[Paesibaschiliberi] [Behatokia-cast] boletín nº28 del Observ…

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Author: Behatokia
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Subject: [Paesibaschiliberi] [Behatokia-cast] boletín nº28 del Observatorio Vasco de Derechos Humanos
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/banner.jpg>
Tortura: informe de AI sobre impunidad
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#tortura>
Amnistía Internacional subraya periódicamente la persistencia de la
tortura en el Estado español. En su informe anual referente al año 2006
hace especial referencia a los cinco días de incomunicación,
prorrogables hasta los trece, que contempla la legalidad española para
los detenidos.

Gorka Lupiañez torturado
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#gorka>
El joven de Durango Gorka Lupiañez fue detenido por la Guardia Civil el
seis de enero en un control de la Guardia Civil en Berriz, cuando se
desplazaba a pie. Tras ser conducido al cuartel de La Salve bajo régimen
de incomunicación. Lupiañez se encontraba en libertad provisional y
estaba previsto que fuera juzgado en enero bajo la acusación de
participar en varios actos de sabotaje, motivo por el que había sido
detenido ya en dos ocasiones. En ambos casos denunció haber padecido
torturas.

Presos enfermos
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#presosenfermos>
Gotzone López de Luzuriaga
Son nueve los presos vascos que padecen enfermedades graves e incurables
y que se encuentran objetivamente en disposición de ser excarcelados al
cumplir las condiciones impuestas para ello en el artículo 92 del Código
Penal.

ANÁLISIS:
Seis meses tras el fracaso del proceso de negociación
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#analisis>.
Julen Arzuaga, Coordinador de Behatokia

    
Sumario 18/98:
Cientos de años por actividades mercantiles, sociales, políticas,
culturales
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#sumario1898>
La Audiencia Nacional hizo pública, por fin y tras la filtración en
prensa de gran parte de su contenido, la sentencia en el Sumario 18/98,
comunicada el 19 de diciembre del 2007.

Encarcelamiento de la mesa nacional de Batasuna: ¿derechos políticos?
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#encarcelamiento>
Con la detención de Juan Mari Olano tras una manifestación brutalmente
atacada por la brigada móvil de la Policía Autonómica Vasca el 9 de
septiembre y que causó docenas de heridos en una jornada festiva se dio
el pistoletazo de salida definitivo a esta nueva dinámica.

Garzón envía a prisión a Marije Fullaondo
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#garzon>
Precisamente una de las recurrentes por la ilegalización de Herritarren
Zerrenda ante el Tribunal de Estrasburgo, Marije Fullaondo, fue detenida
el 18 de diciembre en una operación llevada a cabo por el magistrado de
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Estrasburgo admite a trámite el recurso de Batasuna por su ilegalización
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#estrasburgo>
A principios de Diciembre se confirmó que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos analizará los recursos de Herri Batasuna y Batasuna,
así como por Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), las plataformas
locales y Herritarren Zerrenda (HZ), contra su ilegalización en
aplicación de la Ley de Partidos Políticos.

:: Tortura: informe de AI sobre impunidad
Amnistía Internacional subraya periódicamente la persistencia de la
tortura en el Estado español. En su informe anual referente al año 2006
hace especial referencia a los cinco días de incomunicación,
prorrogables hasta los trece, que contempla la legalidad española para
los detenidos. El organismo internacional destaca que durante el citado
período de incomunicación, "personas detenidas acusados de presunta
relación con ETA, denunciaron haber sufrido torturas". Al hilo de ello,
destacaron que pese a que Estado español ha ratificado el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura, «mantuvo practicas
condenadas por el relator especial de Naciones Unidas por considerar que
aumentaban el riesgo de tortura y maltrato».

AI subraya que «en muchos casos» de tortura y malos tratos «quedan
impunes y no son motivo de investigaciones sistemáticas e
independientes». Precisamente, la impunidad aparecerá especialmente
recalcada en el informe hecho público en noviembre de este año, "Sal en
la Herida", y que, refiriéndose exclusivamente al estado español recoge
casos en que es paradigmática la deficiente investigación judicial, la
falta de adopción de medidas disciplinarias o se han emitido indultos
gubernamentales a los torturadores.

En concreto, recoge dos casos en los que Behatokia ha sido especialmente
activo: en el de Joxe Arregi, muerto bajo tortura el 13 de febrero de
1981, fueron 73 los policías implicados, de los cuales cinco fueron
inicialmente detenidos, pero debido a la fuerte presión que ejercieron
sus superiores, realizando para ello un plante, tan sólo dos fueron
juzgados y al final condenados. Amnistía Internacional menciona los
ascensos en el cargo de uno de ellos, Gil Rubiales, pero no es sólo él
sino los cinco quienes han ocupado u ocupan altos cargos. Por ejemplo,
el otro condenado, Julián Marín, es también comisario principal y está
destinado como Agregado de Interior en la embajada de Quito, en Ecuador.
Los otros tres policías inicialmente encausados fueron también
rápidamente promocionados.

En cuanto al segundo caso mencionado en el informe de AI, el de Kepa
Urra, dos de los condenados, que fueron indultados en 1999 después de
ser recibidos por Aznar en la Moncloa, ocupaban ya entonces puestos de
importancia estratégica: Manuel Sánchez Corbí, que ascendió a capitán en
pleno curso del proceso por torturas, y una vez indultado fue nombrado
de inmediato comandante, era el responsable de la coordinación con
Francia en la lucha antiterrorista, y José María de las Cuevas Carretero
estaba destinado en la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia
Civil. Carretero recibió como representante de la Policía Judicial a los
miembros del CPT del Consejo de Europa que realizaron una visita a
España en 2001. Las autoridades eligieron precisamente a un torturador
condenado e indultado para recibir a un prestigioso organismo para la
prevención de la tortura. Ese absoluto desprecio lo han vuelto a
demostrar al incumplir de modo flagrante la resolución del Comité contra
la Tortura de la ONU en referencia a Kepa Urra, que instó al Estado
español a «velar por que en la práctica se impongan penas adecuadas a
los autores de actos de tortura, y asegurar al autor una reparación
completa». Ninguna acción exigida por el Comité para que se repare a la
víctima de la tortura ha sido puesta en marcha por parte del Estado español.

* volver al sumario*
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>

:: Gorka Lupiañez torturado

El joven de Durango Gorka Lupiañez fue detenido por la Guardia Civil el
seis de enero en un control de la Guardia Civil en Berriz, cuando se
desplazaba a pie. Tras ser conducido al cuartel de La Salve bajo régimen
de incomunicación. Lupiañez se encontraba en libertad provisional y
estaba previsto que fuera juzgado en enero bajo la acusación de
participar en varios actos de sabotaje, motivo por el que había sido
detenido ya en dos ocasiones. En ambos casos denunció haber padecido
torturas.

