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CEDSALA organiza una jornada para informar de la amenaza que se cierne sobre uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta
Los proyectos de megarrepresas y deforestación de la selva golpean la región argentina de Misiones
 
Enric Llopis
Rebelión
 
 
Más de un millón de turistas llegan todos los años a la provincia argentina de Misiones para disfrutar de las cataratas de Iguazú, uno de los principales destinos turísticos del mundo. Muchos de ellos desconocen que se encuentran en uno de los territorios del planeta más ricos en biodiversidad. Tal vez por ello, la región de Misiones –ubicada en la “triple frontera” entre Argentina, Brasil y Paraguay- es una pieza codiciada por las trasnacionales, que ven los cinco ríos de su entorno y su millón de hectáreas de selva como una buena oportunidad de negocio.
A analizar esta problemática ha dedicado una jornada el Centro de Solidaridad con América Latina y África (CEDSALA) de Valencia. El acto ha contado con la presencia de Raúl Aramendy, director de CEMEP-ADIS, organización que lleva más de una década trabajando en la agroecología, la defensa de la selva misionera y la educación y comunicación popular. Su principal iniciativa ha sido la creación de una “Multiversidad Popular”, la única de Argentina que impulsa una carrera de Técnico Superior en Agroecología para campesinos, indígenas y sectores populares.
Según Raúl Aramendy, “la provincia de Misiones se halla, si hablamos de geopolítica, en uno de los puntos calientes del planeta”. De entrada, por la presencia del acuífero Guaraní (la tercera reserva mundial de agua dulce). El hecho de que muchas de las nuevas guerras tendrán los recursos hídricos como motor y que sólo el 3% del agua del planeta sea dulce otorga a este reservorio un gran valor estratégico. Así lo percibe Estados Unidos. El comando sur del ejército norteamericano está presente de manera cíclica en la triple frontera, donde también ha establecido una base militar de inteligencia. La gran industria europea del agua ha puesto asimismo su mirada en el acuífero.
Una de las principales amenazas ambientales que pende sobre Misiones es la construcción de megarrepresas, con la coartada de aumentar la producción de energía eléctrica. Más de 40 grandes embalses se localizan en el territorio misionero y su entorno. Destaca, entre todas, la de Itaipú, en el río Paraná (la tercera del mundo tras las Tres Gargantas china y Assuán en Egipto). Pero lo más grave es que hay otras 15 en proyecto en el ámbito de la triple frontera. Las principales, conectadas, son Garabí y Panambí, ambas con abrumadora repulsa popular, que además tienen como fin satisfacer las necesidades de áreas industriales emplazadas fuera de Misiones.
Si los impactos ambientales y territoriales de las represas son bien conocidos, estas grandes infraestructuras llevan asociadas patologías que trascienden en menor medida y que se vinculan a la alteración del régimen de los ríos. Por ejemplo, la Leismaniasis, que afecta principalmente a los cánidos y a través de los mosquitos puede contagiarse a los humanos. La Esquistosomiasis, también denominada “enfermedad de las represas”, es otra patología incurable que llegó a América Latina junto con los grandes embalses y cuya propagación ha llegado hasta la frontera de la provincia misionera.
Tres ríos tan notables como el Paraná, el Uruguay y el Iguazú –en los que desembocan no menos de 800 cursos permanentes de agua- no podrían pasar inadvertidos a las grandes trasnacionales. De ahí que los ríos se hayan convertido en grandes hidrovías para transportar las materias primas (incluida el agua) extraídas de la región. Los productos de la agroindustria, los monocultivos como el te y el tabaco o la madera que resulta de la explotación forestal encuentran su medio de transporte en las hidrovías, que además requieren obras de adaptación de gran impacto ambiental.
Misiones cuenta con un 35% de superficie selvática sobre el total del territorio. Sin llegar a los extremos de la amazonía brasileña, la deforestación salvaje (entre 17.000 y 25.000 hectáreas anuales) está poniendo en serio riesgo la selva del Paraná, la quinta reserva de biodiversidad del planeta. Las talas arrasan la selva para el desarrollo del sector primario (agrícola y ganadero) y, sobre todo, para la industria maderera, que los capitalistas argentinos del sector han convertido en una actividad puramente extractiva, depredadora y muy lucrativa.
No menos nociva para la selva misionera es la plantación de pinos por dos razones. Porque se trata de una especie exótica, que amenaza la biodiversidad autóctona; y, sobre todo, por los intereses que esconde: la obtención de pasta de celulosa para la producción de papel. ¿Quién está detrás del negocio? La multinacional chilena Arauco, principal terrateniente además de la provincia de Misiones con cerca de 350.000 hectáreas.
Pero más allá de los impactos ambientales y sobre el territorio, estos métodos extractivos generan una tragedia social. “En una zona de riqueza natural incalculable, explica Raúl Aramendy, conviven la miseria y la maximización de beneficios empresariales; los más pobres entre los pobres son los indígenas guaranís; hay niños de esta etnia que aún mueren por desnutrición”. Organizados en 75 comunidades, los cerca de 7.000 guaranís Mby’a conservan en Misiones la “propiedad comunitaria” de la tierra, aunque para defender sus derechos tengan que embarcarse en batallas épicas. Como la que mantienen actualmente contra la Universidad de La Plata por la propiedad de 6.000 hectáreas de tierra. Su modo tradicional de vida, basado en la caza, la pesca y la recolección, está a punto de extinguirse en paralelo a la destrucción de la selva.
Un escalón por encima en la pirámide social se sitúan los obreros rurales y campesinos. Aunque ello no les exima de la pobreza extrema. Vale como ejemplo el monocultivo del tabaco, sector en el que trabajan 15.000 familias de Misiones, de las que 13.000 viven en situación paupérrima. El sector lo controlan en régimen de monopolio Philip Morris y la British American Tobacco a las que, si poco importan las condiciones laborales del proletariado agrícola, menos aún su estado de salud: el uso de herbicidas tóxicos ha producido en Misiones el índice de malformaciones congénitas más elevado de Argentina, entre otras razones, por los efectos del glifosato, un agrotóxico creado por la Monsanto. En esta coyuntura, los conflictos laborales, huelgas y cortes de ruta están a la orden del día.
¿Cuál es la respuesta de las organizaciones populares en una provincia que, pese a ser la penúltima de Argentina en extensión, cuenta con tanto valor estratégico? Hay motivos para la esperanza. A juicio de Aramendy, “está produciéndose una creciente articulación de los movimientos sociales a escala regional –Brasil, Argentina y Paraguay- que plantean la agroecología como alternativa al agronegocio y a la destrucción tanto de la selva del Paraná como del acuífero Guaraní”. Han tenido lugar ya dos grandes foros regionales en este sentido.
La campaña contra la construcción de la macrorrepresas de Garabí y Panambí centra buena parte de los esfuerzos. Hasta el momento se han recogido 50.000 firmas para exigir al gobierno de Misiones un plebiscito sobre su ejecución (el 88% de la población ya dijo que “no” a la construcción de la represa de Corpus). Pero los gobiernos de Brasil y Argentina manifiestan un fuerte empeño en desarrollar el proyecto de Garabí-Panambí, que en aún se halla en la fase de estudio de viabilidad. “Dilma Roussef y Cristina Kirchner han de cambiar una política que nos conduce al desastre; deben reflexionar y dejar de asumir el discurso empresarial que promueve las grandes represas en función de supuestas carencias energéticas”, concluye Raúl Aramendy.
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