para diferenciarla de "masa" (despolitizada)  o incluso de "pueblo". (Palabra de tanto prestigio, tan abusada y de insospechado cuño burgués, en este caso politizada, si, pero en una dirección de proyecto común, bloque histórico. Recuérdese que fue la burguesía la creadora del gobierno del pueblo ) ¿O no recuerda que en mayo de 1810 se corría por aquel Buenos Aires la expresión: “El pueblo quiere saber que se trata”.  La burguesía fue también la creadora del concepto de representatividad y por tanto, de acuerdo a la Constitución Nacional, el pueblo ni delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. ¡Ah!! Y como si esto fuera poco convincente, los Estados socialistas que supimos construir, Cuba, La URSS, China, etc., copiaron al pie de la letra el modelo burgués.   


      Por eso es que, en cambio multitud expresaría lo multifacético,  la unidad de lo diverso,   politizado en el sentido de  devolver la política a sus fuentes  naturales,  la que había sido expropiada por la profesionalización de la política, atrapada por el  estado economicista. 


      Esos días de diciembre alguna gente militante creyó estar frente a una situación revolucionaria, pero no tuvieron en cuenta que las categorías que ellos manejaban, como las que manejábamos nosotros incluso, fueron elaboradas en la era de las revoluciones burguesas, en la constitución de los estados nacionales y no en vano el modelo universal fue la Revolución Francesa.   


      Pero hoy vivimos  la llamada globalización,  expresión de un capitalismo ahora en pleno desarrollo y, paradójicamente, en inevitable aunque largo camino a la decadencia.  La sociedad atravesaba y atraviesa una plena crisis de representatividad. Lo dijimos y le repetimos; crisis de representatividad, no significa crisis de representantes.  


      Por eso esta crisis no la padecen sólo los partidos políticos de derecha: alcanza de lleno a los de izquierda pasando por el centro y a todas las formas institucionales  que habían sido creadas   como reflejo de la racionalidad de la sociedad industrial.(El sindicato se organizó como espejo invertido de la fábrica, con sus divisiones del trabajo sus jerarquías, su disciplina, etc.)  En realidad todas las formas de organización actuales, incluso la del partido revolucionario, son un reflejo de la sociedad burguesa y la que está en crisis es esa sociedad. Por eso el “que se vayan todos” nos alcanzaba a todos.   


      Fue así como yo allí me sentí parte de la multitud, porque fui uno de esos “todos” que tenían que irse. Sólo que yo ya me había “ido” hacia un tiempo. Yo había renunciado cuando hube sentido que ya no podía “representar”, o sea ya no era apto. Es bueno recordar que la idea que el militante o el dirigente no debe renunciar, es un odioso contrabando introducido por Stalin en el marxismo a raíz de un momento de necesidad de la joven Revolución Rusa y muy repetido por el macartismo más burdo, que advertía siempre como un cuco, que quien entraba al partido comunista no podía salir sino muerto. La mayoría de los marxistas compraron semejante contrabando stalinista sin saber, o sin recordar , con terca amnesia, que Rosa Luxemburgo, dirigente del spartaquismo alemán, del cual yo soy discípulo indirecto, advirtió con tremenda y premonitoria angustia “Por favor, no hagan de la necesidad virtud” Se refería a la necesidades inmediatas del poder rojo de cercenar las libertades. El partido, por el contrario, es una libre asociación democrática y, por principio, una persona puede permanecer o irse, si ser cuestionada su moral. La resultante de esa estafa ideológica creada por el stalinismo son los secretarios generales, presidentes, o dirigentes transformados en vitalicios, quienes, como Fidel, o Perón, lejos de demostrar la fortaleza del movimiento, muestran su decadencia y debilidad, pues a la larga su gestión se burocratiza, o sea se estanca y además suelen no dejar reemplazos.  


      La gente, digo la multitud, se hartó no solo de los gobernantes, sino también de Altamiras, de los Echegaray o de las Carrió, que se van a jubilar de candidatos a presidentes de partidos “proletarios”, o pequeño burgueses, se asqueó de dirigentes sindicales eternos, de conductores de cooperativas vitalicios, o sea de representantes a los que pusieron en crisis la crisis de representatividad: la multitud no quiso ser más representada sino estar presente, y así durante meses copó las calles y las plazas al grito de “que se vayan todos” Y los necios de la izquierda en vez de irse, para dejar lugar a lo nuevo, vinieron más todavía, vinieron a hacerse cargo de las asambleas y todo ese, según ellos, “pernicioso” espontaneísmo, muchos convencidos de que había llegado la hora de ponerse al frente de las masas en acción.   


