----- Mensaje reenviado de gustavoe@??? -----
Fecha: Sat, 28 Jul 2007 14:55:05 -0500
De: gustavoe@???
Responder-A: avecritica@???
Asunto: [avecritica] PERU: EL SILENCIO SUENA MAS QUE LAS PALABRAS
Para: felapperu@???, emurrugarraf@???,
avecritica@???, vera.ernesto@???
Cc: alatina@???, daysi64@???, pebochi@???,
fannypizquierdo@???
PERU:
EL SILENCIO SUENA MAS QUE LA PALABRA
Por GUSTAVO ESPINOZA M. (*)
El extenso mensaje a la Nación presentado al mediodía de hoy
con motivo de las Fiestas Patrias ante el Congreso de la
Republica, permitió recordar algo que desde hace un buen
tiempo suele decirse en la política peruana: más importante fue
lo que calló, que lo que dijo. Otra vez, el silencio sonó más que
las palabras.
Más de dos horas de retórica vacua servirá sin duda para que
los allegados al régimen ensayen análisis de uno u otro signo
para cimentar un triunfalismo inconsistente; pero no podrán ir
muy lejos, porque más allá del ruido que genera el verbo, no
hubo en la alocución presidencial nada particularmente
trascendente. Todo se limitó a dar rienda suelta a la
imaginación diseñando lo que podría ser el futuro del Perú, y
hacer un ejercicio de memoria para citar obras pequeñas de
corte más bien burocrático y administrativo. El silencio reinó,
una vez más, en los temas cardinales de la vida nacional.
El Presidente García no dijo por ejemplo si cobrará las sobre
ganancias a los consorcios mineros que han quintuplicado sus
utilidades bajo su gestión gubernativa. Tampoco aludió al
Tratado de Libre Comercio, que espera servilmente sea
ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. No se ocupo
de la agricultura, ni de la ausencia de ayuda a los productores
agrarios. Ni de la educación y las escuelas rurales. No hubo
una palabra en torno a la extradición de Fujimori, ni a la lucha
contra la impunidad, la corrupción y la Mafia, que hoy campean
a la sombra del régimen aprista.
No habló de los Derechos Humanos, ni de los más de veinte
peruanos que cayeron abatidos en las protestas sociales
ocurridas aquí en los últimos dos meses. Tampoco se refirió a
la necesidad de corregir los rumbos autoritarios y agresivos
diseñados por él mismo en los doce meses de gestión que hoy
culminan. Menos, a los gobiernos regionales, ni a la necesidad
de concertar con ellos esfuerzos reales orientados a enfrentar
los retos que agobian a los peruanos.
No aludió a los trabajadores, ni a los derechos laborales
conculcados; ni a las poblaciones que recientemente se alzaron
en Paros y Movilizaciones activas contra el atraso y la miseria.
Y no dio garantía alguna a la población en una circunstancia en
la que, todo indica, se iniciará un periodo de represión
desenfrenada contra quienes tomen distancia del oficialismo o
se opongan a sus designios.
Lo silencios pesaron, entonces mucho más que las palabras en
una circunstancia en la que resultaba indispensable un
mensaje claro y definido. La decepción, sin duda, dará paso al
razonamiento de los peruanos apenas acabe el artificio de las
palabras y la pirotecnia verbal de las promesas.
Existe en el Perú una grave crisis en los más diversos órdenes.
No se trata sólo del incremento de la producción, o del
crecimiento de la economía, sino de una lacerante realidad que
deriva de la miseria que envuelve a millones de peruanos. No
es un secreto, por cierto, que el clima de bonanza del que se
ufana el oficialismo beneficia a un segmento muy pequeño y
privilegiado de la sociedad, en tanto que la mayoría de los
peruanos viven tan solo sometidos a los indicadores más
negativos de la economía. Y tampoco es un secreto que crecen
las distancias entre los núcleos prósperos de la sociedad
urbana y el mundo rural en la que habita más del 60% de los
peruanos.
