[Pensamientoautonomo] Juicio Popular a Suez Roggio otra vict…

El Juicio Popular, devolvió la palabra a la gente humilde ¡¡¡


CONDENAN A SUEZ-ROGGIO (Aguas Cordobesas), FUNCIONARIOS Y COMPLICES ESTATALES

La lluviosa mañana del viernes 28 de marzo, no impidió que temprano se
fuera instalando el acampe popular de los damnificados de la
privatización del agua en Córdoba.

Se, largó con una chocolateada mientras los niños de las escuelas, con
sus obras de teatro, creaban el clima a la espera que se fuera
constituyendo el tribunal, al tiempo que lo cartelones espontáneos de
denuncias de las barriadas de la ciudad inundaban la principal plaza
de la ciudad.

Un momento emotivo se vivió cuando alumnos de la escuela Quebrada de
las Rosas y Mafequín representaron una teatralización sobre derechos
humanos y memoria.

Los humildes vecinos de los barrios que habitualmente recorren
desolados la plaza, se sintieron reivindicados al encontrar que sus
pares se organizaban para llegar de las barriadas al centro, en medio
de la llovizna y el frío, a atestiguar ante "su propia justicia",
junto a sus familias, con la convicción de que sus relatos y luchas,
irán cambiando "la otra injusticia" que genera la falta de agua,
saneamiento y la crisis hídrica de toda la provincia, generada por los
negociados de los gobernantes corruptos y las transnacionales.

Cerca del medio día ya estaba constituido el tribunal, sorteando el
frío reinante y la amenazante lluvia, los vecinos y los testigos, se
preparaban para una novedosa jornada de lucha contra la transnacional
Suez Roggio (Aguas Cordobesas) y sus cómplices, De La Sota,
Schiaretti, y los cuarenta legisladores que votaron prorrogar la
estafa que intentan sostener por veinte años mas.

El jurado, estuvo integrado por reconocidos luchadores Argentinos y de
países vecinos: Anahit Aharonian, de la comisión en defensa del Agua y
la Vida de Uruguay (CNDAV); El párroco del Santuario san Cayetano e
integrante del Movimiento Recuperar lo Nuestro, Nicolás Alessio; Oscar
Mengarelli, Secretario Gral. De la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA) Córdoba y la mesa promotora de la Constituyente Social
Argentina; Legisladora Liliana Olivero y Eduardo Salas por el bloque
parlamentario Frente de la Izquierda y los Trabajadores, y la
dirigente político social de Río IV (Córdoba), Solana López.

Como fiscal acusador, Gustavo Spedale de la Coordinadora Córdoba en
defensa del Agua y la Vida (CCODAV) y como defensor de la
transnacional Suez-Roggio y el gobierno provincial ante la ausencia de
los imputados, el compañero de la CCODAV, R. R.

Numerosas adhesiones y saludos, de diversas organizaciones y personas,
fueron leídas por Alba de la organización de DDHH Unidhos, relatora
del Juicio. Entre otras la de Oscar Olivera de la coordinadora por el
Agua y la Vida de Cochabamba (Bolivia) y uno de los protagonistas de
la guerra del agua en aquel pais hermano que se solidarizo con las
luchas de nuestro pueblo, la de Carlos "perro" Santillán y su
organización desde Jujuy, la de los compañeros del CESARC histórico,
que siempre nos acompaña en nuestras luchas.

La lectura de la acusación, puso blanco sobre negro en la
privatización del agua que por mas de 11 años a asolado a nuestra
provincia, y se puntualizaron los delitos que la transnacional Suez
Roggio, viene cometiendo contra el pueblo, como la demanda contra la
República Argentina en el CIADI (tribunal supranacional del Banco
Mundial) por mas de 2.200 millones de dólares incluida Córdoba (108
millones de dólares).

Entre otros puntos que destacó la fiscalia, son los tarifazos que
sufrieron y sufrirán los vecinos, a través de una perversa "formula
indexatoria secreta" combinada con rebajas en los metros cúbicos libre
de agua que significaran aumentos a lo largo del 2008 de entre un 300%
a 500%.

