Hacemos público el siguiente texto de la Comisión Civil de Observación
por los Derechos Humanos (CCIODH) para recoger firmas de adhesión tanto
individuales como colectivas. Se pueden enviar a la siguiente dirección:
cciodh@???
A Diez Años de Acteal
El 22 de diciembre de 1997 un grupo paramilitar disparó de manera
indiscriminada en el interior de una iglesia de la comunidad de Acteal,
Chiapas. Las balas se llevaron la vida de 45 indígenas totziles: 16
niñas, niños y adolescentes, 20 mujeres y 9 hombres. 7 de las mujeres
estaban embarazadas.
Las personas masacradas pertenecían a un grupo civil conocido como Las
Abejas, dedicado a defender sus derechos como pueblos indígenas. El día
en que fueron brutalmente asesinados se encontraban reunidos orando por
la paz para su comunidad y otras vecinas, desplazadas por apoyar al EZLN
(Ejército Zapatista de Liberación Nacional).
En los últimos diez años, Acteal evoca distintos lugares, con diversos
protagonistas y con diferentes vulneraciones de derechos humanos. En
Atenco, en Oaxaca, en Guerrero, en la Ciudad de México, en Ciudad
Juárez
; mujeres y hombres, indígenas y mestizos, periodistas,
estudiantes, defensoras y defensores de derechos humanos, campesinas y
campesinos...; feminicidio, desapariciones forzosas, detenciones
ilegales, trabajo infantil, ataques contra la integridad física,
psicológica y sexual, vulneración del derecho a la identidad cultural,
del derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, a un
juicio con todas las garantías, a los derechos de participación política
Pese a los intentos de los sucesivos gobiernos mexicanos de presentar
tales vulneraciones como episodios aislados, por un lado, y, por otro,
como fruto de la confrontación entre particulares o entre comunidades
rivales, su reiteración y su envergadura apuntan a causas de tipo
estructural y a responsabilidades institucionales concretas.
Las graves vulneraciones de derechos humanos en México son consecuencia
directa de un entramado de factores marcadamente interrelacionados que
se pueden situar en tres ámbitos distintos: a) la consolidación de un
modelo socio-económico profundamente desigual, incapaz de satisfacer las
necesidades básicas de la mayor parte de la población, pese a que la
economía mexicana se sitúa entre las más poderosas del planeta ; b) la
inexistencia o extrema debilidad de los canales que hacen posible una
participación política amplia, consciente y determinante; c) la
impunidad que penetra los diferentes cuerpos de seguridad y el ejército
mexicanos vinculada a la falta de independencia del poder judicial.
En tal contexto, la responsabilidad debe atribuirse principalmente a las
instituciones mexicanas: los informes y recomendaciones realizados por
distintos relatores especiales de Naciones Unidas, por la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos así como los pronunciamientos
promovidos desde el Parlamento Europeo, o las denuncias de distintas
organizaciones de defensa de los derechos humanos (Amnistía
Internacional, Human Rights Watch... no han logrado provocar en los
distintos gobiernos más que tímidos y teatrales gestos, cuando no la
negación más rotunda o el silencio más indiferente.
La CCIODH
En el contexto recién descrito, la Comisión Civil Internacional de
Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) quiere seguir amplificando
la voz de los testimonios de las vulneraciones de derechos humanos en
México. En este sentido, amparada en la legitimidad que le otorga el
trabajo realizado en cinco misiones de observación (entre febrero de
1998 y mayo de 2007), la CCIODH considera obligado recordar que,
desgraciadamente, siguen teniendo vigencia las denuncias y
recomendaciones efectuadas tras cada una de las visitas realizadas (a
Chiapas, las tres primeras, a Atenco, la cuarta, y la última a Oaxaca).