Mientras unos se benefician de los adelantos de la tecnología y
el desarrollo, los otros carecen de los recursos más
elementales para hacer frente a las necesidades básicas. La
falta de agua, luz y otros servicios indispensables afectan
severamente a más de 14 millones de peruanos en tanto que
los temas de la salud, la atención sanitaria, los desniveles de la
educación, y la pobreza, arrasan a las poblaciones más
pauperizadas que sufren de manera directa la imposición del
"modelo" del que se ufana el régimen.
Esta crisis está en la base de los enfrentamientos sociales. Y
ante ellos, el gobierno no tiene respuesta. Los silencia entonces
en el discurso oficial quizá haciéndose a la idea que de ese
modo, simplemente dejarán de existir. Y los reprime por la
fuerza cuando levantan cabeza para importunar el opíparo
banquete de la clase dominante.
No otro sentido tiene el conjunto de disposiciones legales
recientemente dictadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de
las "facultades delegadas" por el Congreso Nacional para
legislar en materia de violencia, terrorismo y narco tráfico; y a
las que aludió el Presidente García de un modo sesgado,
tangencial y mentiroso en sus discurso ante el Congreso.
El sustento de estas disposiciones, gruesamente
inconstitucionales, se fundamenta en la necesidad de combatir
la inestabilidad social que afecta la vida de los peruanos; pero
ciertamente se orienta a combatir las expresiones de ella, pero
no las causas. Cualquier curandero de pueblo podría asegurar
que así se trata la fiebre, pero no la infección que la produce.
Lo real es que estas disposiciones constituyen el prolegómeno
de una crisis política que se expresará en el marco de la
agudización de la lucha de clases, cuando el núcleo
gobernante resuelve desmantelar por la fuerza la creciente
resistencia popular a sus designios.
Eso es lo que explica, por ejemplo, que en la nueva disposición
se garantice la impunidad más absoluta para los efectivos
militares o policiales que hagan uso de sus armas de fuego
para enfrentar a poblaciones civiles, una suerte de "licencia
para matar" que encubre el régimen arguyendo apenas a la
necesidad de "poner orden" y "afirmar la autoridad" en el país.
Está demás decir, en ese marco, que si la citada disposición
hubiese estado vigente en los veinte últimos años del siglo
pasado -entre 1980 y el año 2000- el número de muertos y
desaparecidos se hubiese multiplicado, y la impunidad habría
campeado aún con mucho más soltura.
Pero no se trata tan sólo de criterios autoritarios, sino también
de una perversa y cínica interpretación de la ley lo que busca
imponer el régimen aprista. Eso se evidencia con la nueva
norma que alude a la participación de autoridades en los
conflictos sociales.
La propaganda habla del articulo 42 de la Constitución del
Estado que reconoce el derecho de huelga a los ciudadanos,
salvo a las autoridades de alto nivel; pero oculta que aquí nos
se está peleando porque esos ciudadanos tengan, o no,
derecho a huelga; sino porque la realidad muestra que las
movilizaciones sociales resultan indispensables para que los
pueblos se hagan oír, y que la presencia en ellas de
parlamentarios o dirigentes de gobiernos regionales o locales
juega un papel significativo en la atención de las peticiones que
se planteen. Y es esa presencia en marchas, mítines y
movilizaciones sociales lo que el gobierno busca impedir a
cualquier costo porque prefiere funcionarios sumisos y serviles
que den la espalda a las demandas populares.
Si se toma en cuenta que en las elecciones de gobiernos
regionales ocurridas en noviembre del año pasado, el APRA
apenas ganó en tres de las 24 regiones existentes en el país;
se tendrá en claro el hecho que lo que busca ahora el
oficialismo con esta medida, es destituir a las autoridades
regionales para reemplazarlas más adelante con los suyos. Y la
misma lógica funciona para el caso de los parlamentarios dado
que el partido del gobierno tiene sólo 36 de los 120 cupos del
Poder Legislativo.
¿Cómo administrar el aparato del estado en el marco de una
crisis sin tener en las manos todos los resortes del Poder? ¿Y
cómo hacerlo apoyándose tan sólo en la Mafia fujimorista
responsable en buena medida del desgobierno social? Esa es
la preocupación de García que ha eludido también en su
mensaje de Fiestas Patrias abordar el tema; quizá porque ha
tenido miedo y vergüenza de confesar que optará por la
represión más desenfrenada, haciendo uso de los mecanismos
de terror que en el pasado sirvieron para combatir a su propio
partido y sus compañeros. (fin)
(*) Del Colectivo de Nuestra Bandera.
www.nuestra-bandera.com
----- Terminar mensaje reenviado -----
--
¿Que es el IIRSA? ¿Te lo has preguntado?
