El puente caído en Tartagal. El gobierno de Romero. Nada de que sorprenderse.
Un poco de memoria: el 29 de diciembre del pasado año las lluvias en el norte de nuestro país comenzaron a generar estragos, llegando a derribar el puente ubicado en la localidad de Embarcación, en el Departamento de Gral. San Martín. Pasaje estratégico que como vaso conductor vinculaba a través de la ruta nacional 34 el norte de Salta con el resto de la República Argentina. En aquel momento, el derrumbe mantuvo aislados durante más de un mes a más de 200 mil personas, dejándolas en estado de absoluto desabastecimiento, y agudizando los problemas ya naturalmente crónicos de la región, como ser la carencia de energía eléctrica y de agua potable. No es casual que en estas tierras -segundas en producción de gas natural del país y proveedoras del mismo a la zona norte de Chile- los hombres y mujeres que las habitan no tienen acceso desde siempre a ninguno de estos recursos vitales.
La situación de desastre climático y crisis social causada por el desequilibrio del ecosistema de la región se tornó insostenible. A principios del mes de enero comerciantes, desocupados y personal de hospitales, entre otros, realizaron asambleas y manifestaciones en pos de exigir una solución inmediata. El 24 de enero la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi solicitó una reunión con Walter Wayar, vicegobernador de la Provincia de Salta, aprovechando su presencia en Tartagal. La finalidad de la misma era obtener autorización para el montaje de un puente alternativo diseñado por la propia oficina técnica de la UTD, (que entre otras cosas tiene a su cargo la planificación y construcción de cientos de viviendas), haciéndose cargo voluntariamente de todo el trabajo y proponiendo que las multinacionales petroleras -directamente relacionadas con la alteración climática- asuman los costos materiales de dicha obra de infraestructura. No hubo voluntad política
del vicegobernador para tal reunión. Sí hubo represión: balas de goma, gases lacrimógenos y un saldo de 26 detenidos.
Semanas después, las lluvias cesaron y el ejercito instaló el denominado puente Bailey. Sin embargo, la naturaleza dio tregua sólo hasta el 18 de enero, cuando volvieron las lluvias derrumbando el puente provisorio.
Esta comprobado técnicamente que tal desastre natural es el efecto del accionar de las multinacionales que deforestan indiscriminadamente las Yungas salteño-bolivianas, barreras naturales contra las fuertes lluvias típicas del clima de la región. Las aguas de las vertientes de los cerros en el verano no encuentran contención cayendo directo al suelo, erosionándolo, y a los ríos, modificando y multiplicando sus cauces hasta hacerlos desbordar. Las consecuencias lógicas son grandes inundaciones en ciudades sin desagües pluviales y con pocas calles pavimentadas, cientos de familias evacuadas, destrucción de viviendas y proyectos de vida e incluso el derrumbe del puente de hormigón y del puente Bailey. Todo esto con el fin de cosechar soja transgénica y lucrar con las cuantiosas ganancias que hoy día genera este negocio.
Obviamente, detrás de esto hay una decisión política que avala, resguarda y vela por estos intereses económicos. No es un problema de la naturaleza. Es un problema político.
El Gobierno de Juan Carlos Romero, los intereses económicos del empresariado y las multinacionales conforman un complejo entramado que digita las políticas públicas de acuerdo a sus conveniencias. Esto es totalmente coherente con la lógica del capitalismo, el cuál adecua, entre otras cosas, las estructuras estatales a su necesidad.
Como correlato, el aparato represor de Romero no tiene freno. El 24 de marzo último, mientras en todo el país se repudiaba y recordaba los 30 años del Golpe de Estado y sus mecanismos de terror, la Policía de Salta asesinaba en la comisaría de Gral. Mosconi a Marcelo Castillo, un joven de 24 años integrante de una de las cooperativas de vivienda de la UTD. Como si esto fuera poco, a finales del mes de abril fuerzas policiales detuvieron en la localidad de Aguaray a estudiantes y maestros de primaria, incluida la propia directora de la Escuela, cuando estaban realizando un corte de acceso a la empresa Panamerican Energy solicitando la instalación de luz y agua potable para todo el paraje que habitan. Ese mismo día, en el paraje de Madrejones, desocupados del MTD de Salvador Mazza que bloqueaban las puertas de entrada a Tec Petrol en respuesta a un pedido de puestos de trabajo a la empresa norteamericana HP fueron reprimidos brutalmente por la infantería de la provincia,
poniendo incluso la empresa a disposición de los efectivos vehículos de su propiedad para realizar las detenciones y traslados. También en la localidad de Embarcación tres niños de entre 8 y 13 años fueron apresados bajo el cargo de amenaza en patota con arma blanca, a pesar de que al ser requisados solo se les encontró en su poder algunas bolillas con las que estaban jugando. En los tres casos, las personas detenidas (muchas de ellas menores de edad) estuvieron incomunicadas durante varios días.