      La burguesía, en cambio, vio clara la crisis de representatividad, comprendió más rápido que toda esa manga  de pretenciosos intelectuales que  monopolizan el  conocimiento y calientan sillas en la Universidades o ahora en la Biblioteca Nacional, la burguesía, digo, vio claro  que esas consignas indicaban un estado de rebeldía que solo podía explicarse como el agotamiento de un modelo de dominación, específicamente expreso en la Constitución Nacional “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes”   O sea el pueblo pretendía deliberar y gobernar en forma directa. 


      Por eso fue que, ni lenta ni perezosa, como corresponde a una clase consciente de su papel, o sea una clase para sí, la burguesía se abocó – en medio de sus luchas internas, claro está - a restablecer la gobernabilidad, enmascarando la construcción de otro modo de dominación. Así, después de varios avatares internos se impuso el actual llamado kirchnerismo, una especie de bonapartismo venido a menos, que supo adecuarse a las circunstancias y crear un modo de dominación política, no basado en la representatividad sino en la contención social. Para ello contó, y supo administrar muy bien, con un periodo de excepcional bonanza económica dada por el modelo productivo impuesto por el menemismo.   


      ¿Y que quedó del “que se vayan todos”? o quizás podríamos preguntarnos ¿Qué cambió? Pues, sin calificarlo podemos afirmar que la gente, la multitud, hoy no se siente representada aunque vaya a votar masivamente. Puede sentirse gobernada, bien o mal, según los intereses, pero no representada. La ausencia de una oposición digna de llamarse así, es su reflejo más evidente. Y, sobre todo, pongamos las barbas en remojo, por favor y pensemos…todas las identidades políticas quedaron debilitados o en vías de desaparecer, pero la consecuencia mayor fue para la llamada “izquierda” que sufrió la peor de las derrotas de la historia; literalmente fue diezmada. Pero no cayó en combate: fue comprada, seducida y asimilada por el gobierno. El triste papel del PO rogando unos votos para poner un diputado en el Congreso, mientras decenas de zurdos ocupan cargos políticos en el Estado, es la más lastimosa de las evidencias.  


      Es así como podemos afirmar que ni los que simpatizan con el gobierno, ni quienes están en contra se sienten representados. De modo que lo único novedoso respecto a 2001 es el agotamiento, posiblemente definitivo del sistema representativo, y su reemplazo temporario por este modelo contenedor. Y digo temporario, porque el modelo contenedor se basa en una determinada situación económica. Por ejemplo en Chile ya parece no andar. Y por aquí ya se vislumbran fuertes resquebrajamientos que se inició con la quita a los subsidios estatales  


      Si la representación está en crisis  ¿Caeremos en la trampa de buscar nuevas formas representativas o nos atreveremos de una vez por todas a imaginarnos un sistema  sin representación?    No se trata de la  democracia directa en abstracto,  difícil de  implementar en el estado nacional, sino de  repensar   el propio criterio de delegación  en la propia praxis  de búsqueda de nuevas formas de relaciones sociales. Es evidente que no tenemos respuesta  teórica,   pero al mismo tiempo es llamativo  que nos encontremos en el mismo punto al que habían llegado Marx  y Engels  cuando analizaban  el derrumbe del sistema de  Hegel  y la crisis de la filosofía clásica alemana.  Empezaron  a  pergeñar  el período de transición  de dictadura del proletariado para  desarrollar la imaginación hacia la gemenweiser , la comuna,   como  hipótesis de las formas sociales  poscapitalistas. Es verdad, que el resultado final de la posterior puesta en práctica por Lenin de la hipótesis de la necesidad del periodo de transición resultó una catástrofe que le dio la razón al anarquismo… sería criminal insistir por ese lado…pero queda en pie de prueba la tesis de la gemenweiser .   


      Deberíamos recordar que  nunca  se pensó el socialismo dentro del estado nacional y, por el contrario,  la paulatina extinción del estado. Sea como fuere, los fundadores del marxismo  analizaron exactamente hasta allí donde daban los hechos  del movimiento social. El futuro era imaginación.   


      Por eso es que para los que creemos que la historia la hacemos los hombres y no Dios ni un abstracto determinismo, creo que se abre la oportunidad de ver a fondo esta crisis de representatividad, que hace que la política ya no está ni el comité, ni en la célula del partido, ni el Parlamento, casi diría que ni en el gobierno, sino que está en otra parte. El gobierno administra, gestiona, mejor o peor, una política que viene de otro lado. Buscar de donde viene, buscar dónde está y encontrarla parece ser la tarea del día si pretendemos recoger lo mejor de la herencia de Guevara. 