La incomunicación se mantuvo por un período de cinco días bajo custodia
del instituto armado y siete días más después de ser ingresado en
prisión, en aplicación de la reforma de 2003 por la que -en contra de
las recomendaciones internacionales- se amplia la extensión del periodo
de incomunicación. El joven hizo un relato escalofriante del trato
recibido, especificando que comenzaron los golpes nada más ser detenido
"sobre todo en los testículos", y que una vez fue trasladado a Madrid le
fue aplicada me aplicaron la "bolsa" durante más de 50 veces al día.
También relató que fue obligado a hacer "miles de flexiones", en dos
ocasiones le hicieron "la bañera" y que fue violado en una ocasión con
un palo. Relató que un Guardia Civil "me ató los testículos y el pene
con una cuerda, y se puso a estirar. También me estiraba con la mano. En
un momento empecé a sangrar del pene". El testimonio integro se puede
encontrar en www.behatokia.info

Las presuntas medidas de prevención que en otros casos han podido tener
cierta capacidad disuasoria han mostrado su ineficacia absoluta,
precisamente porque su petición es voluntaria, aleatoria y anecdótica.
El régimen de incomunicación recientemente reformado para ser más
extenso, y con ello más efectivo, muestra todas sus virtualidades.
Tampoco ha sido eficaz la denuncia pública por el silencio de los
partidos políticos, los creadores de opinión o los grandes media. La
tortura se mantiene sistemática y sus testimonios, ocultos por el
silencio cómplice.

*volver al sumario
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*

:: Presos enfermos: Gotzone López de Luzuriaga

Son nueve los presos vascos que padecen enfermedades graves e incurables
y que se encuentran objetivamente en disposición de ser excarcelados al
cumplir las condiciones impuestas para ello en el artículo 92 del Código
Penal.

López de Luzuriaga que ha cumplido ya 18 años fue diagnosticada de
Carcinoma Ductal Infiltrante de Mama -cáncer de mama- a principios de
este año. El 21 de junio de 2007 fue intervenida quirúrgicamente tras lo
que el servicio de oncología del Hospital de Jaen que la trata
prescribió tratamiento de Radioterapia locorregional. Desde el comienzo,
las dificultadas para llevar a cabo este tratamiento están siendo una
constante: condiciones inhumanas de traslado, retrasos e inasistencias a
las sesiones programadas...

A esta situación habría que añadir que López de Luzuriaga se encuentra
en prisión a 700 kilómetros de su lugar de origen, lo cual dificulta la
asistencia por médicos de su confianza. La propia dirección de la
prisión de Jaén abrió un expediente con la confirmación del diagnóstico
de cáncer de mama y planteó su excarcelación por motivos de salud.

Sin embargo, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la
Audiencia Nacional, encargado de conocer del estado de la presa vasca y
de su posible excarcelación hizo público un auto el pasado día 16 de
Noviembre. Su titular, el juez José Luis Castro, admitió la gravedad de
la enfermedad pero denegó su puesta en libertad por considerar que la
prisión no le perjudica, en contra el criterio de los médicos. En
efecto, los dos diagnósticos médicos en manos del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria -uno aportado por la doctora de confianza de la presa Dra.
Mati Iturralde y otro por el subdirector médico de la cárcel de Jaén-
establecen que Gotzone López de Luzuriaga debe ser excarcelada para
poder recibir un tratamiento adecuado al cáncer de mama que se le
diagnosticó en junio.

El Juzgado se justifica para ello en la "imposibilidad de garantizar
mínimamente un pronóstico siquiera dudoso sobre `su dificultad para
delinquir y escasa peligrosidad del sujeto'». Además de estas razones de
reincidencia, improbable en el estado en que se encuentra López de
Luzuriaga, el juez considera que "no ha demostrado arrepentimiento ni
voluntad de pedir perdón a las víctimas". Estos dos argumentos son
absolutamente ajenos al procedimiento instituido por el artículo 92,
referido exclusivamente a cuestiones médicas. El último argumento que
utilizó el juez, este sí, haciendo referencia a su estado clínico, el
magistrado se refería a que "no consta que la estancia en la cárcel
incida negativamente en su evolución".

*volver al sumario
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*

:: Sumario 18/98: Cientos de años por actividades mercantiles, sociales,
políticas, culturales

La Audiencia Nacional hizo pública, por fin y tras la filtración en
prensa de gran parte de su contenido, la sentencia en el Sumario 18/98,
comunicada el 19 de diciembre del 2007. En virtud de ella han sido
declaradas ilegales y disueltas varias empresas mercantiles, los medios
de comunicación Egin y Egin Irratia, y la organización política Ekin, la
asociación Europea Xaki para la solidaridad internacional y la Fundación
de fomento del movimiento asociativo vasco Joxemi Zumalabe. Además, se
condena a 47 personas, por su condición de miembros de las mencionadas
empresas o asociaciones, a penas que suman en total 525 años de prisión,
como integrantes, dirigentes o colaboradores de la banda terrorista ETA.

La sentencia, además de presentar párrafos enteros de informes
policiales, está plagada de apriorismos, prejuicios, de interpretaciones
retorcidas e interesadas para justificar la conclusión de que, como
Garzón afirmó en la instrucción, "todo es ETA": «ni KAS, ni Ekin, ni
Xaki, constituyen una organización armada; éstas carecen de armas, pues
su utilización no constituía su cometido, sino el del brazo armado de
ETA, pero dichas estructuras participan de lleno en la unidad
organizativa y estructural de la organización terrorista ETA». Asímismo,
sobre los procesados en relación a las empresas del grupo Orain,
editoras de Egin y Egin Irratia han caído las penas más altas, el
tribunal intenta justificar su decisión ligando las actividades
dirigidas a editar un periódico, y las destinadas a eludir la asfixia
económica a la que estaba siendo sometido, con una supuesta dependencia
de ETA. Y la ponente de la sentencia, Ángela Murillo afirma para ello
que ni siquiera le hacían falta pruebas para sustentar esa acusación:
"basta con saber leer".

Como observadores internacionales ya han hecho público, esta sentencia
"significa la normalización de una cultura jurídica de emergencia o
excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales
difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema
democrático". Así, para ellos la sentencia "se enmarca en una
estrategia, más global y de larga duración, de criminalización del
ejercicio del derecho de opinión, reunión, manifestación, entre de
otras, de un sector importante de la sociedad vasca".

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<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*

:: Encarcelamiento de la mesa nacional de Batasuna: ¿derechos políticos?

Con la detención de Juan Mari Olano tras una manifestación brutalmente
atacada por la brigada móvil de la Policía Autonómica Vasca el 9 de
septiembre y que causó docenas de heridos en una jornada festiva se dio
el pistoletazo de salida definitivo a esta nueva dinámica. La acusación
no se basaba en los incidentes, ni en la supuesta ilegalidad de la
manifestación: el delito señalado por el juez Baltasar Garzón consiste
en "reiteración delictiva" por la continuación de sus actividades como
portavoz del organismo pro Amnistía Askatasuna. Olano estuvo junto con
otros 13 miembros de esta asociación en prisión preventiva durante
cuatro años sin que, a día de hoy, se haya celebrado juicio por su
actividad política, sin duda molesta para el estado, pero que se reduce
a la denuncia de la represión y de la impunidad. El juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón, ocupado de la investigación de estos casos
olvidó prolongar la suspensión de actividades de este organismo desde
febrero de 2007, por lo que hoy en día se puede considerar que esa
prohibición está levantada por la propia negligencia del juez.

Unas semanas después se detuvo a Ohiana Agirre de la misma organización
antirrepresiva Askatasuna y a Joseba Alvarez, responsable de
internacionales de Batasuna.

Periódicos próximos al gobierno habían anunciado esta nueva estrategia.
El 9 de septiembre el diario "El País", señalaba que «El Gobierno está
respondiendo al reto etarra de modo `implacable', en expresión del
presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esa decisión se traduce en que
no sólo va a atacar al aparato militar de ETA, sino también a la cúpula
política, que participó en el proceso de diálogo, y a sus organizaciones
afines, aseguran fuente gubernamentales». El 30 del mismo mes, el
periódico "Público", se refería a esta dinámica represiva contra
organismos independencias subrayando que «el Gobierno espera que antes
de las elecciones gran parte de sus líderes estén en prisión».