También se puntualizó la crisis hídrica reinante en la provincia de
Córdoba, donde mas de 12 localidades, ya no tienen agua corriente
potable y 10 barrios de la ciudad carecen del vital elemento.

Se desprendió de la acusación, cual será la "fachada de pública y con
participación de los trabajadores" que se pretenderá dar a la retirada
de la Suez del grupo Aguas Cordobesas mediante una mascarada de
empresa mixta que ya esta en marcha.

Por todo ello, la fiscalía acusó al Estado provincial, por asociación
ilícita con Aguas Cordobesas Suez Roggio, violación de los deberes de
funcionario público y enriquecimiento ilícito y a los legisladores que
votaron el contrato vigente por el delito de "infame traición a la
patria".

Dramáticos fueron los testimonios de los vecinos, escuchados
atentamente por el público y el jurado:

Claudia, de Villa Campo de la Rivera, afirmaba que no poseía agua y
los niños disputaban ese líquido a veces con los animales que usan
para trabajar (caballos) e indicó que debían caminar 6 cuadras o más
con un tacho cargado con 20 litros para abastecer mínimamente el hogar.

Víctor, de barrio Comercial, a su turno, señalaba que su familia pasó
más de 11 años acarreando el agua con baldes, en tanto, que recibían
intimaciones del pago por parte de Aguas Cordobesas.

Ambos a su tiempo, demostraron que al conectarse por su propia cuenta
a la red junto a otros vecinos no hacían más que poner en práctica de
manera solidaria y organizadamente el derecho a la vida que es el
derecho al agua.

Otro testimonio conmovedor, fue de un vecino de barrio Patricios, que
relató la situación generada por la contaminación con nitratos y
nitritos por la mezcla del agua de pozo que proviene de una
cooperativa, con la de Aguas Cordobesas.

La contaminación fue corroborada por un estudio de la Universidad
Nacional de Córdoba que debió ser pagado por los mismos afectados,
quienes también debieron afrontar los costos de abogados para
presentar reclamos, sin que fueran escuchados ni siquiera por la
justicia, que no hizo lugar a un recurso de amparo.

A pesar de estas penurias, sufren también discriminación, ya que pagan
doble tarifa, por un lado a Aguas Cordobesas y por otro lado a la
Cooperativa del barrio, pero lo grave es que esta situación se
multiplica en más de 150.000 personas.

No menos dramático fue el testimonio aportado por 2 de las víctimas de
la feroz represión del 29 de noviembre de 2006, cuando se aprobó el
contrato (Minuta Addenda) con Suez-Roggio en la Legislatura, que dejó
más de 30 heridos y numerosos detenidos, entre ellos niños.

Cuando el aroma del guiso que se desprendía de la olla popular que
preparaban los vecinos, convocaba a un cuarto intermedio, munidos de
la declaración y documentación entregada por los testigos, el jurado
paso a deliberar.

El cuarto intermedio fue ocasión propicia para que los presentes
fraternalmente, intercambiaran opiniones con los integrantes del
Movimiento Campesino, los compañeros llegados de Jujuy y las numerosas
organizaciones y vecinos que participaban del acampe y el juicio,
acordando planes de articulación para las luchas que se avecinan.

La sentencia no se hizo esperar y tras las deliberaciones, el jurado
encontró a la empresa Suez Roggio, culpable de asociación ilícita
para apoderarse de fondos del estado; discriminación en carácter
gravísimo, culpable de poner en riesgo la vida y salud de barrios
enteros y responsable del mega emprendimiento Puerto San Roque (a
través de su controlada Roggio y cadena de casinos CET), que entre
otros contaminantes baja la cota del dique san Roque 3 metros por 100
años (fuente de abastecimiento del agua de Córdoba) para sus
negociados inmobiliarios y timbas.