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      Ecuador: La construcción de un nuevo modelo de dominación 


      Por Raúl Zibechi 


      En los últimos meses un repugnante olor a maccartismo, a estalinismo, ha comenzado a percibirse en algunos procesos de cambio. Estos discursos encendidos contra los movimientos y las izquierdas escalan cuando se producen movilizaciones populares, como sucedió durante el reciente “gasolinazo” en Bolivia y cada vez que los indígenas deciden “levantamientos” en defensa de sus territorios, contra la minería y las petroleras. Atribuir la represión y el contenido ideológico de los discursos a características personales -suele decirse que Correa es apasionado y se “va de boca”- tiene escasa consistencia. La apuesta es indagar algunas características del régimen de la Revolución Ciudadana que permitan encontrar las razones de estas políticas de criminalización de los movimientos y alianza simultánea con las corporaciones multinacionales. 


      La política ecuatoriana muestra claros signos de esquizofrenia. El gobierno emplea un lenguaje revolucionario, en todos los discursos apela a la “Revolución Ciudadana”, pero los hacedores de ese proceso, los que con sus luchas desde el levantamiento del Inti Raymi de 1990 deslegitimaron el neoliberalismo e hicieron caer tres presidentes, son acusados de “infantiles” y de “terroristas”. 


      Los mismos dirigentes indígenas y sindicales que lucharon para que Rafael Correa llegara a la presidencia, sufren prisión y están sometidos a juicios. Más de 180 dirigentes indígenas han sido acusados de “terrorismo y sabotaje”, entre ellos el presidente de la CONAIE, Marlon Santi, y el de Ecuarunari, Delfín Tenesaca, quienes dirigen las dos más importantes organizaciones sociales del país. 


      Personalidades como Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex amigo personal de Correa, quien trabajó para incluir los conceptos de Buen Vivir (Sumak Kawsay) y los “derechos de la naturaleza” en la Constitución, son acusados de “traidores” por el presidente. Entrevistado por Ignacio Ramonet, Correa nunca se refirió como terroristas a los policías que, según su opinión, pretendían dar un “golpe de Estado” y atentar contra su vida. Aliado con empresarios tradicionales de la derecha, Correa reserva sus dardos más envenenados contra la izquierda, algo que no puede sonar a nuevo para quien conozca la historia del movimiento obrero y socialista. 


      En los últimos meses un repugnante olor a maccartismo, a estalinismo, ha comenzado a percibirse en algunos procesos de cambio. Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, dijo que el trotskismo “no es ultraizquierda sino es la ultraderecha camuflada. Peligroso. Algunos de esos dirigentes dirigen sindicatos, hablan de un discurso revolucionario para que regresen los de antes, los que agarrarán la wiphala, la quemarán y la pisarán, porque así ha sido la derecha”[1]. Al celebrar los 40 años de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, exhortó a los dirigentes a desenmascarar a los traidores en los sindicatos y buscar la unidad en torno al liderazgo del presidente Evo Morales, en contra del trotskismo que “es la avanzada política de la extrema derecha” que en el pasado acabó con gobiernos populares como el de Juan José Torres y Hernán Siles Zuazo, para dar paso a Hugo Banzer y Víctor Paz Estenssoro[2]. 


      En Ecuador el presidente Correa está convencido que la mayor amenaza para el “Socialismo del siglo XXI” viene de lo que denomina como la izquierda “infantil” y grupos ambientalistas e indígenas que, dice, rechazan la modernidad. Por eso critica al que dice “no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro”[3]. Cuando la población amazónica de Dayuma realizó un paro y corte de carretera en noviembre de 2007, decretó el estado de emergencia, militarizó la región, sus habitantes fueron maltratados y varias decenas torturados. Correa habló en cadena nacional: “Tolerancia cero a todo el que quiera hacer paros y generar caos, anarquistas que están acostumbrados con los otros gobiernos a paralizar el desarrollo del país cuando les da la gana, los castigaremos con todo el rigor de la ley”. Se dirigió a las comunidades afectadas por la minería que se movilizan contra la entrega de sus territorios: “Las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas”[4]. 