Con el ambiente caldeado y respondiendo sin empaques esa voluntad del
ejecutivo, una veintena de dirigentes de la izquierda abertzale fueron
detenidos el 4 de octubre por la Policía española, que desplegó un gran
operativo policial y tomó por completo Segura, pequeño localidad de
Gipuzkoa donde se disponían a celebrar una reunión. Otras dos personas
serían detenidas con posterioridad, todas ellas en régimen de
incomunicación, si bien el trato que recibieron fue correcto.

La cobertura jurídica nuevamente fue a cargo del juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón. Según su justificación, por auto del 7 de
octubre, "el entramado terrorista liderado por ETA actúa con vocación
fagocitadora y depredadora de todo el espectro conocido como izquierda
abertzale", espacio que Batasuna "sin lugar a dudas ha procurado y
procura instrumentalizar y aprovechar para instalarse en él". La
conclusión del argumento es - siguiendo la cita literal - "esta
tendencia expansiva de Batasuna bajo los auspicios de ETA es evidente y
puede producir efectos en otras organizaciones a las que eventualmente
puede colonizar y respecto de las cuales podrá actuarse, en su caso, en
el momento en que haya indicios bastantes para ello, pero no antes". En
conclusión, toda la izquierda abertzale es potencialmente ETA y contra
ella se actuará en el futuro.

En colusión con Garzón, el Ministro de Interior, Sr. Rubalcaba declaró
que «Batasuna está reorganizándose para apoyar a ETA, pura y
simplemente». «Y eso es lo que el Estado no va a consentir», sentenció.

Esta operación, basada única y exclusivamente en la actividad política
de los miembros de Batasuna recibió en medios de comunicación
internacional el apelativo de "operación de venganza". Con independencia
de los principios procesales que se transgredan, de la legalidad o
ilegalidad con que se ejecutan estas operaciones policiales, fueraparte
de los presuntos "fundamentos de derecho" empleados, lo que queda es una
política de persecución y de acoso a las ideas. Y aunque se sigue
utilizando la policía y el sistema judicial como válvula de escape ante
coyunturas políticas, esta actuación represiva no queda al margen de los
ojos de observadores internacionales y de mecanismos e instrumentos de
derechos humanos.

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<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*

:: Garzón envía a prisión a Marije Fullaondo

Precisamente una de las recurrentes por la ilegalización de Herritarren
Zerrenda ante el Tribunal de Estrasburgo, Marije Fullaondo, fue detenida
el 18 de diciembre en una operación llevada a cabo por el magistrado de
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Cuando su abogada se puso en
comunicación con la Audiencia Nacional se le negó cualquier tipo de
información, alegando que las diligencias se encontraban bajo secreto.
Tras tres días de detención incomunicada fue enviada a prisión bajo la
acusación de "integración en organización terrorista y de reiteración
delictiva". En su auto, el juez enlaza a Fullaondo con los partidos
políticos EAE-ANV y EHAK, hoy legales y con representatividad en
municipios vascos el primero de ellos y en el Parlamento autonómico
vasco el segundo. El Magistrado afirma que "abrirá un análisis más
profundo" sobre estas organizaciones. Fullaondo había participado horas
antes en una entrevista en la que afirmaba que "la foto de estos últimos
días nos enseña un recrudecimiento enorme del conflicto entre Euskal
Herria y el Estado español y en ese contexto político se explican las
acciones represivas del Estado y las de ETA". La razón del arresto,
según la orden judicial, se enmarcaría dentro de la operación iniciada
por la Policía española el pasado 4 de octubre en Segura en la que se
detuvo a buena parte de la dirección de Batasuna.

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<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*

:: Estrasburgo admite a trámite el recurso de Batasuna por su ilegalización

A principios de Diciembre se confirmó que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos analizará los recursos de Herri Batasuna y Batasuna,
así como por Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), las plataformas
locales y Herritarren Zerrenda (HZ), contra su ilegalización en
aplicación de la Ley de Partidos Políticos. Estos recursos fueron
planteados por la defensa de los partidos independentistas ante el
Tribunal de Estrasburgo, una vez agotada la vía judicial del sistema
judicial español, por considerar que se habían vulnerado los artículos
10, relativo al derecho a la libertad de expresión y 11, referente a la
libertad de reunión y de asociación, de la Convención de Roma.

La defensa del Estado español habría justificado la ilegalización
alegando que los demandantes «constituían una amenaza para los derechos
del hombre, la democracia y el pluralismo». Se apoyó para ello en la
tesis promovida por el juez Baltasar Garzón de que «todo es ETA»
interpretando que «la creación de Batasuna y de Herri Batasuna responde
a la estrategia de ETA de desdoblar sus ejes de actividad».

Ante estas posiciones enfrentadas el máximo Tribunal para la salvaguarda
de los Derechos Humanos resuelve que «a la luz del conjunto de los
argumentos de las partes, que estas quejas plantean cuestiones serias de
hecho y de Derecho que no pueden resolverse en este estadio pero que
necesitan un examen a fondo».

En cuanto a la valoración de esta primera resolución, mientras las
defensas muestran una "prudente satisfacción" el estado considera que no
hay problema por estar «cargado de razones». En cualquier caso, viendo
las estadísticas, el Tribunal de Estrasburgo sólo acepta a trámite el
1,5% de los recursos, aprobando finalmente el 80% de ellos.

Ahora se abre una nueva fase en la causa, en la que, en primer lugar,
ambas partes podrán presentar, si así lo consideran pertinente, nuevas
alegaciones. Proceso que resultará asimismo extenso, pero que tiene la
virtualidad de restablecer los derechos políticos más básicos en Euskal
Herria.

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<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*

:: ANALISIS:
Seis meses tras el fracaso del proceso de negociación.
Julen Arzuaga, Coordinador de Behatokia

Antes del verano se dio definitivamente por terminado el proceso de
negociación sobre el futuro del conflicto vasco. La metodología de
debate político presentaba un diseño de dos mesas, la primera entre la
organización ETA y el Gobierno español en la que se enfrentaría
cuestiones relativas a cuestión armada y la otra mesa, entre los
partidos Batasuna, PNV y PSE para desbloquear la parte política del
conflicto vasco, cuyos nudos gordianos son el reconocimiento del
territorio vasco al sur de los Pirineos y su derecho a decidir su futuro
con igualdad para todos los proyectos políticos.