A juicio de la CCIODH, la vigencia de los derechos humanos en México
depende de la superación de una serie de poderosos obstáculos, entre los
que cabe destacar:
1)Una situación de profunda descomposición política y de preocupante
desestructuración social. Las esferas institucionales no logran, por
falta de voluntad, asegurar la vigencia del Estado de Derecho, y en tal
contexto son las capas más desfavorecidas de la sociedad, y
especialmente las comunidades indígenas, quienes sufren las
consecuencias de una situación generalizada de violencia y de impunidad.
2)Una estrategia jurídica y política cuyo principal objetivo es lograr
el control y la desarticulación de la población civil en zonas donde se
desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter
social no partidista. Se han documentado numerosos casos de negación de
los derechos de reunión, manifestación y de la libertad de expresión e
informativa, por medio de un uso de la fuerza policial y militar abusiva
e indiscriminada.
En ocasiones, han formado parte de esta estrategia grupos de civiles
armados o paramilitares responsables de desapariciones forzadas,
lesiones y muertes que a día de hoy siguen impunes.
3)Una patente ausencia de voluntad de los representantes gubernamentales
a la hora de hallar salidas dialogadas a los conflictos. Frecuentemente,
han sido las propias instituciones las que han alentado, por acción u
omisión, los enfrentamientos entre personas o entre comunidades como
modo de legitimar la actuación represora de las fuerzas de seguridad.
4)La falta de cumplimiento de los compromisos adoptados por las
instituciones. El caso más emblemático lo constituyen los Acuerdos de
San Andrés firmados en 1996 entre el gobierno mexicano y el EZLN,
aplazados sucesivamente en su cumplimento hasta su definitivo desprecio
por medio de la reforma constitucional de 2001.
5)La continuidad de una cultura etnocéntrica que sigue rechazando la
igualdad entre culturas y la pacífica y provechosa coexistencia de
distintos proyectos de vida colectiva. Se da un rechazo consciente a la
construcción de espacios de autonomía indígena para así legitimar las
estrategias de asimilación y aculturación, aún hoy vigentes. Pese a las
declaraciones constitucionales, jurídica y políticamente se barra el
paso a un México verdaderamente multicultural y pluriétnico.
6)La pervivencia de un machismo enraizado que se refleja en amplios
sectores de la sociedad y que se traslada a la actuación de unas fuerzas
de seguridad y militares que son cómplices, cuando no responsables
inmediatos, de graves vulneraciones de los derechos de las mujeres. Más
allá de los feminicidios de Ciudad Juárez, sucesos como los de Atenco,
donde fueron documentadas graves agresiones sexuales en los traslados a
los centros reclusorios, así lo atestiguan.
7)La falta de independencia del Poder Judicial: las dificultades en el
acceso a los tribunales de los sectores sociales más desfavorecidos y su
uso interesado por representantes gubernamentales han provocado una
profunda desconfianza hacia la Justicia. Con frecuencia jueces y
tribunales se pliegan a las exigencias gubernamentales al decidir sin
fundamento suficiente el encarcelamiento de los líderes de
organizaciones y movimientos sociales, tanto indígenas como no
indígenas. Existen pues, en tal sentido, presos políticos.
Compromiso
Diez años después de Acteal sigue siendo necesario recordar la matanza,
sus causas y protagonistas. La tarea de evitar nuevos Acteales pasa por
la pervivencia de la lucha contra la impunidad entendida en sentido
amplio: ninguna vulneración de derechos sociales, culturales,
económicos, políticos y civiles debería quedar sin respuesta. Por ello,
la CCIODH interpela a todos los actores sociales y políticos, tanto
mexicanos como internacionales, a que ejerzan una función activa de
control y supervisión de la actuación de los poderes tanto públicos como
privados. En este sentido, la Comisión hace público su compromiso de
mantenimiento de la labor de observación civil iniciada hacer ya cerca
de diez años.
Octubre de 2007
--
Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelona
tel: 34-93-5113966
fax: 34-93-3290858
email: cciodh@???
http://cciodh.pangea.org
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