      Estos discursos encendidos contra los movimientos y las izquierdas escalan cuando se producen movilizaciones populares, como sucedió durante el reciente “gasolinazo” en Bolivia y cada vez que los indígenas deciden “levantamientos” en defensa de sus territorios, contra la minería y las petroleras. Atribuir la represión y el contenido ideológico de los discursos a características personales -suele decirse que Correa es apasionado y se “va de boca”- tiene escasa consistencia. La apuesta es indagar algunas características del régimen de la Revolución Ciudadana que permitan encontrar las razones de estas políticas de criminalización de los movimientos y alianza simultánea con las corporaciones multinacionales. A modo de hipótesis –porque la realidad nos impone cautela por su cercanía temporal– pero intentando ir más allá de la coyuntura, pretendo abordar tres aspectos centrales: la relación entre la hegemonía del capital financiero-extractivista y la imposición de un “estado de emergencia económico”, siguiendo el análisis que hace la economista brasileña Leda Paulani para su país; la hegemonía política de un sector que, llegado al gobierno, hace lo contrario de la misión que le fue encargada, para lo que utilizo el concepto de “hegemonía al revés” de Chico de Oliveira; y, por último, indagar acerca de la instalación de un nuevo modelo político, de la mano del economista ecuatoriano Pablo Dávalos. 


      Capital financiero y neo-extractivismo 


      El neoliberalismo aterrizó en nuestro continente latinoamericano aplicando una suerte de “estado de emergencia económico”, que con los gobiernos progresistas se ha convertido en permanente[5]. Leda Paulani se inspira en el conocido trabajo de Giorgio Agamben (Estado de excepción) y en particular en el momento en que Roosvelt, en 1933, exige un poder ilimitado ante las dificultades que generaba la crisis, haciendo un paralelismo entre la emergencia militar y la emergencia económica. En opinión de la economista, plenamente compartible, la restauración democrática en la década de 1980 fue posible bajo las premisas de la instalación de un estado de emergencia económico permanente, “haciendo de la excepción el paradigma de gobierno”[6]. 


      Esa excepcionalidad permitió al gobierno de Fernando Henrique Cardoso hacer pasar el proceso de privatizaciones, algunas de ellas escandalosas, con la justificación de que la grave situación económica así lo imponía. Si no se privatiza –decía el discurso neoliberal– el país marchará a la catástrofe. La desregulación era una medida imprescindible si se pretendía “salvar” la economía, el mismo argumento que se utiliza cuando se pretende “salvar la nación” a punto de ser destruida por un enemigo exterior. Ya bajo el gobierno Lula se aplicaron las mismas lógicas para imponer un superávit primario superior al que exigía el FMI, el aumento de las tasas de intereses que perjudican al país y la reforma regresiva de las jubilaciones, entre las más destacadas. Concluye que “el gobierno Lula hizo de la creación voluntaria de ese estado de emergencia permanente la práctica esencial de su gobierno”[7]. Un ejemplo: cuando el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, fue acusado de corrupción, Lula hizo aprobar una Medida Provisoria, en agosto de 2004, para darle estatus de ministro y salvarlo así de cualquier imputación jurídica. 


      Finalmente, sostiene que la hegemonía del régimen de acumulación financiera, acumulación por desposesión en los términos de David Harvey, impone un estado de emergencia económica permanente porque con su cortoplacismo y su avidez de ganancias genera inestabilidad permamente. En ese sentido, la reforma previsional de Lula, que fracturó al PT con la salida entre otros de la senadora Heloisa Helena y la creación del PSOL, “abrió inmediatamente a la acumulación privada todo el inmenso territorio de la previsión social”, ofreciéndole a la especulación los altos salarios del sector público[8]. Hoy los fondos de pensiones son la principal herramienta que tiene el gobierno para influir en la economía, al punto que controlan una porción decisiva de las grandes empresas privadas y, por supuesto, las estatales. 


      En Ecuador, el “estado de emergencia económica” fue la gran excusa para imponer la dolarización, en enero de 2000, en medio de la mayor crisis económica y política que conociera el país, que se saldó con la caída del presidente Jamil Mahuad, la creación de parlamentos populares en las provincias y la “toma del poder” durante unas horas por una alianza de indígenas y militares. De ese modo el país perdió su soberanía monetaria. El dólar como nueva moneda nacional provocó un fuerte aumento de los precios, no logró detener el alza del costo de vida, generó dificultades para la inversión y sólo puede sostenerse por las remesas de los emigrantes y por alto precio del petróleo. Sin embargo, “la dolarización se convirtió en el debate prohibido durante el período de Alanza País”, según Pablo Dávalos[9]. Bajo el gobierno de Correa el tema no se discute, aunque se emiten discursos que hablan de “soberanía” y “revolución”. Los argumentos para no revertir la dolarización aseguran que generaría graves tensiones económicas y sociales, ya que las clases medias se han beneficiado multiplicando su capacidad de consumo. 