El jurado encontró culpable al Estado provincial y al ERSEP por
asociación ilícita con Aguas Cordobesas, violación de los deberes de
funcionario público, enriquecimiento ilícito, a los legisladores que
votaron el contrato, por el delito de "infame traición a la patria"
(Art. 29 de la Constitución Nacional), Incitación a la violencia al
promover la represión y privación ilegítima de la libertad, además de
lesiones y tentativa de homicidio por los hechos ocurridos el 29 de
noviembre del 2006; Malversación de fondos públicos, exacciones
(coimas); intimidaciones y violaciones reiteradas a los derechos
humanos.

Asimismo condenó enfáticamente a cualquier organización pública,
privada o personas que intenten desviar con falsas opciones, la justas
demandas y luchas del pueblo, por la recuperación de sus bienes
comunes y se compromete a desenmascarar públicamente y aportar pruebas
de estas acciones divisionistas, que mediante las mascaradas de
fundaciones, organizaciones sociales, cooperativas, académicos,
Universidades u ONG ligadas a las transnacionales o grupos económicos,
son funcionales y cómplices del saqueo de nuestros bienes comunes.

La sentencia emitida por el jurado y sus puntos más salientes:

Ordena al Estado nacional el rechazo de la demanda en el CIADI y la
ruptura con dicho organismo, el desconocimiento de los Tratados
Bilaterales de Inversión (TBI) contraídos por el gobierno de Carlos
Menem y que continúan vigentes a pesar de estar vencidos, ya que Suez
exige 108 millones de dólares por el "caso Córdoba" y más de 2200
millones de dólares a la Nación Argentina.

Ordena al Estado provincial la inmediata anulación del contrato con
Suez-Roggio; La expropiación de sus bienes y los de los funcionarios
involucrados para indemnizar al pueblo de Córdoba.

Ordena y responsabiliza al Estado provincial, de la suspensión
inmediata de los tarifazos, que a través de formulas secretas, que
intentan consagrar a lo largo del 2008 y hasta la finalización del
contrato con la Transnacional Suez y su controlada Roggio.

Ordena al estado Municipal, el cumplimento inmediato de lo decidido
por el pueblo Cordobés (80% de los votos por el no al contrato
vigente) en la consulta popular del 2 de septiembre del 2007,
convocada por el consejo deliberante y el Ejecutivo Municipal por el
contrato del agua.

En virtud de lo enunciado anteriormente:

Ordena a los poderes del estado: la inmediata creación de una Empresa
Estatal de Agua y Saneamiento, Integrada Provincialmente, Publica
Comunitaria y bajo Gestión de Trabajadores y Usuarios.

Una vez leída la sentencia, el jurado tuvo oportunidad de expresarse
sobre los fundamentos de la misma. Resultaron como una enseñanza y
advertencia para todos, las palabras de la compañera Uruguaya Anahit
Aharonian, que dijo que a pesar de la enmienda que incorporo el
derecho humano al agua y la no privatización de las empresas en la
Constitución Nacional del Uruguay, hoy en el departamento de Maldonado
(Punta del Este), el agua esta en manos de una empresa mixta, por lo
que la CNDAV, junto al pueblo Uruguayo, continúan en la lucha en pos
de una empresa Estatal y Publica.

Así, y tras la marcha a la legislatura (que como siempre, se
encontraba vallada por cualquier reclamo popular) El juicio se
transformaba en un hecho real y expeditivo, cuando las voces de los
sin voz se hacían sentir con fuerza en una escena dramática que no es
más que la realidad de todos los días y la justicia empezaba a estar
en manos de la gente. Esas escenas desnudaron en el centro de la
ciudad, con todos los detalles, la injusticia a que los ha sometido la
discriminación de una empresa privada transnacional que se apoderó del
agua. Un derecho de todos.

La unidad construida y demostrada por tod@s en estas jornadas y las
resoluciones adoptadas, serán plataforma de lucha para todos los que
estuvieron presentes y a los que les llegue esta sentencia popular.

Así los pueblos vamos construyendo en unidad y desde abajo, poder
popular, como catalizador que impulse la victoria.

Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida CCODAV