PERU:
EL SILENCIO SUENA MAS QUE LA PALABRA
Por GUSTAVO ESPINOZA M. (*)
El extenso mensaje a la Nación presentado al mediodía de hoy
con motivo de las Fiestas Patrias ante el Congreso de la
Republica, permitió recordar algo que desde hace un buen
tiempo suele decirse en la política peruana: más importante fue
lo que calló, que lo que dijo. Otra vez, el silencio sonó más que
las palabras.
Más de dos horas de retórica vacua servirá sin duda para que
los allegados al régimen ensayen análisis de uno u otro signo
para cimentar un triunfalismo inconsistente; pero no podrán ir
muy lejos, porque más allá del ruido que genera el verbo, no
hubo en la alocución presidencial nada particularmente
trascendente. Todo se limitó a dar rienda suelta a la
imaginación diseñando lo que podría ser el futuro del Perú, y
hacer un ejercicio de memoria para citar obras pequeñas de
corte más bien burocrático y administrativo. El silencio reinó,
una vez más, en los temas cardinales de la vida nacional.
El Presidente García no dijo por ejemplo si cobrará las sobre
ganancias a los consorcios mineros que han quintuplicado sus
utilidades bajo su gestión gubernativa. Tampoco aludió al
Tratado de Libre Comercio, que espera servilmente sea
ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. No se ocupo
de la agricultura, ni de la ausencia de ayuda a los productores
agrarios. Ni de la educación y las escuelas rurales. No hubo
una palabra en torno a la extradición de Fujimori, ni a la lucha
contra la impunidad, la corrupción y la Mafia, que hoy campean
a la sombra del régimen aprista.
No habló de los Derechos Humanos, ni de los más de veinte
peruanos que cayeron abatidos en las protestas sociales
ocurridas aquí en los últimos dos meses. Tampoco se refirió a
la necesidad de corregir los rumbos autoritarios y agresivos
diseñados por él mismo en los doce meses de gestión que hoy
culminan. Menos, a los gobiernos regionales, ni a la necesidad
de concertar con ellos esfuerzos reales orientados a enfrentar
los retos que agobian a los peruanos.
No aludió a los trabajadores, ni a los derechos laborales
conculcados; ni a las poblaciones que recientemente se alzaron
en Paros y Movilizaciones activas contra el atraso y la miseria.
Y no dio garantía alguna a la población en una circunstancia en
la que, todo indica, se iniciará un periodo de represión
desenfrenada contra quienes tomen distancia del oficialismo o
se opongan a sus designios.
Lo silencios pesaron, entonces mucho más que las palabras en
una circunstancia en la que resultaba indispensable un
mensaje claro y definido. La decepción, sin duda, dará paso al
razonamiento de los peruanos apenas acabe el artificio de las
palabras y la pirotecnia verbal de las promesas.
Existe en el Perú una grave crisis en los más diversos órdenes.
No se trata sólo del incremento de la producción, o del
crecimiento de la economía, sino de una lacerante realidad que
deriva de la miseria que envuelve a millones de peruanos. No
es un secreto, por cierto, que el clima de bonanza del que se
ufana el oficialismo beneficia a un segmento muy pequeño y
privilegiado de la sociedad, en tanto que la mayoría de los
peruanos viven tan solo sometidos a los indicadores más
negativos de la economía. Y tampoco es un secreto que crecen
las distancias entre los núcleos prósperos de la sociedad
urbana y el mundo rural en la que habita más del 60% de los
peruanos.
Mientras unos se benefician de los adelantos de la tecnología y
el desarrollo, los otros carecen de los recursos más
elementales para hacer frente a las necesidades básicas. La
falta de agua, luz y otros servicios indispensables afectan
severamente a más de 14 millones de peruanos en tanto que
los temas de la salud, la atención sanitaria, los desniveles de la
educación, y la pobreza, arrasan a las poblaciones más
pauperizadas que sufren de manera directa la imposición del
"modelo" del que se ufana el régimen.