      La segunda cuestión se relaciona con la hegemonía del sector financiero-extractivo. El país sigue dependiendo de las exportaciones de petróleo, que representan el 60% del total y cerca de la mitad de los recursos fiscales. La contracara es que el desempleo y el subempleo alcanzan al 60% de la población económicamente activa. En 2008 el sector bancario y financiero tuvo las mayores ganancias de su historia, en medio de una fuerte concentración del sector, al punto que un solo grupo controlaba el 40% de los activos del país. En los cuatro años de Correa (2007-2010) “los procesos de concentración y centralización de capital de los grupos económicos jamás tuvieron contratiempos”, mientras los nueve mayores conglomerados empresariales representan el 15% del producto interno bruto[10]. 


      Pero se han creado nuevos grupos como consecuencia de la gestión económica de Alianza País. Entre los diez grupos más importantes figura el del hermano de Rafael Correa, con activos de 300 millones de dólares, que ha sido defendido por el presidente aunque realizó de forma ilegal contratos con el Estado por 80 millones de dólares[11]. En vez de explicar en qué consistieron esos contratos ilegales, que Correa asegura mandó suspender, el presidente atacó al partido de izquierda Movimiento Popular Democrático que hizo la denuncia por ser “el mejor aliado de la derecha”. El sector financiero es intocable porque tiene capacidad de desestabilizar el país, algo que la Revolución Ciudadana quiere evitar. Ante esos límites el mejor camino está siendo la alianza con ese mismo capital. 


      La tercera cuestión en la que aparece el estado de emergencia económico como constricción, son las concesiones mineras que deben hacerse por “imperiosa necesidad” e imponiendo la militarización de aquellos territorios y comunidades que se resisten. Por eso el régimen ha encauzado como terroristas a casi 200 dirigentes sociales. Alberto Acosta lo dijo de forma transparente en un artículo en el que analiza la detención de varios dirigentes shuar. “El uso de la justicia como mecanismo de terror”, es el resultado de no haber legislado para adecuar el cuerpo legal a la nueva Constitución: 


      Los derechos establecidos en dicha Constitución no han sido transformados aún en herramientas legales que erradiquen todas aquellas prácticas represivas con las que se chantajea y siembra el terror en las comunidades, en este caso en las comunidades shuar. Tenemos un código penal en donde se configura el delito de terrorismo de manera tan general, que no se compadece con los verdaderos delitos de terrorismo. Así el artículo 160,1 del código penal se considera como terroristas a quienes ‘individualmente o formando asociaciones, (…) armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes:....y a quienes construyeran barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc., con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas’. [12] 


      El razonamiento parece claro. Quien se opone al desarrollo, personificado en este caso en las concesiones mineras, está atentando contra el Estado, la estabilidad y el futuro del país, por lo que merece ser considerado “terrorista”. Lo que se omite en este discurso son las razones por lass cuales las concesiones mineras son tan importantes para la estabilidad: la acumulación por desposesión, pese a lo desastrosa que pueda ser para los pueblos, asegura una mínima estabilidad fiscal a un Estado que depende de las exportaciones de petróleo y las concesiones mineras para recaudar. Porque el gobierno de la Revolución Ciudadana no ha promovido una reforma fiscal que obligue al sector financiero, por ejemplo, a tributar en forma responsable, mientras la dolarización arrasó con la escasa industria nacional. 


      Despolitizar y cooptar 


      Cuando el sociólogo brasileño Francisco de Oliveira –fundador del PT y luego del PSOL– acuñó el concepto de “hegemonía al revés”, hace ya cuatro años, estaba buscando respuestas para una realidad que lo desconcertaba porque encontraba pocas referencias en otras experiencias como las que encabezó la socialdemocracia en Europa. Dos años después, en un nuevo artículo titulado “El revés del revés”[13], confesó que había querido hacer una provocación a partir de conceptos de Gramsci para intentar comprender regímenes políticos como el Brasil de Lula y la Sudáfrica del Congreso Nacional Africano, que al llegar al poder practican políticas que son el revés del mandato de clase recibido en las urnas. 