Así, si bien parece evidente que el motivo del desacuerdo y ruptura de
las negociaciones son cuestiones de orden política, discrepancia en los
contenidos, las formas han tenido una gran importancia. Mientras el
Estado hizo público el resultado positivo de un proceso de verificación
por el cual ETA había desactivado sus expresiones de violencia, el
Estado no ha desactivado ni por un minuto su accionar represivo durante
las conversaciones políticas, accionar que se encuentra además en
oposición a estándares básicos de derechos humanos y de libertades
fundamentales a las que el estado se ha comprometido voluntariamente en
un sinfín de tratados y convenios internacionales. Se ha mantenido la
ilegalización de partidos políticos; se ha imposibilitando que un gran
vector social pueda presentarse en las elecciones o pueda ejercer el
derecho de voto; se ha sometido a suspensión de actividades a los
movimientos políticos y sociales vascos y mantenido los juicios contra
sus activistas públicos; la presencia de efectivos militares -ejercito y
Guardia Civil- en las calles y carreteras vascas ha sido constante, en
lo que constituye hoy el territorio más militarizado de Europa
occidental; se ha ejercido una creciente presión contra el colectivo de
presos políticos con antiguas medidas -dispersión en las cárceles de
todo el territorio del estado español y francés, cumplimiento integro de
las penas hasta los 40 años, imposibilidad de excarcelación para presos
enfermos... - y con el diseño de otras nuevas -la conocida como doctrina
Parot que niega el ejercicio del derecho a la libertad tras haber
cumplido la condena o la fabricación de nuevas acusaciones como en el
caso Iñaki de Juana...-; no se ha variado ni un ápice la estructura
antiterrorista apuntalada por el PP con el régimen de detención
incomunicada y con las competencias de la Audiencia Nacional como punta
de lanza... En definitiva, y tal y como reconocía el propio PSOE, el
estado nunca estuvo en tregua y tal y como denunciaron organismos
vascos, hoy en el ojo del huracán, secundados por instituciones y
observadores internacionales, el Estado español no quiso asumir las
condiciones mínimas, unos mínimos democráticos básicos, para enfrentar
un proceso de superación de todas las violencias y de resolución
política del conflicto vasco.

Así, tras el verano se ha multiplicado una dinámica que ya se preveía,
se ha desbocado una brutal actividad represiva, que reproducimos en este
boletín. "El Estado está preparado para este combate" dice el Guerrero,
antes Zapatero, y vuelve a sus antiguos castillos, para exhibir sus
obsoletas armas: las políticas -la Constitución española, camisa de
fuerza de la legalidad española- y las represivas -Garzón desde la
Audiencia Nacional, el régimen de incomunicación, el sistema
penitenciario...-. Sacando músculo.

No parecen buenos momentos para los movimientos críticos, disidentes, de
oposición ante un sistema encastillado y que se maneja mejor que con
argumentos verbales con los que le proporciona toda la batería de
medidas represivas -ordinarias o excepcionales- de la que se ha ido
dotando los últimos años. Ciertamente, dibujar una estrategia de
respuesta ante la represión es una de las necesidades imperiosas de los
movimientos sociales, en Euskal Herria, en el Estado español y en casi
toda Europa.

*volver al sumario
<http://www.behatokia.info/docs/boletinak/boletinberria/islada.htm#>*






:: ISLADA ::




















Tortura:
                      informe de AI sobre impunidad

Amnist&iacute;a Internacional
                      subraya peri&oacute;dicamente la persistencia de la tortura 
                      en el Estado espa&ntilde;ol. En su informe anual referente 
                      al a&ntilde;o 2006 hace especial referencia a los cinco 
                      d&iacute;as de incomunicaci&oacute;n, prorrogables hasta 
                      los trece, que contempla la legalidad espa&ntilde;ola para 
                      los detenidos. 


Gorka Lupia&ntilde;ez torturado
El joven de Durango Gorka
                      Lupia&ntilde;ez fue detenido por la Guardia Civil el seis 
                      de enero en un control de la Guardia Civil en Berriz, cuando 
                      se desplazaba a pie. Tras ser conducido al cuartel de La 
                      Salve bajo r&eacute;gimen de incomunicaci&oacute;n. Lupia&ntilde;ez 
                      se encontraba en libertad provisional y estaba previsto 
                      que fuera juzgado en enero bajo la acusaci&oacute;n de participar 
                      en varios actos de sabotaje, motivo por el que hab&iacute;a 
                      sido detenido ya en dos ocasiones. En ambos casos denunci&oacute; 
                      haber padecido torturas.


Presos enfermos
Gotzone L&oacute;pez de Luzuriaga

                      Son nueve los presos vascos que padecen enfermedades graves 
                      e incurables y que se encuentran objetivamente en disposici&oacute;n 
                      de ser excarcelados al cumplir las condiciones impuestas 
                      para ello en el art&iacute;culo 92 del C&oacute;digo Penal. 



                      AN&Aacute;LISIS:

Seis meses tras el fracaso del proceso
                      de negociaci&oacute;n
.
Julen Arzuaga, Coordinador
                      de Behatokia








Sumario
                      18/98:

Cientos de a&ntilde;os por actividades
                      mercantiles, sociales, pol&iacute;ticas, culturales

La Audiencia Nacional hizo
                      p&uacute;blica, por fin y tras la filtraci&oacute;n en prensa 
                      de gran parte de su contenido, la sentencia en el Sumario 
                      18/98, comunicada el 19 de diciembre del 2007. 


Encarcelamiento de la mesa nacional
                      de Batasuna: &iquest;derechos pol&iacute;ticos?

Con la detenci&oacute;n de
                      Juan Mari Olano tras una manifestaci&oacute;n brutalmente 
                      atacada por la brigada m&oacute;vil de la Polic&iacute;a 
                      Auton&oacute;mica Vasca el 9 de septiembre y que caus&oacute; 
                      docenas de heridos en una jornada festiva se dio el pistoletazo 
                      de salida definitivo a esta nueva din&aacute;mica. 


Garz&oacute;n env&iacute;a a prisi&oacute;n
                      a Marije Fullaondo

Precisamente una de las recurrentes
                      por la ilegalizaci&oacute;n de Herritarren Zerrenda ante 
                      el Tribunal de Estrasburgo, Marije Fullaondo, fue detenida 
                      el 18 de diciembre en una operaci&oacute;n llevada a cabo 
                      por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garz&oacute;n. 



Estrasburgo admite a tr&aacute;mite
                      el recurso de Batasuna por su ilegalizaci&oacute;n

A principios de Diciembre
                      se confirm&oacute; que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
                      analizar&aacute; los recursos de Herri Batasuna y Batasuna, 
                      as&iacute; como por Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), 
                      las plataformas locales y Herritarren Zerrenda (HZ), contra 
                      su ilegalizaci&oacute;n en aplicaci&oacute;n de la Ley de 
                      Partidos Pol&iacute;ticos. 











:: Tortura: informe de
              AI sobre impunidad

Amnist&iacute;a Internacional subraya peri&oacute;dicamente
              la persistencia de la tortura en el Estado espa&ntilde;ol. En su 
              informe anual referente al a&ntilde;o 2006 hace especial referencia 
              a los cinco d&iacute;as de incomunicaci&oacute;n, prorrogables hasta 
              los trece, que contempla la legalidad espa&ntilde;ola para los detenidos. 
              El organismo internacional destaca que durante el citado per&iacute;odo 
              de incomunicaci&oacute;n, &#8220;personas detenidas acusados de 
              presunta relaci&oacute;n con ETA, denunciaron haber sufrido torturas&#8221;. 
              Al hilo de ello, destacaron que pese a que Estado espa&ntilde;ol 
              ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convenci&oacute;n contra 
              la Tortura, &laquo;mantuvo practicas condenadas por el relator especial 
              de Naciones Unidas por considerar que aumentaban el riesgo de tortura 
              y maltrato&raquo;. 

AI subraya que &laquo;en muchos
              casos&raquo; de tortura y malos tratos &laquo;quedan impunes y no 
              son motivo de investigaciones sistem&aacute;ticas e independientes&raquo;. 
              Precisamente, la impunidad aparecer&aacute; especialmente recalcada 
              en el informe hecho p&uacute;blico en noviembre de este a&ntilde;o, 
              &#8220;Sal en la Herida&#8221;, y que, refiri&eacute;ndose exclusivamente 
              al estado espa&ntilde;ol recoge casos en que es paradigm&aacute;tica 
              la deficiente investigaci&oacute;n judicial, la falta de adopci&oacute;n 
              de medidas disciplinarias o se han emitido indultos gubernamentales 
              a los torturadores. 