Lamentablemente, lo que viene sucediendo en la provincia de Salta no es un exabrupto de la naturaleza o de un policía: es producto de la política de Estado que lleva adelante Juan Carlos Romero hace más de 10 años, uno de los mejores alumnos del neoliberalismo en nuestro país, y fiel compañero de fórmula presidencial de Carlos Saúl Menem en el año 2003.
Diez años de Romero nos dejan como saldo 6 asesinatos impunes; mas de 200 heridos con balas de plomo; más de 1200 salteños con causas/contravenciones; más de 80 causas judiciales sobre José Pepino Fernández (referente de la UTD de Gral. Mosconi); y más de 200 familias evacuadas con sus viviendas totalmente destruidas.
¿Y el gobierno nacional? ¿Y Kirchner?
El actual presidente, paladín de los derechos humanos de ayer, lejos de intervenir la provincia de Salta y desarrollar una investigación seria, necesaria para la toma de medidas de fondo frente al desempeño de las multinacionales en estas regiones que explotan nuestros recursos, no propicia desde el estado nacional ningún tipo de control ni regulación. Posicionamiento que genera en el corto plazo pobreza, hambre, enfermedades, desocupación y alteraciones de todo tipo en el medio ambiente.
Sabida es la vinculación histórica de Néstor y Cristina con el gran negocio de las petroleras en la Argentina. Sólo basta recordar que la del actual presidente fue la primera mano en levantarse en el recinto del Congreso votando a favor de la privatización de YPF. De allí en más el enriquecimiento acelerado, dentro de las cuestiones que trascendieron, surge como producto del porcentaje recibido por la conocida Ley de Coparticipación Federal, de la cual la provincia de Santa Cruz ha sido altamente beneficiada, como así también de las regalías petroleras.
Es necesario considerar históricamente los hechos que denunciamos, pues en ese sentido Kirchner como gobernador de Santa Cruz no debería pensarse por fuera de lo que implicó el menemismo para la Argentina. Su gestión como gobernador fue de vital importancia, ya que fue uno de los cómplices provinciales que mejor supo garantizar las condiciones necesarias para su implementación, al igual que Juan Carlos Romero en Salta.
En este marco resulta importante añadir que la actual militarización de Las Heras encuentra relación directa con los sucesos de junio del 2001 en Gral. Mosconi y Tartagal, ya que el mismo grupo de gendarmería -con francotiradores incluidos- que hoy se encuentra en la localidad santacruceña efectuando detenciones y apremios ilegales, es el que en su momento participó de los operativos represivos en Salta, dejando un saldo de cinco muertos y doscientos heridos de bala de plomo.
Néstor Kirchner evade la responsabilidad política que le corresponde frente a semejante situación, al tiempo que se reúne con Juan Carlos Romero y promete inversiones en infraestructura para ayudar a los inundados. Son éstas medidas paliativas que, aunque necesarias, corren el eje de la cuestión, enfatizando sobre la catástrofe climática y soslayando el punto neurálgico de un proceso que se viene desarrollando hace por lo menos veinte años, cuyo detonante principal es el método de extracción y explotación de los recursos naturales de una de las zonas más ricas en biodiversidad de nuestro país. En este contexto ¿No resulta la salida fácil echarle la culpa a la naturaleza?...
Asamblea de Angel Gallargo y Corrientes
Asamblea Interclaustros de Ciencia Política
Colectivo La Rabia
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
Grupo Usucapión
Grupo de Trabajo Barrial Ñande Retá
Unión de Trabajadores Piqueteros (UTP)
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