      En “hegemonía al revés” constata que “cuando las clases dominadas toman la ‘dirección moral’ de la sociedad, la dominación burguesa se hace más descarada”[14]. Para explicar esa paradoja pone el foco en tres aspectos. El primero es la dilución del conflicto (desparecen los enemigos de clase, dice) como parte de un proceso que convierte la política partidaria en algo irrelevante en el capitalismo actual. En segundo lugar, las políticas sociales juegan un papel central en la cooptación y neutralización de los movimientos, ya que se despolitiza la cuestión de la pobreza y la desigualdad y se la convierte en un problema administrativo y técnico. La síntesis es que se puede reducir la pobreza sin tocar la desigualdad ni la brutal concentración de la riqueza que registra América Latina, si se adoptan los instrumentos adecuados para ello como el plan Bolsa Familia[15]. 


      Esta doble combinación de políticas sociales y reducción del conflicto social, lubrican la profundización de la acumulación por desposesión, de modo que aquellos que interfieran en ese proceso, ya sean los que protestan contra la represa de Belo Monte en Brasil, contra la explotación de la Amazonia en Perú y Ecuador, son apartados a un lado como obstáculos al progreso. “Todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista”, dijo Correa en la cadena nacional del 1 de diciembre de 2007. Y aquí viene el tercer aspecto, corolario de los anteriores, que abre las puertas a una nueva comprensión de nuestras realidades: 


      En los términos de Marx y Engels, de la ecuación “fuerza+consentimiento” que conforma la hegemonía, desaparece el elemento “fuerza”. Y el consentimiento se transforma en su contrario: no son más los dominados los que consienten su propia explotación. Son los dominantes –los capitalistas y el capital- quienes consienten en ser políticamente conducidos por los dominados, a condición de que la “dirección moral” no cuestione la forma de explotación capitalista. Es una revolución epistemológica para la cual aún no tenemos la herramienta teórica adecuada. Nuestra herencia marxista gramsciana puede ser el punto de partida, pero ya no es el punto de llegada. [16] 


      Sabemos que en este punto las políticas sociales juegan un papel doble: al aliviar la pobreza muestran a los de abajo que el gobierno está realmente preocupado por su situación y facilitan el consenso social para profundizar la acumulación financiera. De algún modo los gobiernos progresistas, y en particular el de Correa, siguen adelante con las políticas diseñadas en los 90 por el Banco Mundial, aunque las han expandido y ahora las utilizan para crear una base social propia, pero desmovilizada y de carácter clientelar[17]. En Brasil, la nueva arquitectura reposaba en efecto en políticas como Bolsa Familia y, esto es lo novedoso, en el ascenso de un nuevo actor social que son los dirigentes sindicales (en particular del sector bancario) devenidos en administradores de los fondos de pensiones que son el locus de la más consistente acumulación de capital en Brasil al manejar alrededor del 16% del PIB de Brasil. 


      Un ejemplo para que no quede como algo abstracto. Previ es el fondo de pensiones del Banco do Brasil, que ocupa el lugar 25 en el ranking de fondos del mundo. Durante el gobierno Lula Pervi fue presidida por Sergio Rosa, ex dirigente bancario y del PT. Previ controla 78 empresas brasileñas, entre ellas Vale do Rio Doce, la segunda minera del mundo, la mayor empresa privada de Brasil (privatizada por Fernando Enrique Cardoso en 1997) y la mayor productora de mineral de hierro del planeta. Tiene 115 mil empleados, su valor de mercado es de 170 mil millones de dólares y en 2009 tuvo ganancias de 20 mil millones de dólares[18]. Los “sindicalistas” que dirigen Previ controlan el Consejo de Administración de Vale, donde personas como Sergio Rosa deciden quién lo integra así como las inversiones que les conviene realizar. 


      En Ecuador es diferente. La nueva elite dirigente, todo proceso la necesita, no proviene de los cuadros de algunos sindicatos como en Brasil sino de un conjunto de profesionales incrustados en el aparato estatal. Apenas llegado al gobierno, Correa procedió a una “descorporativización” del Estado[19]. Se procedió a un masivo desalojo de sectores empresariales que tenían un fuerte control del aparato estatal. Pero las cosas no quedaron ahí. Uno de los principales blancos de la cruzada anti-corporativa de Correa fueron los sindicatos de trabajadores del sector público, buscando impedir la agremiación de ese sector y permitiendo contratos colectivos sólo por empresa. El conflicto más fuerte fue con los docentes, que para el gobierno son “mafias que mantienen secuestrada la educación y protegen la mediocridad”, al punto que se culpa a los sindicatos docentes de la mala calidad de la enseñanza[20]. 