En concreto, recoge dos casos
              en los que Behatokia ha sido especialmente activo: en el de Joxe 
              Arregi, muerto bajo tortura el 13 de febrero de 1981, fueron 73 
              los polic&iacute;as implicados, de los cuales cinco fueron inicialmente 
              detenidos, pero debido a la fuerte presi&oacute;n que ejercieron 
              sus superiores, realizando para ello un plante, tan s&oacute;lo 
              dos fueron juzgados y al final condenados. Amnist&iacute;a Internacional 
              menciona los ascensos en el cargo de uno de ellos, Gil Rubiales, 
              pero no es s&oacute;lo &eacute;l sino los cinco quienes han ocupado 
              u ocupan altos cargos. Por ejemplo, el otro condenado, Juli&aacute;n 
              Mar&iacute;n, es tambi&eacute;n comisario principal y est&aacute; 
              destinado como Agregado de Interior en la embajada de Quito, en 
              Ecuador. Los otros tres polic&iacute;as inicialmente encausados 
              fueron tambi&eacute;n r&aacute;pidamente promocionados. 

En cuanto al segundo caso
              mencionado en el informe de AI, el de Kepa Urra, dos de los condenados, 
              que fueron indultados en 1999 despu&eacute;s de ser recibidos por 
              Aznar en la Moncloa, ocupaban ya entonces puestos de importancia 
              estrat&eacute;gica: Manuel S&aacute;nchez Corb&iacute;, que ascendi&oacute; 
              a capit&aacute;n en pleno curso del proceso por torturas, y una 
              vez indultado fue nombrado de inmediato comandante, era el responsable 
              de la coordinaci&oacute;n con Francia en la lucha antiterrorista, 
              y Jos&eacute; Mar&iacute;a de las Cuevas Carretero estaba destinado 
              en la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia Civil. Carretero 
              recibi&oacute; como representante de la Polic&iacute;a Judicial 
              a los miembros del CPT del Consejo de Europa que realizaron una 
              visita a Espa&ntilde;a en 2001. Las autoridades eligieron precisamente 
              a un torturador condenado e indultado para recibir a un prestigioso 
              organismo para la prevenci&oacute;n de la tortura. Ese absoluto 
              desprecio lo han vuelto a demostrar al incumplir de modo flagrante 
              la resoluci&oacute;n del Comit&eacute; contra la Tortura de la ONU 
              en referencia a Kepa Urra, que inst&oacute; al Estado espa&ntilde;ol 
              a &laquo;velar por que en la pr&aacute;ctica se impongan penas adecuadas 
              a los autores de actos de tortura, y asegurar al autor una reparaci&oacute;n 
              completa&raquo;. Ninguna acci&oacute;n exigida por el Comit&eacute; 
              para que se repare a la v&iacute;ctima de la tortura ha sido puesta 
              en marcha por parte del Estado espa&ntilde;ol.


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:: Gorka Lupia&ntilde;ez torturado

El joven de Durango Gorka Lupia&ntilde;ez
              fue detenido por la Guardia Civil el seis de enero en un control 
              de la Guardia Civil en Berriz, cuando se desplazaba a pie. Tras 
              ser conducido al cuartel de La Salve bajo r&eacute;gimen de incomunicaci&oacute;n. 
              Lupia&ntilde;ez se encontraba en libertad provisional y estaba previsto 
              que fuera juzgado en enero bajo la acusaci&oacute;n de participar 
              en varios actos de sabotaje, motivo por el que hab&iacute;a sido 
              detenido ya en dos ocasiones. En ambos casos denunci&oacute; haber 
              padecido torturas.

La incomunicaci&oacute;n
              se mantuvo por un per&iacute;odo de cinco d&iacute;as bajo custodia 
              del instituto armado y siete d&iacute;as m&aacute;s despu&eacute;s 
              de ser ingresado en prisi&oacute;n, en aplicaci&oacute;n de la reforma 
              de 2003 por la que &#8211;en contra de las recomendaciones internacionales- 
              se amplia la extensi&oacute;n del periodo de incomunicaci&oacute;n. 
              El joven hizo un relato escalofriante del trato recibido, especificando 
              que comenzaron los golpes nada m&aacute;s ser detenido &#8220;sobre 
              todo en los test&iacute;culos&#8221;, y que una vez fue trasladado 
              a Madrid le fue aplicada me aplicaron la &quot;bolsa&quot; durante 
              m&aacute;s de 50 veces al d&iacute;a. Tambi&eacute;n relat&oacute; 
              que fue obligado a hacer &quot;miles de flexiones&quot;, en dos 
              ocasiones le hicieron &quot;la ba&ntilde;era&quot; y que fue violado 
              en una ocasi&oacute;n con un palo. Relat&oacute; que un Guardia 
              Civil &#8220;me at&oacute; los test&iacute;culos y el pene con una 
              cuerda, y se puso a estirar. Tambi&eacute;n me estiraba con la mano. 
              En un momento empec&eacute; a sangrar del pe
ne&#8221;. El
              testimonio integro se puede encontrar en www.behatokia.info

Las presuntas medidas de
              prevenci&oacute;n que en otros casos han podido tener cierta capacidad 
              disuasoria han mostrado su ineficacia absoluta, precisamente porque 
              su petici&oacute;n es voluntaria, aleatoria y anecd&oacute;tica. 
              El r&eacute;gimen de incomunicaci&oacute;n recientemente reformado 
              para ser m&aacute;s extenso, y con ello m&aacute;s efectivo, muestra 
              todas sus virtualidades. Tampoco ha sido eficaz la denuncia p&uacute;blica 
              por el silencio de los partidos pol&iacute;ticos, los creadores 
              de opini&oacute;n o los grandes media. La tortura se mantiene sistem&aacute;tica 
              y sus testimonios, ocultos por el silencio c&oacute;mplice. 


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:: Presos enfermos: Gotzone L&oacute;pez de
              Luzuriaga


Son nueve los presos vascos que padecen
              enfermedades graves e incurables y que se encuentran objetivamente 
              en disposici&oacute;n de ser excarcelados al cumplir las condiciones 
              impuestas para ello en el art&iacute;culo 92 del C&oacute;digo Penal.

L&oacute;pez de Luzuriaga que
              ha cumplido ya 18 a&ntilde;os fue diagnosticada de Carcinoma Ductal 
              Infiltrante de Mama -c&aacute;ncer de mama- a principios de este 
              a&ntilde;o. El 21 de junio de 2007 fue intervenida quir&uacute;rgicamente 
              tras lo que el servicio de oncolog&iacute;a del Hospital de Jaen 
              que la trata prescribi&oacute; tratamiento de Radioterapia locorregional. 
              Desde el comienzo, las dificultadas para llevar a cabo este tratamiento 
              est&aacute;n siendo una constante: condiciones inhumanas de traslado, 
              retrasos e inasistencias a las sesiones programadas&#8230; 

A esta situaci&oacute;n habr&iacute;a
              que a&ntilde;adir que L&oacute;pez de Luzuriaga se encuentra en 
              prisi&oacute;n a 700 kil&oacute;metros de su lugar de origen, lo 
              cual dificulta la asistencia por m&eacute;dicos de su confianza. 
              La propia direcci&oacute;n de la prisi&oacute;n de Ja&eacute;n abri&oacute; 
              un expediente con la confirmaci&oacute;n del diagn&oacute;stico 
              de c&aacute;ncer de mama y plante&oacute; su excarcelaci&oacute;n 
              por motivos de salud. 