Esta crisis está en la base de los enfrentamientos sociales. Y
ante ellos, el gobierno no tiene respuesta. Los silencia entonces
en el discurso oficial quizá haciéndose a la idea que de ese
modo, simplemente dejarán de existir. Y los reprime por la
fuerza cuando levantan cabeza para importunar el opíparo
banquete de la clase dominante.
No otro sentido tiene el conjunto de disposiciones legales
recientemente dictadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de
las "facultades delegadas" por el Congreso Nacional para
legislar en materia de violencia, terrorismo y narco tráfico; y a
las que aludió el Presidente García de un modo sesgado,
tangencial y mentiroso en sus discurso ante el Congreso.
El sustento de estas disposiciones, gruesamente
inconstitucionales, se fundamenta en la necesidad de combatir
la inestabilidad social que afecta la vida de los peruanos; pero
ciertamente se orienta a combatir las expresiones de ella, pero
no las causas. Cualquier curandero de pueblo podría asegurar
que así se trata la fiebre, pero no la infección que la produce.
Lo real es que estas disposiciones constituyen el prolegómeno
de una crisis política que se expresará en el marco de la
agudización de la lucha de clases, cuando el núcleo
gobernante resuelve desmantelar por la fuerza la creciente
resistencia popular a sus designios.
Eso es lo que explica, por ejemplo, que en la nueva disposición
se garantice la impunidad más absoluta para los efectivos
militares o policiales que hagan uso de sus armas de fuego
para enfrentar a poblaciones civiles, una suerte de "licencia
para matar" que encubre el régimen arguyendo apenas a la
necesidad de "poner orden" y "afirmar la autoridad" en el país.
Está demás decir, en ese marco, que si la citada disposición
hubiese estado vigente en los veinte últimos años del siglo
pasado -entre 1980 y el año 2000- el número de muertos y
desaparecidos se hubiese multiplicado, y la impunidad habría
campeado aún con mucho más soltura.
Pero no se trata tan sólo de criterios autoritarios, sino también
de una perversa y cínica interpretación de la ley lo que busca
imponer el régimen aprista. Eso se evidencia con la nueva
norma que alude a la participación de autoridades en los
conflictos sociales.
La propaganda habla del articulo 42 de la Constitución del
Estado que reconoce el derecho de huelga a los ciudadanos,
salvo a las autoridades de alto nivel; pero oculta que aquí nos
se está peleando porque esos ciudadanos tengan, o no,
derecho a huelga; sino porque la realidad muestra que las
movilizaciones sociales resultan indispensables para que los
pueblos se hagan oír, y que la presencia en ellas de
parlamentarios o dirigentes de gobiernos regionales o locales
juega un papel significativo en la atención de las peticiones que
se planteen. Y es esa presencia en marchas, mítines y
movilizaciones sociales lo que el gobierno busca impedir a
cualquier costo porque prefiere funcionarios sumisos y serviles
que den la espalda a las demandas populares.
Si se toma en cuenta que en las elecciones de gobiernos
regionales ocurridas en noviembre del año pasado, el APRA
apenas ganó en tres de las 24 regiones existentes en el país;
se tendrá en claro el hecho que lo que busca ahora el
oficialismo con esta medida, es destituir a las autoridades
regionales para reemplazarlas más adelante con los suyos. Y la
misma lógica funciona para el caso de los parlamentarios dado
que el partido del gobierno tiene sólo 36 de los 120 cupos del
Poder Legislativo.
¿Cómo administrar el aparato del estado en el marco de una
crisis sin tener en las manos todos los resortes del Poder? ¿Y
cómo hacerlo apoyándose tan sólo en la Mafia fujimorista
responsable en buena medida del desgobierno social? Esa es
la preocupación de García que ha eludido también en su
mensaje de Fiestas Patrias abordar el tema; quizá porque ha
tenido miedo y vergüenza de confesar que optará por la
represión más desenfrenada, haciendo uso de los mecanismos
de terror que en el pasado sirvieron para combatir a su propio
partido y sus compañeros. (fin)
(*) Del Colectivo de Nuestra Bandera.
www.nuestra-bandera.com