      El otro gran conflicto es con los indígenas. En febrero de 2009 el gobierno suprimió la autonomía de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe y centralizó los nombramientos y decisiones en el ministerio de educación, desplazando el papel que venían jugando las organizaciones indígenas. Lo mismo hizo en todas las instituciones donde la CONAIE y otras organizaciones tenían alguna presencia. La idea que guía este accionar es que “los grupos regulados por el Estado no deben participar directamente ni en el diseño ni en la aplicación de la regulación”[21]. Más aún: en marzo de 2008 modificó el reglamento que regula las organizaciones sociales, destacando que serán causales de disolución “incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización” y “comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir reiteradamente las disposiciones emanadas de los ministerios u organismos de control y regulación”. 


      En suma, control de las organizaciones sociales y expulsión del aparato estatal. Pero la Revolución Ciudadana fija un nuevo mecanismo de participación, ya no anclado en los movimientos que eligen a sus representantes para participar en determinadas instituciones, sin en base a la selección de ciudadanos por concurso de méritos. Como el discusro oficial dice que el Estado es de todos, se apela al ciudadano individual no organizado para ocupar esos espacios. El Estado se cierra a los sectores organizados (porque son portadores de corporativismo y por lo tanto de ineficiencia y corrupción) y en su lugar elige, o coopta, a personas por goteo sin que tengan la menor representatividad social y política. Quienes los eligen conforman la alianza de funcionarios y tecnócratas que sustenta la Revolución CIudadana. El investigador Pablo Ospina concluye: “El gobierno ciudadano parece querer sustentarse en el puñado de intelectuales que forman su núcleo dirigente. Un núcleo cada vez más dependiente del liderazgo, la autoridad y el apoyo electoral de la intelectual y académica figura del Presidente de la República”[22]. 


      Un nuevo modelo de dominación 


      El retorno del Estado, la nueva centralidad del Estado, depurado ahora de movimientos sociales, deja paso a una gubernamentalidad centrada en la figura del presidente/caudillo, dueño del poder y del saber, que cataloga como ”enemigo público” a todo aquel que se le enfrente o disienta. ¿Qué lleva a estos nuevos regímenes, que Dávalos designa como “posneoliberales”[23], a colocar en lugar destacado de su agenda la construcción de un Estado fuerte? “Asegurar la seguridad jurídica y la convergencia normativa”[24]. Disentir, cuestionar, provoca inseguridad jurídica, lo que perjudica la inversión extranjera y el empleo, y lleva al país a un nuevo “estado de emergencia económica”. 


      Es el estado el que concesiona territorios para la minería o las obras de la infraestructura para la integración sudamericana, por lo tanto la resistencia no se enfrenta con las multinacionales sino directamente con el aparato estatal. Aparece también una trampa legal. La Constitución puede hablar del Buen Vivir y de los “derechos de la naturaleza”, pero eso nunca se hace ley, ni código, en tanto se aprueban leyes que entregan el agua o los territorios a la especulación multinacional. La más avanzada Constitución del mundo queda diluida porque sus declaraciones no se convierten en resoluciones ni, remotamente, en acciones públicas. 


      Un Estado fuerte para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, básicamente mineras. David Harvey nos explica en qué consiste la acumulación por desposesión[25]. Pero no explica qué tipo de Estado es necesario en países del Sur donde los movimientos han crecido hasta convertirse en amenaza para la acumulación. Lo vamos descubriendo sobre la marcha. Y lo primero que descubrimos es que mientras en la primera fase del neoliberalismo era el mercado el que orientaba la acumulación por desposesión, ahora esa tarea le incumbe al Estado, sea conservador, progresistas o partidario del “Socialismo del siglo XXI”. 


      Si la financierización del sistema puso fin al Estado benefactor, en el Sur la acumulación por desposesión frena y revierte el proceso de desarrollo por sustitución de importaciones. Más allá del color político de quienes administran el aparato estatal, son los megaemprendimientos mineros, los monocultivos y la explotación de los hidrocarburos lo que devuelve centralidad Estado. Pero no cualquier Estado, ni cualquier centralidad, sino aquella capaz de convertir a los movimientos en terroristas. O, en el menos agraviante de los casos (Lula, Mujica, Kirchner…), en obstáculos al progreso. En cualquier caso, enemigos a derrotar. 


      No solo. También un Estado capaz de controlar e integrar, de infiltrar la sociedad y sus organizaciones autónomas, un “Estado capilar” complemento del “Estado fuerte”. El gobierno ecuatoriano creó el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC), vinculado al registro impositivo. El registro obliga a todas las organizaciones a inscribirse de modo que el régimen tiene ahora información detallada y ha sido capaz de advertir a dirigentes campesinos e indígenas por no haber pagado los impuestos de sus organizaciones[26]. 