Sin embargo, el Juzgado Central
              de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, encargado 
              de conocer del estado de la presa vasca y de su posible excarcelaci&oacute;n 
              hizo p&uacute;blico un auto el pasado d&iacute;a 16 de Noviembre. 
              Su titular, el juez Jos&eacute; Luis Castro, admiti&oacute; la gravedad 
              de la enfermedad pero deneg&oacute; su puesta en libertad por considerar 
              que la prisi&oacute;n no le perjudica, en contra el criterio de 
              los m&eacute;dicos. En efecto, los dos diagn&oacute;sticos m&eacute;dicos 
              en manos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria -uno aportado por 
              la doctora de confianza de la presa Dra. Mati Iturralde y otro por 
              el subdirector m&eacute;dico de la c&aacute;rcel de Ja&eacute;n- 
              establecen que Gotzone L&oacute;pez de Luzuriaga debe ser excarcelada 
              para poder recibir un tratamiento adecuado al c&aacute;ncer de mama 
              que se le diagnostic&oacute; en junio. 

El Juzgado se justifica
              para ello en la &#8220;imposibilidad de garantizar m&iacute;nimamente 
              un pron&oacute;stico siquiera dudoso sobre `su dificultad para delinquir 
              y escasa peligrosidad del sujeto'&raquo;. Adem&aacute;s de estas 
              razones de reincidencia, improbable en el estado en que se encuentra 
              L&oacute;pez de Luzuriaga, el juez considera que &#8220;no ha demostrado 
              arrepentimiento ni voluntad de pedir perd&oacute;n a las v&iacute;ctimas&#8221;. 
              Estos dos argumentos son absolutamente ajenos al procedimiento instituido 
              por el art&iacute;culo 92, referido exclusivamente a cuestiones 
              m&eacute;dicas. El &uacute;ltimo argumento que utiliz&oacute; el 
              juez, este s&iacute;, haciendo referencia a su estado cl&iacute;nico, 
              el magistrado se refer&iacute;a a que &#8220;no consta que la estancia 
              en la c&aacute;rcel incida negativamente en su evoluci&oacute;n&#8221;. 



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:: Sumario 18/98: Cientos de a&ntilde;os por
              actividades mercantiles, sociales, pol&iacute;ticas, culturales


La Audiencia Nacional hizo p&uacute;blica,
              por fin y tras la filtraci&oacute;n en prensa de gran parte de su 
              contenido, la sentencia en el Sumario 18/98, comunicada el 19 de 
              diciembre del 2007. En virtud de ella han sido declaradas ilegales 
              y disueltas varias empresas mercantiles, los medios de comunicaci&oacute;n 
              Egin y Egin Irratia, y la organizaci&oacute;n pol&iacute;tica Ekin, 
              la asociaci&oacute;n Europea Xaki para la solidaridad internacional 
              y la Fundaci&oacute;n de fomento del movimiento asociativo vasco 
              Joxemi Zumalabe. Adem&aacute;s, se condena a 47 personas, por su 
              condici&oacute;n de miembros de las mencionadas empresas o asociaciones, 
              a penas que suman en total 525 a&ntilde;os de prisi&oacute;n, como 
              integrantes, dirigentes o colaboradores de la banda terrorista ETA. 


La sentencia, adem&aacute;s de
              presentar p&aacute;rrafos enteros de informes policiales, est&aacute; 
              plagada de apriorismos, prejuicios, de interpretaciones retorcidas 
              e interesadas para justificar la conclusi&oacute;n de que, como 
              Garz&oacute;n afirm&oacute; en la instrucci&oacute;n, &#8220;todo 
              es ETA&#8221;: &laquo;ni KAS, ni Ekin, ni Xaki, constituyen una 
              organizaci&oacute;n armada; &eacute;stas carecen de armas, pues 
              su utilizaci&oacute;n no constitu&iacute;a su cometido, sino el 
              del brazo armado de ETA, pero dichas estructuras participan de lleno 
              en la unidad organizativa y estructural de la organizaci&oacute;n 
              terrorista ETA&raquo;. As&iacute;mismo, sobre los procesados en 
              relaci&oacute;n a las empresas del grupo Orain, editoras de Egin 
              y Egin Irratia han ca&iacute;do las penas m&aacute;s altas, el tribunal 
              intenta justificar su decisi&oacute;n ligando las actividades dirigidas 
              a editar un peri&oacute;dico, y las destinadas a eludir la asfixia 
              econ&oacute;mica a la que estaba siendo sometido, con una supuesta 
              dependencia de ETA. Y la ponente de la sentencia, &Aacute;ngela 
              Murillo afirma para ello que ni siquiera le hac&iacute;an falta 
              pruebas para sustentar esa acusaci&oacute;n: &#8220;basta con saber 
              leer&#8221;. 

Como observadores internacionales
              ya han hecho p&uacute;blico, esta sentencia &#8220;significa la 
              normalizaci&oacute;n de una cultura jur&iacute;dica de emergencia 
              o excepcionalidad, en la cual se establecen responsabilidades penales 
              difusas y colectivas, absolutamente incompatibles con un sistema 
              democr&aacute;tico&#8221;. As&iacute;, para ellos la sentencia &#8220;se 
              enmarca en una estrategia, m&aacute;s global y de larga duraci&oacute;n, 
              de criminalizaci&oacute;n del ejercicio del derecho de opini&oacute;n, 
              reuni&oacute;n, manifestaci&oacute;n, entre de otras, de un sector 
              importante de la sociedad vasca&#8221;. 


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:: Encarcelamiento de la mesa nacional de Batasuna:
              &iquest;derechos pol&iacute;ticos? 


Con la detenci&oacute;n de Juan Mari
              Olano tras una manifestaci&oacute;n brutalmente atacada por la brigada 
              m&oacute;vil de la Polic&iacute;a Auton&oacute;mica Vasca el 9 de 
              septiembre y que caus&oacute; docenas de heridos en una jornada 
              festiva se dio el pistoletazo de salida definitivo a esta nueva 
              din&aacute;mica. La acusaci&oacute;n no se basaba en los incidentes, 
              ni en la supuesta ilegalidad de la manifestaci&oacute;n: el delito 
              se&ntilde;alado por el juez Baltasar Garz&oacute;n consiste en &#8220;reiteraci&oacute;n 
              delictiva&#8221; por la continuaci&oacute;n de sus actividades como 
              portavoz del organismo pro Amnist&iacute;a Askatasuna. Olano estuvo 
              junto con otros 13 miembros de esta asociaci&oacute;n en prisi&oacute;n 
              preventiva durante cuatro a&ntilde;os sin que, a d&iacute;a de hoy, 
              se haya celebrado juicio por su actividad pol&iacute;tica, sin duda 
              molesta para el estado, pero que se reduce a la denuncia de la represi&oacute;n 
              y de la impunidad. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz&oacute;n, 
              ocupado de la investigaci&oacute;n de estos casos olvid&oacute; 
              prolongar la suspensi&oacute;n de actividades de este organismo 
              desde febrero de 2007, por lo que hoy en d&iacute;a se puede considerar 
              que esa prohibici&oacute;n est&aacute; levantada por la propia negligencia 
              del juez. 

Unas semanas despu&eacute;s se
              detuvo a Ohiana Agirre de la misma organizaci&oacute;n antirrepresiva 
              Askatasuna y a Joseba Alvarez, responsable de internacionales de 
              Batasuna. 

Peri&oacute;dicos pr&oacute;ximos
              al gobierno hab&iacute;an anunciado esta nueva estrategia. El 9 
              de septiembre el diario &quot;El Pa&iacute;s&quot;, se&ntilde;alaba 
              que &laquo;El Gobierno est&aacute; respondiendo al reto etarra de 
              modo `implacable', en expresi&oacute;n del presidente Jos&eacute; 
              Luis Rodr&iacute;guez Zapatero. Esa decisi&oacute;n se traduce en 
              que no s&oacute;lo va a atacar al aparato militar de ETA, sino tambi&eacute;n 
              a la c&uacute;pula pol&iacute;tica, que particip&oacute; en el proceso 
              de di&aacute;logo, y a sus organizaciones afines, aseguran fuente 
              gubernamentales&raquo;. El 30 del mismo mes, el peri&oacute;dico 
              &quot;P&uacute;blico&quot;, se refer&iacute;a a esta din&aacute;mica 
              represiva contra organismos independencias subrayando que &laquo;el 
              Gobierno espera que antes de las elecciones gran parte de sus l&iacute;deres 
              est&eacute;n en prisi&oacute;n&raquo;. 


              Con el ambiente caldeado y respondiendo sin empaques esa voluntad 
              del ejecutivo, una veintena de dirigentes de la izquierda abertzale 
              fueron detenidos el 4 de octubre por la Polic&iacute;a espa&ntilde;ola, 
              que despleg&oacute; un gran operativo policial y tom&oacute; por 
              completo Segura, peque&ntilde;o localidad de Gipuzkoa donde se dispon&iacute;an 
              a celebrar una reuni&oacute;n. Otras dos personas ser&iacute;an 
              detenidas con posterioridad, todas ellas en r&eacute;gimen de incomunicaci&oacute;n, 
              si bien el trato que recibieron fue correcto. 


              La cobertura jur&iacute;dica nuevamente fue a cargo del juez de 
              la Audiencia Nacional Baltasar Garz&oacute;n. Seg&uacute;n su justificaci&oacute;n, 
              por auto del 7 de octubre, &#8220;el entramado terrorista liderado 
              por ETA act&uacute;a con vocaci&oacute;n fagocitadora y depredadora 
              de todo el espectro conocido como izquierda abertzale&#8221;, espacio 
              que Batasuna &#8220;sin lugar a dudas ha procurado y procura instrumentalizar 
              y aprovechar para instalarse en &eacute;l&#8220;. La conclusi&oacute;n 
              del argumento es &#8211; siguiendo la cita literal &#8211; &#8220;esta 
              tendencia expansiva de Batasuna bajo los auspicios de ETA es evidente 
              y puede producir efectos en otras organizaciones a las que eventualmente 
              puede colonizar y respecto de las cuales podr&aacute; actuarse, 
              en su caso, en el momento en que haya indicios bastantes para ello, 
              pero no antes&#8221;. En conclusi&oacute;n, toda la izquierda abertzale 
              es potencialmente ETA y contra ella se actuar&aacute; en el futuro.


              En colusi&oacute;n con Garz&oacute;n, el Ministro de Interior, Sr. 
              Rubalcaba declar&oacute; que &laquo;Batasuna est&aacute; reorganiz&aacute;ndose 
              para apoyar a ETA, pura y simplemente&raquo;. &laquo;Y eso es lo 
              que el Estado no va a consentir&raquo;, sentenci&oacute;. 


              Esta operaci&oacute;n, basada &uacute;nica y exclusivamente en la 
              actividad pol&iacute;tica de los miembros de Batasuna recibi&oacute; 
              en medios de comunicaci&oacute;n internacional el apelativo de &#8220;operaci&oacute;n 
              de venganza&#8221;. Con independencia de los principios procesales 
              que se transgredan, de la legalidad o ilegalidad con que se ejecutan 
              estas operaciones policiales, fueraparte de los presuntos &#8220;fundamentos 
              de derecho&#8221; empleados, lo que queda es una pol&iacute;tica 
              de persecuci&oacute;n y de acoso a las ideas. Y aunque se sigue 
              utilizando la polic&iacute;a y el sistema judicial como v&aacute;lvula 
              de escape ante coyunturas pol&iacute;ticas, esta actuaci&oacute;n 
              represiva no queda al margen de los ojos de observadores internacionales 
              y de mecanismos e instrumentos de derechos humanos. 


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              :: Garz&oacute;n env&iacute;a a prisi&oacute;n a Marije Fullaondo


Precisamente una de las recurrentes
              por la ilegalizaci&oacute;n de Herritarren Zerrenda ante el Tribunal 
              de Estrasburgo, Marije Fullaondo, fue detenida el 18 de diciembre 
              en una operaci&oacute;n llevada a cabo por el magistrado de la Audiencia 
              Nacional Baltasar Garz&oacute;n. Cuando su abogada se puso en comunicaci&oacute;n 
              con la Audiencia Nacional se le neg&oacute; cualquier tipo de informaci&oacute;n, 
              alegando que las diligencias se encontraban bajo secreto. Tras tres 
              d&iacute;as de detenci&oacute;n incomunicada fue enviada a prisi&oacute;n 
              bajo la acusaci&oacute;n de &quot;integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n 
              terrorista y de reiteraci&oacute;n delictiva&quot;. En su auto, 
              el juez enlaza a Fullaondo con los partidos pol&iacute;ticos EAE-ANV 
              y EHAK, hoy legales y con representatividad en municipios vascos 
              el primero de ellos y en el Parlamento auton&oacute;mico vasco el 
              segundo. El Magistrado afirma que &quot;abrir&aacute; un an&aacute;lisis 
              m&aacute;s profundo&quot; sobre estas organizaciones. Fullaondo 
              hab&iacute;a participado horas antes en una entrevista en la que 
              afirmaba que &quot;la foto de estos &uacute;ltimos d&iacute;as nos 
              ense&ntilde;a un recrudecimiento enorme del conflicto entre Euskal 
              Herria y el Estado espa&ntilde;ol y en ese contexto pol&iacute;tico 
              se explican las acciones represivas del Estado y las de ETA&quot;. 
              La raz&oacute;n del arresto, seg&uacute;n la orden judicial, se 
              enmarcar&iacute;a dentro de la operaci&oacute;n iniciada por la 
              Polic&iacute;a espa&ntilde;ola el pasado 4 de octubre en Segura 
              en la que se detuvo a buena parte de la direcci&oacute;n de Batasuna. 



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:: Estrasburgo admite a tr&aacute;mite el recurso
              de Batasuna por su ilegalizaci&oacute;n


A principios de Diciembre se confirm&oacute;
              que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizar&aacute; los 
              recursos de Herri Batasuna y Batasuna, as&iacute; como por Autodeterminaziorako 
              Bilgunea (AuB), las plataformas locales y Herritarren Zerrenda (HZ), 
              contra su ilegalizaci&oacute;n en aplicaci&oacute;n de la Ley de 
              Partidos Pol&iacute;ticos. Estos recursos fueron planteados por 
              la defensa de los partidos independentistas ante el Tribunal de 
              Estrasburgo, una vez agotada la v&iacute;a judicial del sistema 
              judicial espa&ntilde;ol, por considerar que se hab&iacute;an vulnerado 
              los art&iacute;culos 10, relativo al derecho a la libertad de expresi&oacute;n 
              y 11, referente a la libertad de reuni&oacute;n y de asociaci&oacute;n, 
              de la Convenci&oacute;n de Roma. 