      El registro está bajo la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, un ministerio que nunca pidieron los movimientos y que se vuelve contra ellos, que según la directora del Registro le permite “saber dónde está la organización, a qué se dedica, para que participe en los programas y proyectos que le ofrece el RUOSC”[27]. A nivel local, el objetivo de la Secretaría es utilizar el registro para que “los gobiernos descentralizados puedan dirigir su accionar a las diferentes organizaciones en el ámbito social, económico, productivo”, lo que pasa por ir parroquia por parroquia, barrio por barrio para “ayudar” a las organizaciones de base[28]. 


      La última frase de De Oliveira en “El revés del revés”, destila todo el pesimismo y la rabia contenida por alguien toda su vida apostó por la izquierda: “Lula es una regresión política”[29]. No es fácil estar de acuerdo con su diagnóstico. Desde el punto de vista de las relaciones interestatales, el gobierno Lula ha sido un paso hacia el multilateralismo al impulsar a Brasil como potencia global y regional. Sin embargo, desde el punto de vista de los movimientos sociales y la lucha por la emancipación, nadie puede decir que haya habido avances. Por el contrario, los movimientos se han debilitado en todos los países que cuentan con gobiernos progresistas y de izquierda, con la excepción de Bolivia. Más aún: a la luz del debate que está promoviendo la revuelta árabe en América Latina, la sentencia de De Oliveira debe ser tenida en cuenta con el mayor rigor. 


      Notas: 


      [1] Jornadanet, 19 de febrero de 2011 en http://www.jornadanet.com/n.php?a=59813-1 
      [2] Idem. 
      [3] Agencia Reuters, 6 de julio de 2010. 
      [4] Cadena nacional del 1 de diciembre de 2007 del presidente Rafael Correa, en http://www.oilwatchsudamerica.org/Ecuador/ecuador-rafae....html 
      [5] Paulani, Leda “Capitalismo financeiro. Estado de emergência econômico e hegemonia às avessas no Brasil”, en Hegemonia às avessas, Francisco de Oliveira, Ruy Braga y Cibelle Rizek (orgs.), Sao Paulo, Boitempo, 2010, pp. 109-134. 
      [6] Idem p. 115. 
      [7] Idem p. 124. 
      [8] Idem p. 132. 
      [9] Dávalos, Pablo Alianza País o la reinvención de la derecha, Quito, 2010 (inédito), p. 215. 
      [10] Idem p. 77. 
      [11] Le Monde Diplomatique, enero de 2011, edición Cono Sur, entrevista de Ignacio Ramonet a Rafael Correa, p. 15. 
      [12] Alberto Acosta, “El uso de la justicia como mecanismo de terror”, ALAI, 4 de febrero de 2011. 
      [13] Revista Piauí, Rio de Janeiro/Sao Paulo, No. 37, octubre de 2009. 
      [14] De Oliveira, Francisco “Hegemonia às avessas”, en Hegemonia às avessas, ob cit p. 24. 
      [15] Este tema lo abordé en mi libro América Latina. Contrainsurgencia y pobreza, Desde Abajo, Bogotá, 2010 (editado también en México, Chile y Uruguay). 
      [16] De Oliveira, Francisco “Hegemonia às avessas”, ob cit p. 27. 
      [17] Para el caso de Ecuador puede consultarse Bretón Solo de Zaldívar, Víctor, Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos, Flacso, Quito, 2001. 
      [18] “Vale tem segundo mayor lucro”, Folha de Sao Paulo, 25 de febrero de 2011. 
      [19] Ver, Ospina Peralta, Pablo, Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana, Flacso, Quito, 2010 en www.flacsoandes.org/web/.../1263401619.Corporativismp.pdf 
      [20] Idem p. 5. 
      [21] Idem. 
      [22] Idem p. 13. 
      [23] El concepto de “posneoliberalismo” en Dávalos es opuesto al que defiende Emir Sader. Mientras éste sostiene que es una superación progresista del Consenso de Washington, Dávalos cree que se trata de una mera actualización en donde la centralidad del mercado cede su lugar al Estado. 
      [24] Dávalos, Pablo Alianza País o la reinvención de la derecha, ob cit p. 192. 
      [25] Harvey, David El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004. 
      [26] Idem p. 203. 
      [27] El Universo, Guayaquil, 29 de diciembre de 2010. 
      [28] Diario Crónica de Loja, 6 de marzo de 2011 en http://cronica.com.ec/index.php?option=com_content&view...id=56 
      [29] Revista Piauí, ob cit. 



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