              La defensa del Estado espa&ntilde;ol habr&iacute;a justificado la 
              ilegalizaci&oacute;n alegando que los demandantes &laquo;constitu&iacute;an 
              una amenaza para los derechos del hombre, la democracia y el pluralismo&raquo;. 
              Se apoy&oacute; para ello en la tesis promovida por el juez Baltasar 
              Garz&oacute;n de que &laquo;todo es ETA&raquo; interpretando que 
              &laquo;la creaci&oacute;n de Batasuna y de Herri Batasuna responde 
              a la estrategia de ETA de desdoblar sus ejes de actividad&raquo;.


              Ante estas posiciones enfrentadas el m&aacute;ximo Tribunal para 
              la salvaguarda de los Derechos Humanos resuelve que &laquo;a la 
              luz del conjunto de los argumentos de las partes, que estas quejas 
              plantean cuestiones serias de hecho y de Derecho que no pueden resolverse 
              en este estadio pero que necesitan un examen a fondo&raquo;. 


              En cuanto a la valoraci&oacute;n de esta primera resoluci&oacute;n, 
              mientras las defensas muestran una &#8220;prudente satisfacci&oacute;n&#8221; 
              el estado considera que no hay problema por estar &laquo;cargado 
              de razones&raquo;. En cualquier caso, viendo las estad&iacute;sticas, 
              el Tribunal de Estrasburgo s&oacute;lo acepta a tr&aacute;mite el 
              1,5% de los recursos, aprobando finalmente el 80% de ellos. 


              Ahora se abre una nueva fase en la causa, en la que, en primer lugar, 
              ambas partes podr&aacute;n presentar, si as&iacute; lo consideran 
              pertinente, nuevas alegaciones. Proceso que resultar&aacute; asimismo 
              extenso, pero que tiene la virtualidad de restablecer los derechos 
              pol&iacute;ticos m&aacute;s b&aacute;sicos en Euskal Herria.


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              :: ANALISIS: 

              Seis meses tras el fracaso del proceso de negociaci&oacute;n.

              Julen Arzuaga, Coordinador de Behatokia


Antes del verano se dio definitivamente
              por terminado el proceso de negociaci&oacute;n sobre el futuro del 
              conflicto vasco. La metodolog&iacute;a de debate pol&iacute;tico 
              presentaba un dise&ntilde;o de dos mesas, la primera entre la organizaci&oacute;n 
              ETA y el Gobierno espa&ntilde;ol en la que se enfrentar&iacute;a 
              cuestiones relativas a cuesti&oacute;n armada y la otra mesa, entre 
              los partidos Batasuna, PNV y PSE para desbloquear la parte pol&iacute;tica 
              del conflicto vasco, cuyos nudos gordianos son el reconocimiento 
              del territorio vasco al sur de los Pirineos y su derecho a decidir 
              su futuro con igualdad para todos los proyectos pol&iacute;ticos. 


As&iacute;, si bien parece evidente
              que el motivo del desacuerdo y ruptura de las negociaciones son 
              cuestiones de orden pol&iacute;tica, discrepancia en los contenidos, 
              las formas han tenido una gran importancia. Mientras el Estado hizo 
              p&uacute;blico el resultado positivo de un proceso de verificaci&oacute;n 
              por el cual ETA hab&iacute;a desactivado sus expresiones de violencia, 
              el Estado no ha desactivado ni por un minuto su accionar represivo 
              durante las conversaciones pol&iacute;ticas, accionar que se encuentra 
              adem&aacute;s en oposici&oacute;n a est&aacute;ndares b&aacute;sicos 
              de derechos humanos y de libertades fundamentales a las que el estado 
              se ha comprometido voluntariamente en un sinf&iacute;n de tratados 
              y convenios internacionales. Se ha mantenido la ilegalizaci&oacute;n 
              de partidos pol&iacute;ticos; se ha imposibilitando que un gran 
              vector social pueda presentarse en las elecciones o pueda ejercer 
              el derecho de voto; se ha sometido a suspensi&oacute;n de actividades 
              a los movimientos pol&iacute;ticos y sociales vascos y mantenido 
              los juicios contra sus activistas p&uacute;blicos; la presencia 
              de efectivos militares &#8211;ejercito y Guardia Civil- en las calles 
              y carreteras vascas ha sido constante, en lo que constituye hoy 
              el territorio m&aacute;s militarizado de Europa occidental; se ha 
              ejercido una creciente presi&oacute;n contra el colectivo de presos 
              pol&iacute;ticos con antiguas medidas &#8211;dispersi&oacute;n en 
              las c&aacute;rceles de todo el territorio del estado espa&ntilde;ol 
              y franc&eacute;s, cumplimiento integro de las penas hasta los 40 
              a&ntilde;os, imposibilidad de excarcelaci&oacute;n para presos enfermos&#8230; 
              - y con el dise&ntilde;o de otras nuevas &#8211;la conocida como 
              doctrina Parot que niega el ejercicio del derecho a la libertad 
              tras haber cumplido la condena o la fabricaci&oacute;n de nuevas 
              acusaciones como en el caso I&ntilde;aki de Juana...-; no se ha 
              variado ni un &aacute;pice la estructura antiterrorista apuntalada 
              por el PP con el r&eacute;gimen de detenci&oacute;n incomunicada 
              y con las competencias de la Audiencia Nacional como punta de lanza&#8230; 
              En definitiva, y tal y como reconoc&iacute;a el propio PSOE, el 
              estado nunca estuvo en tregua y tal y como denunciaron organismos 
              vascos, hoy en el ojo del hurac&aacute;n, secundados por instituciones 
              y observadores internacionales, el Estado espa&ntilde;ol no quiso 
              asumir las condiciones m&iacute;nimas, unos m&iacute;nimos democr&aacute;ticos 
              b&aacute;sicos, para enfrentar un proceso de superaci&oacute;n de 
              todas las violencias y de resoluci&oacute;n pol&iacute;tica del 
              conflicto vasco. 

As&iacute;, tras el verano se
              ha multiplicado una din&aacute;mica que ya se preve&iacute;a, se 
              ha desbocado una brutal actividad represiva, que reproducimos en 
              este bolet&iacute;n. &#8220;El Estado est&aacute; preparado para 
              este combate&#8221; dice el Guerrero, antes Zapatero, y vuelve a 
              sus antiguos castillos, para exhibir sus obsoletas armas: las pol&iacute;ticas 
              &#8211;la Constituci&oacute;n espa&ntilde;ola, camisa de fuerza 
              de la legalidad espa&ntilde;ola- y las represivas &#8211;Garz&oacute;n 
              desde la Audiencia Nacional, el r&eacute;gimen de incomunicaci&oacute;n, 
              el sistema penitenciario&#8230;-. Sacando m&uacute;sculo. 

No parecen buenos momentos
              para los movimientos cr&iacute;ticos, disidentes, de oposici&oacute;n 
              ante un sistema encastillado y que se maneja mejor que con argumentos 
              verbales con los que le proporciona toda la bater&iacute;a de medidas 
              represivas &#8211;ordinarias o excepcionales- de la que se ha ido 
              dotando los &uacute;ltimos a&ntilde;os. Ciertamente, dibujar una 
              estrategia de respuesta ante la represi&oacute;n es una de las necesidades 
              imperiosas de los movimientos sociales, en Euskal Herria, en el 
              Estado espa&ntilde;ol y en casi toda Europa. 


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